Buscando aportar competitividad y sanear el transporte de carga marítimo, el Gobierno tomó una serie de medidas para desregular el mercado de cabotaje.
Este miércoles, publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia DNU 340/25, el cual modificó, entre otras cosas, la habilitación para operar con matrícula argentina a buques extranjeros, ante lo cual los operadores locales podrán tomar banderas a conveniencia.
En este marco, también se flexibilizó la composición de la tripulación, se extendió el período para que buques internacionales hagan cabotaje y se redujeron restricciones para reparar e inscribir buques.
El cambio, establece la norma, busca “adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”.
Según se advierte, en el sector “persisten regímenes que por excesivos o insuficientes obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en un incremento de costos significativos en ese sector”, ante lo cual “la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer”.
Servicio esencial
Es por esta razón que la norma establece un “Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” y declara como “servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.
En su cuenta de la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “El DNU 340/25 con firma de Javier Milei rescata el espíritu constitucional” citando el artículo 26 de la Constitución Nacional en el que se establece que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
El funcionario recordó que “la dotación del barco necesitaba un acuerdo del sindicato”, señalando que “era común la extorsión antes de zarpar”, lo que con la nueva normativa se modificó ya que “ahora la dotación la elige el armador, que es quien opera la nave e invirtió en ella eliminando sobrecostos inútiles (esto sin perjuicio de la facultad de la autoridad pública competente (PNA) de establecer la dotación mínima de seguridad)”.
A su vez, especificó que “se amplía de 30 a 60 días el plazo por el que los buques de tráfico internacional puedan hacer tráfico de cabotaje permitiendo un mayor flujo de tránsito con buques extranjeros” y remarcó que “es insólito que ¡hoy las mercaderías de Tierra del Fuego, por ejemplo, viajan al continente en camión!”.
