El Gobierno nacional anunció que ampliará la oferta en el rubro de telecomunicaciones poniendo a disposición del mercado los 100 MHz de espectro que tenía reservado el Estado nacional a su compañía Arsat para comunicaciones móviles y que no estaba utilizando.
También hará lo mismo con los 50 MHz controlados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La idea oficial es privatizar estos espectros para que sean utilizadas para el despliegue del servicio de 5G para “alentar una mayor competencia entre las empresas del sector”.
La noticia la anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el marco de la misma conferencia donde se anunció la eliminación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
Cabe recordar que los 100 MHz en manos de la Arsat fueron reservados en 2012 por la administración de Cristina Fernández para crear una empresa de telefonía móvil estatal que compitiera con el resto de las empresas de telecomunicación privadas. Finalmente, la empresa nunca se creó y la frecuencia quedó sin utilizar.
La idea de la administración mileísta es renunciar a este espectro que actualmente sigue en manos del Estado para abrir el juego para un mayor desarrollo de la tecnología de internet móvil de 5G (quinta generación), que ya comenzó a desarrollarse pero viene muy atrasada en la Argentina en materia de inversión, con buena parte de los usuarios operando con la plataforma 4G.
El anuncio despertó ayer distintas especulaciones en el mercado en torno a que, de esta manera, el Gobierno abre una puerta al ingreso de nuevos jugadores, como podría ser Starlink, la empresa de Elon Musk, con quien el presidente Javier Milei mantuvo varios contactos durante este año.
La idea ahora es abrir el juego al crecimiento de la tecnología de internet móvil de 5G (quinta generación), que si bien ya comenzó a implementarse, viene retrasada respecto a otros países. La tecnología 5G permite alcanzar velocidades más rápidas y estables de navegación, bajada y subida de contenidos. Medida en Mbp (megabites por segundo), la velocidad 5G es de 10 mil, mientras que el servicio de 4G es de 200 Mbp.
El plan en materia de telecomunicación incluye una serie de medidas que buscan aumentar la competencia en el sector de telecomunicaciones.
Al respecto, adicionó que “se implementarán medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector, buscando más competencia, mejor servicio y menor precio”.
A su vez, se relicitará el contrato para proveer de conectividad en 16 mil escuelas del país, un contrato que representa un valor anual aproximado de $ 60 mil millones.
Auditorías
Adorni mencionó también que la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó la gestión del Enacom en cuanto al manejo del dinero correspondiente al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), un fondo integrado por aportes que hacen las empresas de telecomunicación, entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020.
La auditoría relevó deudas por más de $ 3 mil millones por parte de las empresas, en este caso mencionó a las empresas Telefónica y Telecom, que operan en el sistema de telecomunicación en concepto de aportes al fondo de inversión, como también el pago de intereses fuera de tiempo.
“Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio Enacom”, indicó Adorni.
En función de estos datos, agregó el vocero, el Gobierno iniciará un relevamiento “de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento”; de igual manera, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones “en todo el territorio de la Nación” para relevar posibles casos de prácticas anticompetitivas en el sector.
“Estas medidas van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado”, dijo el vocero presidencial, al tiempo que aseguró que el Gobierno está “trabajando en la desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente en la prestación de servicios”.
Al mismo tiempo, previno que se derogará la resolución 1.491, que implicaba la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de las operadoras de televisión por cable.
Qué respondieron las empresas
Al respecto, La Voz se comunicó con las dos empresas señaladas, las cuales dieron su versión de los hechos.
En este marco, Telecom informó lo siguiente:
“Telecom cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al servicio universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo. Sólo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000.000.000″.
“Respecto de la referencia a una deuda de $ 3 mil millones al Fondo de Servicio Universal, Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”.
“Telecom ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las declaraciones juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.
“Telecom es una empresa comprometida con el desarrollo del país, con 20 mil empleados directos y que invierte en forma constante para asegurar la conectividad de sus más de 30 millones de clientes”.
“Entre 2017 y 2023, nuestras inversiones superaron los U$S 6 mil millones, principalmente orientadas al fortalecimiento de nuestra red fija móvil, la más extensa del país, y a potenciar nuestros servicios digitales. Las inversiones se focalizan en el despliegue de FTTH para la red fija, así como en continuar ampliando la cobertura de nuestra red móvil 4G, que hoy tiene una cobertura del 98% de la población y es la red de internet móvil más rápida del país, según Ookla, y los primeros sitios 5G”.
Por su parte, Telefónica resaltó: “Telefónica ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el servicio universal. Hizo los pagos correspondientes desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Cumplió desde el origen con los programas de servicio universal definidos en la regulación vigente en cada momento. Presentamos al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite.”
IVA a la prensa
En el plano fiscal, Adorni adelantó que se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales.
“Con esta modificación, los sujetos que realicen estas actividades pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja respecto del resto de los actores económicos”, afirmó el vocero, estimando que la recaudación aumentará en $ 264 mil millones.
