A lo largo de los años, las provincias fueron aplicando en forma creciente e indiscriminada un sistema de pagos a cuenta de impuestos que genera un verdadero dolor de cabeza para las empresas de todos los tamaños. Sobre todo, para las más chicas que no tienen una estructura administrativa para hacerles frente.
Los diversos regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias se extendieron cada vez generando una “pesadilla” para quienes venden a todo el país porque multiplican costos y generan saldos a favor difíciles de recuperar en tiempo y forma.
Atendiendo a esta problemática, el proyecto de “ley ómnibus” que envió el Gobierno de Javier Milei y empezó a tratar el Congreso esta semana incluye un beneficio muy importante, aunque estará limitado sólo a los emprendedores y pequeños comerciantes.
¿Qué propone la “ley ómnibus”?
En el capítulo 5, destinado a los temas de índole fiscal, se incluye el artículo 213 que limita las retenciones que se puedan realizar a las operaciones.
Por un lado, el texto señala que las entidades que administren las tarjetas, así como los agrupadores y procesadores de medios electrónicos de pago, deben poner a disposición de los fiscos la información de las operaciones.
Y, en su segundo párrafo, se incorporan unas limitaciones a las retenciones impositivas que realicen la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), o las autoridades tributarias de provincias o municipios sobre las operaciones realizadas a través de cuentas bancarias, tarjetas de débito, crédito, compra, billeteras virtuales y cualquier medio electrónico de pago.
En este caso, “sólo podrán realizar retenciones impositivas” si “los montos que procesen excedan el equivalente a 10.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) mensuales”. Además, faculta a la autoridad de aplicación a identificar umbrales de facturación o sujetos alcanzados.
Esta limitación alcanza a las entidades financieras y a todos los procesadores de medios electrónicos de pago, por ejemplo, las billeteras virtuales que procesan tarjetas como Mercado Pago, Ualá, Modo, Naranja X y otras similares.
¿A quiénes alcanza el beneficio?
“Si tomamos en cuenta el valor del índice UVA del 9 de enero, por un monto de $ 481,76, los pequeños comercios que realicen operaciones financieras por menos de $ 4.817.600 en forma mensual o $ 57.811.200 anuales se encontrarían beneficiados por la medida. Esto alcanza a todos los monotributistas y a algunas microempresas de las categorías de la Sepyme, tanto de servicios, comercio, industria y sector de la construcción”, explica Nicolás Boglione, asesor tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE).
De esta manera, los emprendedores y pequeños comerciantes podrán evitar este tipo de retenciones que realizan las provincias como un verdadero sistema de recaudación adelantada. Una situación muy común es que se realicen descuentos de esta índole cuando se vende por alguna plataforma de comercio electrónico (como Mercado Libre) a distintos puntos del país.
Si bien las retenciones son a cuenta de Ingresos Brutos, para recuperarlas es necesario que el vendedor (muchas veces, un monotributista) se inscriba en el Convenio Multilateral o se registre en cada una de las jurisdicciones y haga el trámite en cada una.
Problemas con las retenciones
“Uno de los principales impuestos que se recaudan en forma adelantada por medio de la cuenta bancaria es Ingresos Brutos, con el denominado Sircreb (sistema de acreditaciones bancarias). Por cada depósito que recibe el contribuyente, en general, el banco retiene el 3% del monto, que recién al mes siguiente, cuando se efectúa la declaración jurada de liquidación del impuesto, se computa como un pago a cuenta”, detalla Boglione.
Y agrega que, “generalmente, terminan arrojando saldos a favor del contribuyente y le ocasionan un grave problema financiero, licuándose con los meses por el efecto inflacionario”.
El especialista recuerda que este tipo de prácticas fomentan el uso del efectivo y desincentivan el uso de cuentas bancarias, billeteras virtuales y medios electrónicos de pago y “por consiguiente, el incremento de la evasión tributaria”. Además, encarecen los precios de los productos porque son impuestos que se trasladan directamente al consumidor.
“Considero que esta es una medida muy importante para el pequeño comerciante, imponiendo límites a la voracidad fiscal desmedida de los últimos años. Pero, el principal problema que van a enfrentar estos artículos del proyecto de ley es la negativa de los gobernadores, que verán reducidas sus posibilidades de hacerse anticipadamente de los impuestos que realmente le corresponden abonar al contribuyente”, pondera.
Y advierte que este texto “es insuficiente por la gran inflación reinante que genera una distorsión en los precios y rápidamente los montos quedan muy desactualizados” y porque solamente abarca a emprendedores y comerciantes muy chicos, pero deja afuera a muchas pymes que deberían estar incluidas.
Más allá de esto, opina que se debería aprovechar esta reforma para “instrumentar lo que originariamente surgió con la ley 27.430 de reforma tributaria del año 2017, en la que creó la Unidad de Valor Tributaria (UVT)”.
“Es una unidad de medida de valor homogénea para poder determinar los importes fijos, los impuestos mínimos, las escalas, la graduación de sanciones y todo otro parámetro monetario que esté contemplado en las leyes tributarias nacionales. Sería una solución de práctica y sencilla para el problema de actualización de una vasta serie de importes que tienen incidencia en la determinación de los tributos nacionales, como así también en materia de sanciones”, dice. Y cita, por ejemplo: las escalas del Monotributo, las retenciones del Impuesto a las Ganancias, las deducciones y tabla del Impuesto a las Ganancias, entre otros.
