El país productivo es un tapiz de contrastes, aunque atravesado por una misma trama: demasiado pasado y futuro para tan poco presente. Algo similar viene sosteniendo la analista Shila Vilker para explicar la era del presidente Javier Milei.
“El Gobierno tiene todavía mucho pasado para explotar, el rechazo a lo conocido; tiene mucho futuro, porque genera expectativas; pero no tiene presente. La pregunta es por la paciencia social y por las dificultades económicas. El gran desafío es la micro”, sostiene.
Ocurre que todas las preguntas sobre la micro terminan en la bandeja de spam de Milei. Es el correo no deseado que suele ir derechito a la papelera.
Más allá de lo que se pueda intuir, no sabemos dónde están el piso y el techo de la banda de flotación de la sensibilidad presidencial, pero lo que está claro es que la veta anarquista de Milei reniega de cualquier tipo de intervención estatal en las actividades de las personas. Eso incluye la producción y el trabajo.
Es probable que esa lectura también haya influido en la decisión de Fate al cerrar su histórica planta en Buenos Aires. El argumento de “cambios en las condiciones de mercado” que esgrimió la compañía podría interpretarse de una manera mucho más amplia.
No es sólo un nuevo régimen económico, la febrícula de las importaciones o la certeza de que, por ahora, nada ni nadie es capaz de balancear el movimiento pendular que protagoniza la gestión libertaria.
También pesa la imposibilidad de abrir los poros de un Gobierno poco proclive a definir una política productiva e industrial. Menos aún salir en auxilio de empresas en dificultades, y ni qué hablar si se trata de compañías a las que considera parte de una estructura que se abusó y sacó provecho del aislamiento comercial.
Entonces, el tránsito de la fase en la que se “destruye” el pasado en tiempo presente para, luego, poder crear futuro sustentable mete a muchos sectores y personas en un estrecho callejón en el que cuesta moverse para encontrar aire.
En los próximos días quedará convertida en ley la reforma laboral, cuyos efectos veremos a mediano y largo plazo. Pero la clave para incidir en una parte sustancial de la competitividad sigue siendo la cuestión impositiva, con la complejidad que implica alinear a todos los que cobran impuestos y tasas en este país.
Por lo tanto, si la transición se juega con estas cartas, difícil que haya puntos para poner sobre la mesa, cuando la realidad canta un falta envido.
¿Síntomas de agotamiento?
Aunque muchos insisten en verla en un doble plano, la capacidad de aguante de empresas y de personas se está solapando, en un escenario de por sí degradado por el estancamiento que vive el país desde hace décadas.
La fase de achique, que ya acumula varios meses, parece haber ingresado en una nueva dinámica en la que empleos y fábricas retroceden al mismo ritmo.
Los datos que arroja el índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella son síntomas del momento.
La encuesta, que se hizo en los primeros días de febrero, refleja un descenso mensual de 4,7% (llega a 6,1% en la comparación interanual).
La percepción sobre la situación personal es la que presenta un mayor deterioro, con un retroceso en la evaluación de las condiciones presentes. Pero también desmejoraron las expectativas futuras.
Este último es, quizá, el punto más sensible, porque es uno de los activos del Gobierno ante las escasas herramientas para incidir de manera positiva en el corto plazo sin que ello implique sacrificar la bandera de la racionalidad fiscal.
