En los últimos meses, la economía argentina ha mostrado señales de mejora que hasta hace poco parecían fuera de alcance. La inflación continúa bajando de manera sostenida: tras cerrar 2024 con una marcada desaceleración, los primeros meses de 2025 consolidaron la tendencia. Según el Indec, la inflación interanual cayó por debajo del 100% por primera vez en más de dos años, marcando un giro clave en la dinámica de precios.
La estabilización, que se refleja tanto en los indicadores como en una percepción social más contenida, abre la puerta a un escenario de mayor previsibilidad económica tras años de descontrol. A su vez, la flexibilización del régimen cambiario ha contribuido a normalizar expectativas, reducir brechas y mejorar la señal de precios en sectores productivos y financieros.
En el plano productivo, si bien persisten desigualdades entre sectores, la actividad económica muestra signos de recuperación. En marzo, el estimador mensual de la actividad económica (Emae) del Indec creció 5,6% interanual, apuntalado por sectores como energía, agroindustria y minería. Todo indica que la combinación de disciplina fiscal, baja inflación y mayor libertad cambiaria empieza a sentar las bases de una nueva etapa más estable.
La baja inflación y sus revelaciones
La desinflación genera alivio, pero también pone al descubierto una serie de problemas y obliga a repensar la forma en que operan muchas empresas. Durante años, la mayoría de los esfuerzos se centraron en buscar la mejor manera de convivir con la inflación: gestionar inventarios como reserva de valor, administrar los plazos de pago y cobros, anticipar compras, indexar contratos y ajustar precios. Además, las restricciones comerciales y la protección del mercado local mantenían a muchas empresas relativamente aisladas de la competencia internacional. Así, se vivió bajo una lógica en la que la rentabilidad dependía de una multiplicidad de factores que, en la mayoría de los casos, no incluía lo que en condiciones normales es imprescindible y esencial: producir con eficiencia.
El entorno inflacionario extremo terminó por ocultar un problema estructural profundo: la muy baja productividad. Ahora que los precios son más estables y la economía se encuentra más abierta, esa protección desaparece. Ya no se puede compensar la falta de competitividad a través de aumentos de precios ni refugiarse indefinidamente en distorsiones del mercado. El enfoque debe trasladarse ahora a lo que realmente importa: optimizar procesos, reducir costos, invertir, innovar, incorporar tecnología y ganar escala.
Este cambio exige una transformación profunda dentro de las empresas. Pero en la mayoría de los casos es insuficiente sin un cambio en el entorno en el que operan. Más allá de las fluctuaciones cambiarias, estas tensiones responden a problemas estructurales que limitan la competitividad. La alta y muy distorsiva carga impositiva, los elevados costos logísticos y laborales y una burocracia excesiva son barreras que afectan la productividad. Superar estas limitaciones requiere reformas profundas. Aunque se han logrado avances, el ritmo sigue siendo demasiado lento y desigual frente a las urgentes necesidades de la producción nacional.
Las reformas son cada vez más urgentes
La estabilidad y la mayor competencia aumentan la urgencia de darle más velocidad e integralidad al proceso de reformas. Obviar este aspecto llevará a aumentar la presión sobre amplios sectores de la producción que bajo las actuales condiciones tienen altas y creciente dificultades para competir adentro y afuera. El principal riesgo es la pérdida de empleos.
En este contexto, el Acta de Mayo representa una oportunidad clave para encaminar a Argentina hacia un desarrollo sostenido. Una medida urgente es eliminar impuestos distorsivos como los derechos de exportación, el impuesto al cheque, el impuesto Pais, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales que encarecen la producción, reducen la competitividad y fomentan la informalidad. La reforma tributaria debe enfocarse en que impuestos menos dañinos, como el IVA y Ganancias, absorban estos tributos. Por ejemplo, el “super-IVA” es una manera de reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar la competitividad.
También es crucial reducir la burocracia y simplificar las regulaciones. Las trabas administrativas y la superposición normativa entre niveles de gobierno desincentivan la inversión, afectan la productividad y fomentan la informalidad. Además, parte del gasto público nacional cubre funciones que deberían ser provinciales, generando ineficiencias y contribuyendo al déficit fiscal. Reorganizar las responsabilidades entre los niveles de gobierno, limitando a la Nación a funciones interprovinciales y transfiriendo la gestión de servicios locales a provincias y a municipios, permitirá eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
No menos importante es modernizar la legislación laboral para ponerla a tono con las demandas de eficiencia y dinamismo de la economía actual. Más de la mitad de los trabajadores en Argentina están en la informalidad o son cuentapropistas, con empleos de baja productividad y salarios inferiores a los de los trabajadores formales. Esto se debe a un mercado laboral rígido, a altos costos no salariales, a regulaciones obsoletas y a la incertidumbre sobre los contratos laborales. Además, la obligatoriedad de aplicar convenios colectivos sectoriales para pequeñas y medianas empresas dificulta la adaptación de las condiciones laborales a las necesidades específicas de cada sector. Por ello, es esencial avanzar hacia una legislación laboral más flexible y moderna, que fomente la formalización del empleo y se ajuste a las exigencias del mercado.
A esto se suma la necesidad de mejorar la infraestructura logística, que hoy representa una pesada carga sobre los costos de producción. Inversiones eficientes en rutas, en ferrocarriles, en puertos y en conectividad pueden reducir significativamente estos costos y ampliar el acceso a mercados internos y externos.
Estos antecedentes definen la trascendencia de que, en respuesta a un pedido de los gobernadores, finalmente se constituyó el consejo responsable de la implementación del Acta de Mayo. Considerando que contempla transformaciones imprescindibles, no es exagerado afirmar que de que cumpla con sus objetivos depende la viabilidad de una buena parte del entramado productivo de la Argentina.
(*) Economista, coordinadora de Idesa
