Lograr superávit fiscal, después de años de desequilibrios, es un avance muy relevante. En un país con una larga historia de cuentas públicas en “rojo”, cerrar el resultado financiero representa una corrección estructural postergada por décadas.
El orden fiscal cumple un rol clave en el programa económico, cuya meta principal es desacelerar la inflación. Aunque el nivel general de precios sigue siendo alto, el ritmo mensual viene bajando de manera consistente. El superávit fue un factor central para eliminar el combustible que alimenta la inflación: la emisión monetaria.
Por lo tanto, corregir el déficit fiscal crónico es condición necesaria para salir de la decadencia, pero si no se abordan los crónicos déficits de gestión, el equilibrio fiscal no es sostenible.
Un sector público mal organizado y administrado lleva a ineficiencias que conspiran contra la posibilidad de un crecimiento sostenido. Ahí aparece un problema que el Gobierno aún no logra resolver.
El caso Andis: cuando el control sin gestión termina mal
Un ejemplo muy ilustrativo y concreto de los déficits de gestión es lo que ocurrió recientemente con las pensiones por discapacidad. El Gobierno impulsó una auditoría a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con el objetivo de revisar el padrón de beneficiarios.
La idea no era desacertada: identificar posibles irregularidades es parte de una administración responsable. Pero la forma en que se llevó a cabo fue muy rudimentaria.
Se enviaron citaciones en masa, sin criterios estratégicos. Personas con discapacidad severa fueron convocadas sin información precisa, en algunos casos lejos de sus domicilios y con muy poco margen para organizarse.
Hubo largas esperas, trámites duplicados y suspensiones arbitrarias. El impacto fue especialmente duro para quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Ante las previsibles críticas, el Gobierno decidió frenar el proceso.
Lo paradójico es que no es la primera vez que ocurre algo así. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Ministerio de Desarrollo Social también inició un proceso de auditoría de pensiones por invalidez, con el objetivo de depurar el padrón.
La metodología utilizada fue similar: decisiones administrativas tomadas de forma masiva e indiscriminada, sin focalizar, sin instancias claras de revisión y con una lógica burocrática que terminó afectando a personas que cumplían con los requisitos legales.
Con procedimientos rudimentarios, esa auditoría llevó a dar de baja a más de 70 mil pensiones sin una evaluación individualizada. La reacción social fue inmediata y, frente al costo político, el Gobierno debió retroceder y reactivar muchas de las prestaciones anuladas.
El problema no fue la auditoría en sí, sino la forma en que se aplicó: sin criterio, sin gestión y sin cuidado.
Que la administración actual repita ese mismo esquema, años después y con plena conciencia del antecedente, es una señal de alarma.
El diagnóstico es correcto —es necesario controlar y evitar abusos—, pero, si la implementación falla, no sólo se castiga a quienes no deben ser castigados, también se debilita la legitimidad de cualquier política de ordenamiento.
Las denuncias por errores en las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez surgieron en paralelo al escándalo de la Andis, en el que también aparecieron acusaciones de corrupción.
Lo que agrava la situación no es sólo la sospecha en sí, sino el hecho de que afecta directamente a un espacio político que fue votado para combatir estas prácticas.
La mayor polémica no es que haya irregularidades, sino que el oficialismo no haya logrado erradicarlas y, además, esté bajo sospecha de haberlas capitalizado.
Más allá del escándalo específico, la corrupción es también una expresión clara de mala gestión. No es un fenómeno marginal dentro del Estado, sino el resultado directo de su opacidad, de su desorganización y de su debilidad institucional.
Donde no hay reglas claras ni controles eficaces o procesos transparentes hay margen para la discrecionalidad y los desvíos. Y cuando eso se vuelve estructural, termina siendo parte del sistema.
La arista más trascendental y desmotivante es la naturalización del problema. Que un proveedor deba pagar una coima para trabajar con el Estado parece asumido como parte de las reglas del juego. Ya no se discute si existe corrupción, sino cuánto cuesta, quién la cobra y cómo se reparte.
Esa aceptación tácita –que la corrupción es inherente al funcionamiento del sector público– es uno de los factores más corrosivos para cualquier intento de transformación institucional.
Sin buena gestión, no hay superávit que se sostenga
La idea de achicar el Estado ha ganado terreno por la frustración acumulada con una burocracia que complica la vida de la gente y por el hartazgo que genera la alta y persistente inflación. Pero recortar sin rediseñar e incorporar nuevos estilos de gestión es insuficiente.
La experiencia internacional muestra que el tamaño del Estado no es lo único que importa: lo decisivo es cómo funciona. Y para que funcione, se necesita, más que voluntad, capacidad técnica, sistemas eficientes, equipos profesionales y un enfoque que ponga al ciudadano en el centro.
Para sostener el superávit fiscal y generar condiciones para el crecimiento, es imprescindible un sector público que no desperdicie recursos, que no maltrate a sus ciudadanos y que sea transparente.
Estos son los motivos que obligan a poner como prioridad el aumento de la calidad de la gestión pública. Sin un Estado más eficiente y transparente, los logros económicos quedarán a mitad de camino.
El Gobierno ha demostrado que tiene convicción y decisión para ajustar las cuentas. Pero hasta ahora está subestimando la importancia de administrar con eficiencia y transparencia.
El caso de la Andis no debería ser asumido como un hecho excepcional, sino como una evidencia de que urge darle la atención y la prioridad que merece la gestión pública.
No hacerlo implica no sólo complicar el programa económico, sino también asumir los riesgos de que estallen situaciones análogas en otros organismos del Estado.
*Economista, coordinadora de Idesa.
