El gobierno de Javier Milei acaba de cumplir seis meses y, para muchos, sus políticas de gestión se asemejan a las implementadas por Carlos Menem durante su presidencia, entre 1989 y 1999.
En ese ensayo de semejanzas, comparación de la que hasta el propio Presidente se enorgullece, hay una diferencia que es notable en el sector agroindustrial.
Durante el gobierno de Menem, la decisión de concesionar a los privados el dragado y el balizamiento del río Paraná, a la altura de los puertos del Gran Rosario, permitió desarrollar a partir de 1995 un complejo de industrialización de soja que se convertiría en el más competitivo del mundo y que hoy es el principal generador de divisas para la economía nacional.
Las inversiones realizadas a lo largo de 70 kilómetros de la hidrovía Paraná-Paraguay trajeron un aumento considerable del comercio exterior del país.
El mayor volumen ofrecido al mundo fue a partir del crecimiento en la capacidad de molienda de soja, que pasó de 27.100 toneladas diarias en 1995 a 158.750 toneladas en 2015; un aumento de 486% en 20 años.
Estas cifras le permitieron al Gran Rosario convertirse en 2019 en la principal zona portuaria del mundo, lo que coincidió con el récord en la producción nacional de granos.
En ese ciclo (2018/2019), la cosecha de soja alcanzó los 55,3 millones de toneladas, un volumen que nunca más se alcanzó.
Es que en los últimos años el negocio de la oleaginosa comenzó a mostrar fatiga. La pérdida de competitividad está haciendo peligrar el crecimiento de su cadena de valor agregado, según advierten las propias aceiteras.
¿Cuál es la diferencia entre aquel modelo diseñado en 1995 y el actual? La vigencia y el impacto de las retenciones a las exportaciones.
A partir de 1991, el Gobierno decidió eliminar los derechos de exportación sobre todos los cereales, mientras que las semillas de soja y girasol continuaron alcanzadas por una alícuota del 3,5%. A lo largo de toda la década posterior, las exportaciones de aceites y de harinas de ambas oleaginosas no estuvieron gravadas.
Los resultados fueron concretos. Entre 1992 y 1999, las exportaciones de productos primarios saltaron de U$S 3.500 millones a U$S 5.145 millones, lo que representa un incremento de 47%. Por su parte, las ventas al exterior de manufacturas de origen agropecuario treparon de U$S 4.829 millones a U$S 8.192 millones: 70% más, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Pérdida de protagonismo
Por estos días, la presión impositiva que pesa sobre el grano de soja y sus derivados (33% en concepto de retenciones) es un desincentivo para los productores.
A nivel regional, en la campaña 2013/2014 la producción de soja argentina representaba 35% del total, mientras que Brasil totalizaba 56%. En la actual campaña, la participación nacional cayó a 23%, mientras que la de Brasil creció al 70%.
La menor producción de la cosecha pasada, afectada por la sequía, obligó a la industria aceitera a trabajar con el 60% de capacidad ociosa.
“Este año se van a moler 38 millones de toneladas, con lo que podría bajar el nivel de inactividad”, asegura Emilce Terré, jefa del Departamento de Información y Estudios Económicos de la BCR, durante el ciclo de charlas virtuales “Soja 360″, organizado por Acsoja.
Pero hay terreno perdido. En 2024, se estima que las exportaciones de harina, aceite y grano de soja aportarán U$S 17 mil millones, por debajo de los dos años anteriores, en un contexto en el cual los precios no ayudan.
Si bien en el mercado se habla de un atraso en la comercialización del grano como un factor para ralentizar la liquidación de divisas, desde la BCR aseguran que, en términos de volumen, no hay demoras.
Las compras totales superan los 19 millones de toneladas, que es una magnitud superior al promedio de los últimos cinco años.
“Sí hay atraso en los negocios con el grano, que no tiene precio firme”, afirma Terré. Hasta la semana pasada, más de nueve millones de toneladas aún no tenían precio.
Si se tiene en cuenta lo que aún está en poder de los productores, y deduciendo los consumos en chacra, aún falta ponerles precio a 37 millones de toneladas de soja: 10 millones de toneladas más que el promedio de los últimos cinco años.
Un síntoma de la falta de incentivos para vender.
