La escalada generalizada de precios habilitada por la liberalización de regulaciones que se desató desde la segunda quincena de diciembre incluyó a casi todos los bienes y servicios; pero dejó fuera a las variables económicas más sensibles para la mayoría de los argentinos: salarios y jubilaciones.
Convertidos hasta ahora casi en soledad en las principales “anclas” para detener la inflación, los ingresos de trabajadores y pasivos, que ya venían muy castigados, terminaron de desplomarse sobre el cierre del año.
La magnitud de la baja promete asestar un golpe durísimo al consumo interno privado, rueda que explica el 70% del PIB. Las estimaciones de distintas consultoras (Scentia, PxQ, Euilibra) cifran su caída entre el –5% y –8%, y la del PIB en torno al -4%. Este efecto es incluso anticipado por el Gobierno nacional, cuya expectativa es que la recesión frene la escalada inflacionaria. Pero, ¿a qué costo social?
El pagado por trabajadores, pasivos y beneficiarios de planes de asistencia hasta diciembre ya es altísimo. Aunque el Indec develará el índice oficial de inflación de diciembre el 11 de enero, en Córdoba otras mediciones ya comenzaron a poner número al salto: la canasta de alimentos estimada cada mes por La Voz acusó un incremento promedio del 43% en los precios en diciembre.
El ajuste en los precios
La medición regular realizada por el Centro de Almaceneros cifró la suba de la canasta básica total (alimentos más gastos esenciales) en 30,4% y la de alimentos en 37,1%.
Se trata de un respingo que dejó atrás definitivamente a los ingresos. Distintas estimaciones realizadas por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) a pedido de La Voz permiten poner números a ese deterioro en Córdoba.
Idesa aplicó proyecciones al cruce de datos del Ministerio de Trabajo, Anses, Indec y la Dirección de Estadísticas de Córdoba, y calculó cuánto poder de compra perdieron los ingresos en los últimos cinco meses –julio a diciembre– de cuatro grupos representativos en la población local. Se trazaron dos escenarios: uno “conservador”, con una inflación medida por el Indec de 25% en diciembre; y otro más pesimista, con inflación de 35%. Vale destacar que los índices privados antes citados anticipan que la suba de precios no estará debajo del 30%.
Pasando a los grupos según su ingreso, el primero de los analizados es el de los asalariados formales, el 33% de la población ocupada que tiene mejor calidad de empleo. Si la inflación marca 25% en diciembre, habrán perdido un 12% de poder de compra en cinco meses; si marca el 35%, el “mordiscazo” a su sueldo será del 18%.
Los desplomes serían aún más dramáticos en el resto del mercado laboral: trabajadores informales (29% de los ocupados) y cuentapropistas (otro 28,8%).
Las estadísticas oficiales (EPH) vienen mostrando en 2023 que sus ingresos retroceden casi el doble que los de sus pares registrados y en relación de dependencia, asistidos en la carrera inflacionaria por el amparo –aunque heterogéneo– de las paritarias.
Mucha más vulnerable aún se presenta a situación de otros tres grupos: jubilados nacionales (son más de 492.000), beneficiarios de Asignación Universal Por Hijo – AUH (suman 318.000, según el dato oficial de 2022) y titulares de planes Potenciar Trabajo (más de 47.700, según la última cifra informada en 2022).
Evolución de la capacidad adquisitiva
Los tres grupos habrán cerrado 2023 perdiendo casi un tercio de sus ingresos: 24% en un escenario de inflación del 25%; y una merma de poder de compra de 29% a 30% si la suba de precios promedia el 35%.
“Se trata de pérdidas cuantiosas en todos los casos, sobre todo si se considera que los ingresos ya venían en un proceso de retroceso. Para ilustrar, y separando las pérdidas que hubo en los últimos años, se observa que las previstas para 2023 bajo escenario conservador superarían a las de años previos; incluso a las derivadas de la devaluación de 2018″, destacó Patricio Canalis, economista de Idesa.
En el caso de los jubilados, vale mencionar que el cálculo no computa el pago de bonos adicionales. El Gobierno nacional confirmó en estos últimos días que en enero –desde el 9– se pagará una ayuda de 55 mil pesos para los que cobran la mínima de 105.712,61, el grupo mayoritario. Para los que perciben más, el suplemento se liquidará en una escala proporcional hasta alcanzar el tope de $ 160.712,61.
Por otra parte, la decision oficial es derogar la fórmula automática de actualización de las jubilaciones (lo incluyó en el proyecto de ley “ómnibus”) para pasar a subas discrecionales dispuestas por el Ejecutivo.
Por su parte, la AUH tendrá en enero un incremento del 100%: pasará de $ 20.661 a $ 41.322. Sobre los planes de empleo, en tanto, no se prevén subas.
Pasar el verano, esa es la cuestión
Si en diciembre los ingresos de todos estos grupos cayeron derrotados frente a la inflación, nada hace suponer que corran mejor suerte en el corto plazo. La gran pregunta es cómo se comportarán los precios esos meses.
Estimaciones privadas anticipan un enero de alta inflación, por la propia dinámica que llevan los precios y porque hay aumentos confirmados en el horizonte, como la suba de los servicios potenciada por el recorte de subsidios.
Incluso para los asalariados formales es difícil pensar que las paritarias lograrán proteger sueldos de semejante aluvión de incrementos.
“La reacción nominal que empata la inflación implicaría gremios pidiendo aumentos del 30% o 40%. No veo un escenario para que eso se generalice. Menos aún con la economía entrando en recesión y apretando sobre el empleo”, anticipó días atrás en una charla ante empresarios el economista Emanuel Álvarez Agis, fundador de la consultora PxQ y viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015.
“El Gobierno dice que el ancla es fiscal, pero eso es un paso intermedio para imponer un ancla salarial. Por ejemplo: si se para la obra pública, a la Uocra le aprieta el zapato y no sale a pedir 40% de aumento. El esquema que armaron no compatibiliza con una paritaria que copia a la inflación, sino que supone que los salarios son el ancla para detenerla”, analizó.
La consultora Equilibra, por ejemplo, estima que durante 2024 la caída del salario real será del 9%.
El cuadro social se hace aún más crítico al tener en cuenta el desgaste con el que la gran mayoría de la población ingresó a este escenario, tras años de inflación en suba.
Un cálculo de Idesa sobre datos de la EPH señala que los hogares cordobeses perdieron un 19% de sus ingresos entre el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2023, la antesala del desplome que se produjo al cierre del año.
El gasto en los hogares se hace “básico” y desafía a las empresas
“Una pelea de todos contra todos”. Así será, en palabras del especialista en consumo Guillermo Oliveto, la disputa en la que ya deben zambullirse las empresas que venden bienes y servicios en el mercado interno.
Sucede que en paralelo a la caída generalizada de poder adquisitivo, avanza en los hogares –en especial de sectores medios– una drástica reasignación del gasto. Por ejemplo, la escala de los precios del combustible y la medicina prepaga (40% en diciembre y, en caso de algunas empresas, otro 40% anunciado en enero) anticipa un mayor peso de esos rubros en la economía familiar.
La nafta subió 74% desde el 14 de diciembre pasado. Con el litro de súper encima de los $ 800, el gasto mensual tipo de una familia que utiliza un auto para asistir al trabajo y llevar chicos al colegio puede llegar a los 160 mil pesos mensuales sólo en combustible. Si vive en el Gran Córdoba y trabaja en la ciudad, se suma el impacto de los peajes, que subirán 66% desde enero: 40 pasadas a $ 500 con descuento por frecuencia implican unos $ 16.600 pesos.
Basta poner esas cifras en relación al salario promedio de los asalariados formales privados en Córdoba, para dar cuenta de la mayor tajada que insumirán: según una estimación de Idesa sobre datos oficiales, el haber fue de $ 508.878 en diciembre. Proyectado sobre eso, el gasto en transporte se lleva más de un tercio, el doble del promedio nacional medido por el Indec entre las familias argentinas (14,3%, datos hasta 2018).
Los hogares de menores ingresos tienen mucho menor margen para asimilar esa reconfiguración. El relevamiento de diciembre del Centro de Almaceneros de Córdoba señala que casi 8 de cada 10 familias locales (78%) destinan la mitad o más de sus ingresos mensuales a comprar comida; y hay un 22% que usa más del 70% de los pesos que reúne.
El salto inflacionario de diciembre se tradujo en reducción de ingesta: “Los negocios de cercanía son testigos de que muchos consumidores directamente suspendieron algunas de las comidas. Ya cambiaron de marca, agotaron el fiado y redujeron porciones, pero ahora incluso así no les alcanza”, describió Germán Romero, presidente de la entidad.
Y agregó: “Ese deterioro se tradujo en una baja de las ventas de los almacenes del 21,8% interanual; la mayor en muchos años”.
El relevamiento de diciembre de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) también arrojó la mayor baja interanual en venta de alimentos en muchos años, en un mes el que suele marcar un pico: 12,6%.
La conjunción de baja de poder adquisitivo con disparada de los precios de los alimentos y de los servicios esenciales anticipa un 2024 muy complicado para la venta de bienes durables. Ya en diciembre, Fedecom detectó un desplome del 11,7% en el consumo de electrodomésticos y artículos electrónicos.
