- Ante la calma del dólar, el Banco Central anunció algunos cambios.
- Se elevó de un millón a dos millones de dólares los vencimientos mensuales que deben ser reprogramados, entre otros puntos.
El Banco Central decidió extender hasta fin de 2021 la decisión de obligar a unas cuarenta empresas a reestructurar su deuda bajo legislación extranjera, pero anunció una “flexibilización” de los requisitos exigidos para las compañías que tienen vencimientos de hasta dos millones de dólares por mes.
El directorio del entidad rectora resolvió extender hasta fin de año el punto 7 de la comunicación A7106, introduciendo flexibilizaciones para que las empresas lleven adelante sus procesos de desendeudamiento en moneda extranjera en curso, a un ritmo que resulte “compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”.
Las restricciones habían sido puestas en marcha el 15 de septiembre de 2020 en medio de un recrudecimiento de la crisis cambiaria. Ahora, en medio de la calma que impera en el mercado cambiario, se definieron algunas modificaciones, pero lejos se está de que el gobierno de Alberto Férnandez levante el cepo.
El punto 7 de la Comunicación A7106, que vence el 31 de marzo, se extenderá hasta el 31 de diciembre. La decisión se tomó con antelación para que las empresas puedan encarar sus programas de reestructuración, dentro del lineamiento que permite acceder al mercado de cambio por el 40% del vencimiento y el resto del capital refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de dos años.
En la primera etapa, ninguna empresa del conjunto de cuarenta alcanzadas tuvo dificultades para cumplir con el pedido del Banco Central, dijo la autoridad monetaria en un comunicado difundido a la prensa días después de que YPF cerrara un canje por 6.200 millones de dólares para el que tuvo complejas dificultades por el cepo cambiario.
Las flexibilizaciones
El directorio del BCRA resolvió introducir nuevas flexibilizaciones, acordes con la mejor disponibilidad de divisas y como paso de transición hasta la liberación total, para que este año logren exitosamente la reestructuración las 35 empresas alcanzadas.
Con estas nuevas medidas, se eleva de un millón a dos millones de dólares los vencimientos mensuales que deben ser reprogramados y libera de esa obligación a las empresas que a lo largo de 2020 hayan reestructurado sus deudas bajo la misma indicación del Banco Central y que este año enfrenten vencimientos de esas reprogramaciones.
Tampoco están alcanzados los vencimientos de los nuevos desembolsos de préstamos ingresados a partir de 2020, se informó.
Para “facilitar el proceso” que, a criterio de la autoridad monetaria, se viene desarrollando “en forma exitosa”, el Central permitió que las empresas puedan acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 45 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras.
También pueden acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda, se informó.
Además, pueden aplicar el cobro de divisas por exportaciones de bienes y servicios para cancelar capital e intereses de deudas reestructuradas. Ese mismo beneficio está disponible para la nueva deuda o las inversiones directas.
En el mismo sentido, la última medida tomada por el Banco Central facilitó a las empresas exportadoras que emitan obligaciones negociables (ON) en el exterior, a que una cuarta parte pueda ser suscripta por personas jurídicas que tienen dólares depositados en el país.
La autoridad monetaria que lidera Miguel Angel Pesce dijo que el proceso de endeudamiento externo en el período de diciembre de 2015 a diciembre de 2019 alcanzó también a las empresas del sector privado, que incrementaron en 19.000 millones de dólares sus deudas con el exterior.
Y dijo que las medidas tomadas por el Central permiten “darle sostenibilidad” al proceso encarado por esas empresas para desendeudarse, en el marco de la disponibilidad de divisas para garantizar el normal funcionamiento de la actividad económica.
