En el marco de los numerosos cambios que se produjeron en las formas de trabajo, debido a la pandemia y como respuesta a la necesidad de generar empleo formal y reducir los costos laborales, en los últimos meses surgieron diversas propuestas para modificar el actual sistema de indemnizaciones por despido.
Si bien en medio de una campaña electoral es difícil tratar un tema estructural como este –cuando, además, rige la doble indemnización y la prohibición de despedir–, los distintos sectores productivos coinciden en que es una cuestión por resolver.
El tema está sobre la mesa porque genera un pasivo contingente importante, sobre todo cuando hay planteles de mayor antigüedad e impacta con mayor magnitud en las empresas más chicas. Según Idesa, la tasa de desvinculación (no todos son despidos) es mayor en las microempresas (29 por ciento anual), frente al 15 por ciento de las medianas y al 10 por ciento de las grandes.
De cualquier manera, aunque todos están de acuerdo en que es un tema que se debe modificar por la incertidumbre y el peso que implica, la posición empresarial está lejos de ser unánime.
Costo y litigiosidad
Uno de los proyectos más analizados fue el presentado por un diputado de Juntos por el Cambio en agosto y que propone crear un seguro de garantía de indemnización, con un esquema de “mochila”.
Prevé la creación de un fondo, administrado por la Anses, que se conformaría por aportes patronales de entre el dos por ciento y el 8,33 por ciento (según la rotación laboral de la empresa). Los trabajadores podrían recibir prestaciones mensuales (en función de su antigüedad) ante diversas causas de cese de la relación laboral: despido, renuncia, jubilación, retiro y otras.
Para el sector empresarial, la iniciativa puede ser un avance, en cierto modo, pero no todos están de acuerdo con la solución propuesta.
El primer tema es el costo que esto implicaría. El aporte del 8,33 por ciento permitiría cubrir un mes por año trabajado para todo el plantel, pero no todos los empleados que se retiran lo hacen por un despido (que genera indemnización).
“Habrá que analizar si esto genera un aumento de costos laborales. Si hoy una persona se va voluntariamente, no recibe indemnización. En cambio, con este proyecto sí lo haría”, advierte Marcelo Uribarren, de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). La entidad fabril analizó el tema y coincide en líneas generales en encontrar una solución para toda la economía.
Desde la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), su presidente Ezequiel Cerezo dice que la ventaja es que elimina la litigiosidad, pero alerta sobre ello: “Muchos decimos que es un gran proyecto, pero debemos tener en cuenta que se va a generar un costo laboral adicional y, por un tiempo largo, unos 10 años, no se va a reducir el pasivo laboral acumulado porque recién se aplicaría a las nuevas relaciones”.
Como salida, Uribarren sostiene que “el Estado tiene que ser parte de la solución y contribuir a reducir el ya elevado costo laboral para mantener este crédito que el empleado va a tener cuando deje de trabajar”.
¿Acuerdos sectoriales?
Otro problema que genera esta iniciativa es que modifica la Ley de Contrato de Trabajo y es complejo realizar una reforma de este tipo. Algunos, incluso, sostienen que eliminar las indemnizaciones como hoy están iría en contra de los derechos establecidos en la Constitución.
Por esto, algunos sectores se inclinan más por una solución acordada entre las partes para cada actividad.
Por caso, en el sector tecnológico no coinciden con una modificación que implique el pago de una contribución patronal mensual. “Entiendo que puede ser una solución para sectores donde la conflictividad es alta y hay más necesidad de cierta flexibilidad de contratar gente. Pero en nuestro sector la ocupación es plena y la rotación se produce por decisión del empleado. Esto vendría a cargar un costo a las empresas que hoy no tienen este problema. Sería más factible aplicar acuerdos sectoriales”, opina Pablo Gigy, titular del Córdoba Technology Cluster.
Con esto en mente, desde el sector de la construcción, el gremio Uecara (representa a quienes no son operarios e incluye a peajes), la Cámara de la Construcción y los desarrollistas están trabajando en una propuesta que no modifica la Ley de Contrato de Trabajo, sino que apunta a soluciones por actividad.
“La idea es generar un fondo, administrado en forma conjunta entre empresarios y el gremio, para garantizar la sanidad de las empresas y mantener lo que por ley corresponde de indemnización”, dice Pablo Balián, presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (Ceduc).
La propuesta es generar un fondo en cuyos números trabaja el economista Gastón Utrera y similar al de la Uocra (para obreros de la construcción), pero actualizado por salarios.
Se formaría con los aportes del empleador y para que constituya un fideicomiso administrado por los privados (empresas y sindicatos). Además de actualizar por salarios, con ese fondo se podrían otorgar créditos para la vivienda de los aportantes y destinar otro porcentaje a empresas del sector para canalizarlo a la construcción.
Proyectos para modificar el sistema
Seguro de Garantía de Indemnización. Un diputado de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley que prevé un aporte mensual a un fondo administrado por la Anses. Otorgaría una prestación mensual en caso de desvinculación (despido, renuncia, cese, jubilación, retiro) en función de la antigüedad.
Construcción. El gremio Uecara, junto con la Cámara de la Construcción y la Ceduc, están elaborando una propuesta. Mantiene el régimen actual, pero el empleador aporta a un fondo administrado por privados (sindicatos y cámaras) que puede invertirse y dar préstamos. También otorga prestación en caso de renuncia.
Idesa. Propone otro esquema: que el empleador pague la indemnización hasta un tope (ejemplo, cuatro salarios) y el resto se cubra con el actual Fondo Nacional de Empleo.
