Gran parte de la razón de una Argentina que está cara en dólares está relacionado con el elevado componente impositivo. Esto no sólo se refleja en los impuestos que gravan los productos que compran los consumidores sino también en los costos que pagan las empresas cuando emplean a sus trabajadores.
El peso del Estado en la estructura de costos y precios del país se puede ver de diversas maneras.
Una de ellas es la brecha entre lo que le cuesta a una empresa un sueldo pagado a un trabajador en “blanco” y lo que finalmente recibe la empresa que le vende un producto a ese mismo empleado: la diferencia supera el 100%.
En el medio, hay costos laborales e impositivos de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), sin contar trabas burocráticas, cargas administrativas y costos financieros por impuestos cobrados por adelantado que amplían mucho más la brecha del costo.
Según un análisis realizado por el Estudio Castillo y Asociados, cada $ 1.500.000 de costo laboral abonado por una empresa, más de la mitad van al Estado y el resto termina como gasto neto del empleado que recibe ese pago.
¿Cómo se distribuye la carga fiscal y laboral ?
“En la práctica, si un trabajador le cuesta a la empresa aproximadamente $ 1,5 millón, este empleado tiene una capacidad de gastar por $ 730 mil, después de todos los impuestos”, explicó Carlos Martín, tributarista del Estudio Castillo.
¿Cómo se llega a este monto?
La cuenta parte de un sueldo neto de $ 1 millón de pesos (en el bolsillo del trabajador). Para llegar a este monto, la empresa pagó $ 289.156,63 de contribuciones patronales y descontó $ 204.819,28 como aportes del empleado en el recibo de sueldo.
En total, de casi un millón y medio de costo, $ 493.975,91 van al Estado como cargas laborales.
Si ese asalariado usa ese millón de pesos para comprar productos, al vendedor no le queda el monto total, sino mucho menos, estimado en un 73,4%.
“Esto surge de un ejemplo puntual, que es bastante ‘optimista’ y podría considerarse un ‘piso’ para los impuestos. Tomamos el caso de una soldadora que se importa con un costo de U$S 1.000 y, si se le suma el margen mayorista y minorista, el IVA (21%), Ingresos Brutos (5,5%) y las tasas municipales (1%), llega al consumidor con un precio de U$S 2.159,17″, agrega Martín.
Y, tras aclarar que la carga impositiva puede ser mucho más alta si se agregan otras cuestiones, puntualizó que, en este caso, 26,60% son impuestos al consumo: IVA (nacional), Ingresos Brutos (provincial) y tasas (municipal). “Este es un cálculo muy optimista porque no se contempla que en el margen del mayorista y el minorista también hay bastantes impuestos”, aclaró.
Así, la empresa paga en total $ 1.493.975,90 de costo laboral, pero el empleado termina comprando por $ 734.000 netos, una diferencia de 103,54% que se queda el sector público.
Viéndolo de otra manera, más de la mitad de lo que le cuesta a la empresa ese empleado va al Estado.
¿Cómo reducir la carga total?
Una forma de reducir esa gran brecha entre el dinero que va al poder de compra al bolsillo del empleado y lo que el empleador desembolsa es modificando la legislación en distintos aspectos.
“Hay tres grandes reformas que quiere impulsar el Gobierno y que atacan esta carga. La reforma tributaria, que apuntaría a reducir los impuestos al consumo (especialmente en Ingresos Brutos y tasas municipales que son muy distorsivos). Por otra parte, la reforma laboral y previsional, reduciendo las cargas sociales”, especificó.
Uno de los proyectos para reducir la carga impositiva de provincias y municipios tiene que ver con la propuesta de la Fundación Mediterránea, expuesta por su presidente, Osvaldo Giordano, es el del “súper IVA”.
La iniciativa busca implementar un esquema similar al del Monotributo Unificado (impulsado por Giordano cuando fue ministro de Finanzas de la provincia en conjunto con la ex Afip).
En este, el fisco nacional cobra un monto total del Monotributo, Ingresos Brutos y tasas municipales y luego lo reparte en forma automática a las provincias y municipios.
En el ejemplo anterior, sería una tasa de 26,6% para cubrir los tres niveles.
Precisamente, mostrar estos porcentajes es el objetivo del régimen de Transparencia Fiscal, establecido en la reforma tributaria de 2024 y que discrimina los impuestos en el ticket del consumidor final.
El 1° de enero de 2025 empezó a regir para grandes empresas y el 1° de abril se extendió al resto de los negocios, pero solamente se muestra el IVA y otros impuestos nacionales. Para discriminar tributos provinciales y tasas municipales, las provincias deberían adherirse.
Pero, además, los especialistas advierten que es un poco complicado de calcular porque no es tan directo como el IVA ya que se aplica en forma acumulada en cada eslabón de la cadena productiva y comercial.
