Un desgaste que no se detiene. Ese es el proceso que vive en materia de ingresos la mayor parte de las familias cordobesas en los últimos años, en sintonía con lo que sucede a nivel nacional.
El deterioro de las condiciones laborales que afecta a miles de personas viene siendo potenciado por la epidemia aún más generalizada de inflación, que lima los ingresos de manera transversal.
Datos publicados desde 2016 y hasta hace pocos días por el Indec (Encuesta Permanente de Hogares, EPH) y procesados por Idesa a pedido de La Voz muestran como esa pérdida de poder adquisitivo operó, en cierta cuota los últimos años, como un “igualador hacia abajo”,
El monitoreo sistemático de la EPH señala que la desigualdad siguió una leve tendencia general a la baja a lo largo de estos últimos cinco años pero no como positivo resultado del incremento de recursos en los hogares, su mejor distribución y consecuente ascenso social. Por el contrario, lo que parece haber atenuado la inequidad es la pérdida generalizada en el nivel de remuneraciones y el “achatamiento” de la pirámide social en sectores mayoritarios en materia de poder adquisitivo; más allá de las agudas inequidades que persisten.
Puesto en números, el proceso puede cuantificarse de dos formas. Una de ellas es midiendo la brecha de ingresos: esto es, cuántas veces más dinero entra al 10% de los hogares más “ricos” que al 10% más “pobre”; el vértice y base de la pirámide, respectivamente.
El análisis sobre las estadísticas oficiales precisa que en el último cuatrimestre de 2016, el primer grupo reunía 22 veces más dinero que el segundo entre los casi 567 mil hogares del Gran Córdoba. Para igual lapso de 2022, esa diferencia había descendido a 12 veces. En el medio, hubo momentos de mayor o menor brecha, pero la tendencia general fue a la baja.
El otro indicador para medir la desigualdad, considerado incluso más preciso, es el coeficiente de Gini, que imprime un valor entre 0 y 1, donde 0 representa la absoluta igualdad y 1 una situación completamente desigual. El último valor calculado por Idesa para Córdoba (cierre de 2022) se ubicó en 0,376 y, al igual que la brecha de ingresos, fue el más bajo desde 2016. En el 2021, se ubicaba en 0,397, tocó máximos de 0,457 en el período y marcó 0,438 al cierre de 2016.
“Con ambas metodologías, el principal resultado es que en los últimos años, a la par que caen los ingresos, la desigualdad está bajando y la disminución fue más pronunciada a lo largo de 2022. Es decir, somos cada vez más igualitariamente pobres”, sintetizó Patricio Canalis, economista de Idesa.
Pirámide social en el gran Córdoba
Celeste Gómez, investigadora del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC coincide en describir este proceso de “igualación a la baja” que se viene registrando en Córdoba por pérdida de ingresos, y detalla su alcance: “Salvo en el 25% de la sociedad con mayores ingresos, donde hay sectores que ganan en dólares y la EPH puede acusar una creciente subestimación debido a que avanza la tendencia a no declarar esos ingresos; en el restante 75% de la población la desigualdad viene menguando por un achatamiento general en las remuneraciones”. Una especie de “acercamiento” en términos de ingresos de los sectores medios y los más bajos de la pirámide socioeconómica.
Gómez explica la dinámica en cada sector: “Esta igualación a la baja se da en incluso en los salarios de los trabajadores formales. En un contexto de alta inflación las paritarias no logran seguir el ritmo y las únicas excepciones suelen ser tres grupos muy fuertes: aceiteros, bancarios y petroleros”. En la base más empobrecida acontece los siguiente: “Los sectores de ingresos más bajos, que lidian con la indigencia, tienen mayor presencia de subsidios y planes de alimentación que, aunque no alcanzan para vivir, evitan que esa gente se encuentre aún peor de lo que ya está. Encima de ellos en términos de ingresos está el segmento más vulnerable, que casi no es alcanzado por ayuda estatal: los que apenas superan la línea de pobreza y ante cualquier shock adverso caen en ella”.
Fabio Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio, da una mirada en sintonía: “Los distintos tipos de indicadores muestran que en los últimos tres años hubo una clara tendencia hacia la disminución en la desigualdad de los ingresos, pero porque bajamos la vara: en términos reales, frente a la inflación, el dólar, o cualquier bien durable, nuestros ingresos se deterioraron fuerte. Esta especie de ‘igualación’ que se detecta cambiará si los precios siguen espiralizándose, porque la inflación impacta más en los más vulnerables y eso termina generando más inequidad”.
Clase media en desmoronamiento
El cruce entre los ingresos declarados por los cordobeses al Indec (EPH) -actualizados a precios de abril de este año– y la evolución de la canasta básica estimada por el propio organismo para la región Pampeana permiten bocetar la “pirámide social” en el Gran Córdoba, esto es, la estratificación por clase de las casi 1.600.000 personas que lo habitan.
Aunque el concepto de “clase social” entraña distintas dimensiones más allá del dinero reunido mes a mes, esta variable resulta la más gráfica y la más utilizada para trazar un mapa estimado de la sociedad y, sobre todo, detectar cambios en él.
¿Cuánto ingreso mensual necesitó reunir una familia tipo al cierre de 2022 para seguir siendo de clase media? El cálculo de Idesa ubica el piso en 249 mil pesos, y revela que por debajo de él se ubicó el 53% de los habitantes del Gran Córdoba. En este grupo, 662 mil integraron familias de “clase baja” (con ingreso mensual de hasta $199 mil) y otros 187 mil de “clase media baja” (una franja de alta vulnerabilidad cuyos recursos totales van de los 199 mil mensuales al piso de 249 mil).
El grupo caracterizado como “clase media” incluyó casi 678 mil personas en un heterogéneo rango de hogares con ingresos mensuales de 249 mil a 796 mil pesos mensuales.
Por encima de ese número -más de $796 mil mensuales- el monitoreo del Indec detectó un 3,7% de habitantes (7% de los hogares) catalogados como “clase alta”.
Todos estos valores registraron incrementos respecto de un año atrás, al cierre de 2021: esa suba en el costo de vida implica que para seguir revistiendo en cierta clase las familias debieron reunir mayores ingresos.
“No se observó, sin embargo, una retracción en términos de volumen de la clase media como había ocurrido tras la pandemia”, contextualiza Canalis. “En el último año, de hecho, creció 1,1 puntos porcentuales. El fenómeno se explica por la cantidad de personas que cayeron desde la clase alta: bajó 2,1 puntos porcentuales. Para completar el panorama, la clase media baja y la clase baja subieron en cantidades (0,5 puntos cada una). Con lo cual, la característica del último año fue un descenso social en cadena, donde las personas de cada nivel se fueron ubicando en un escalón inferior”, grafica el economista.
Menos movilidad social: título y trabajo no son garantía
Más allá del deterioro generalizado en las remuneraciones, la desigualdad entre sectores sociales está lejos de corregirse en Córdoba. Es más, se adivina cada vez más estructural cuando históricas vías de movilidad y ascenso social pierden efectividad en un marco de creciente empobrecimiento.
Es el caso del “empleo en blanco o registrado” y el acceso a educación universitaria, dos capitales que otrora garantizaban un bienestar que ya no es tal.
El informe de Idesa a partir de datos del Indec revela que sobre fines de 2022, el 30% de las personas con empleo formal en el Gran Córdoba no percibía lo suficiente como para integrar la llamada “clase media”, una tendencia en aumento en los últimos seis años: en 2016, esa misma cuota era el 21%.
Algo similar sucede con contar con “título universitario o terciario”: al cierre de 2022, el 18% de los universitarios del Gran Córdoba no llegaban a integrar la clase media; casi el doble que al cierre de 2016 (eran el 11%).
Nora Vilches, presidenta de la federación que aglutina a 31 colegios y entidades de profesionales en Córdoba confirma el deterioro, que también vienen mensurando las investigaciones de la entidad. “En los últimos 10 años, los profesionales perdimos el 56% de nuestro poder adquisitivo. La mediana de ingresos está hoy 50% debajo de la canasta básica”, sintetiza.
Vilches describe el proceso de “monotributización” del sector: el 87% se desempeña bajo alguna de sus categorías y sólo un 17% reviste las más altas). El deterioro progresivo de las remuneraciones en ese marco arrancó, insiste Fepuc, en el 2000 con la aprobación de la ley 8.836; que dejó “librada la remuneración de los profesionales a la libre contratación, es decir, a las reglas del mercado”. Esa desregulación, sumada al progresivo deterioro del mercado laboral y el proceso inflacionario pauperizaron las remuneraciones.
