En las últimas semanas, se instaló con fuerza la sensación de que “el sueldo no alcanza”. Esta percepción no es abstracta: la tensión salarial se refleja en un aumento de la conflictividad sindical. Gremios docentes, estatales y del transporte ya anunciaron paros y reclamos para reabrir paritarias en un intento por frenar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué dicen los datos?
En este contexto, las cifras del Indec parecen respaldar esa preocupación. Según el Índice de Salarios correspondiente a marzo, los ingresos subieron en promedio un 3%, mientras que la inflación del mismo mes fue del 3,7%. Es decir, los salarios volvieron a perder frente al aumento de precios.
Cuando se desglosan los datos por tipo de empleo, hay que considerar que la información sobre trabajadores no registrados proviene de la Encuesta Permanente de Hogares, con un desfase de cinco meses. Por eso, para tener una foto más actualizada, conviene enfocarse en los salarios registrados, tanto del sector público como del privado.
En ese segmento, el informe revela que los salarios aumentaron apenas un 2,5% en marzo, muy por debajo de la inflación del 3,7%.
Esto representa una caída real del 1,2% solo en ese mes. En el acumulado del primer trimestre de 2025, los sueldos registrados crecieron un 7,6%, mientras que la inflación fue del 8,6%, lo que implica una pérdida de 0,9 puntos porcentuales en el poder de compra.
Este deterioro contrasta con lo que ocurrió en 2024, cuando los salarios lograron recuperar cerca de un 9,2% frente a la inflación. Pero esa tendencia se revirtió en lo que va de 2025 y la brecha entre sueldos y precios comienza otra vez a abrirse.
Crisis tras crisis, ¿por qué el salario no se recupera?
La pérdida de poder adquisitivo no es una novedad de los últimos meses, ni comenzó con el actual Gobierno. Es un fenómeno estructural que atraviesa los últimos 10 años de la economía argentina.
Crisis tras crisis, con cada nuevo salto inflacionario, los sueldos se licúan y luego quedan anclados en niveles más bajos.
Si repuntan, lo hacen de forma parcial: recuperan algo de terreno, pero no crecen. Y esa dinámica repetida terminó consolidando una década de retroceso salarial.
Entre 2013 y 2024, el salario real del sector privado registrado cayó un 25%. Esa caída no fue lineal, sino marcada por ciclos: con cada shock inflacionario, el salario se rezagó, y las eventuales recuperaciones nunca lograron volver al punto de partida.
Durante 2024, hubo una mejora parcial de los ingresos, luego del fuerte ajuste inicial del gobierno de Milei. Sin embargo, esa recuperación fue breve. En 2025, los salarios volvieron a quedar por detrás de la inflación. La tendencia regresiva se reactivó, dejando en evidencia que el deterioro del poder adquisitivo no es sólo coyuntural, sino parte de un modelo económico que, desde hace años, encuentra en el salario la variable de ajuste.
Este deterioro del ingreso individual contrasta con la relativa estabilidad del empleo formal. Entre 2013 y 2024, el PBI se redujo un 2,5% pero el número de trabajadores registrados en el sector privado apenas varió. La explicación de este fenómeno es clara: la caída del salario permitió sostener niveles de ocupación en un contexto de estancamiento productivo.
Además, el único tipo de empleo que creció en la última década fue el de menor calidad. De los aproximadamente tres millones de nuevos ingresantes al mercado laboral, el 40% lo hizo como monotributista y el 60% como asalariado o cuentapropista no registrado.
En síntesis, la inflación crónica operó como un mecanismo de licuación de ingresos. Ante cada crisis, el salario perdió peso real. La economía argentina encontró en esa licuación una forma de sostener el empleo sin resolver su estancamiento. Hoy, lejos de revertirse, esa lógica se profundiza.
¿Cómo recuperar el poder adquisitivo?
Para lograr que los salarios recuperen su poder de compra de la mano de la creación de empleo de calidad, es clave mejorar la competitividad de nuestra producción. Esto requiere avanzar en reformas estructurales profundas que generen un entorno más favorable para la inversión y la actividad productiva. Algunos de los frentes más urgentes por abordar son el sistema impositivo, la infraestructura de transporte y logística, la legislación laboral y la calidad de los servicios básicos.
La agenda de reformas estructurales es amplia y compleja. Su principal desafío radica en que, en la mayoría de los casos, implica la coordinación entre distintos niveles de gobierno. En ese contexto, un primer paso relevante sería avanzar en la implementación efectiva del “Super IVA”.
*Economista de Idesa
