Aunque en Argentina casi la totalidad de los adultos mayores acceden a una jubilación, el sistema previsional enfrenta un problema estructural de sustentabilidad. Desde el punto de vista financiero, esto se observa en que el 42% del gasto primario se destina a jubilaciones, aun cuando Argentina no es un país demográficamente “envejecido”, como sucede en Europa o en países desarrollados.
El aumento de la cobertura previsional –es decir la proporción de adultos mayores que cobran un beneficio previsional– se dio de la mano del otorgamiento de beneficios previsionales a personas con pocos o directamente sin aportes realizados durante su vida activa. Si bien la normativa establece 30 años de aportes como requisito para la jubilación ordinaria, en la práctica solo el 38% de los jubilados actuales accedieron con esa condición. El 62% restante lo hizo a través de moratorias previsionales, un mecanismo legal diseñado para ampliar la cobertura del sistema. Los datos reflejan la magnitud de su impacto: de 10 millones de jubilados en Argentina, 6,2 millones obtuvieron su beneficio mediante este sistema.
Hoy en día existen dos moratorias vigentes: la reglamentada en 2005 y la aprobada en 2023. Con la primera, nadie llega a jubilarse completamente, y cada año que pasa permite comprar menos aportes, con lo cual su impacto es cada vez menor y va a desaparecer en algunos años. La segunda moratoria, que en los hechos es la que permite a la mayoría jubilarse, vence el próximo 23 de marzo y, según la intención del Gobierno, no se renovará.
Esto plantea un dilema de política pública: por un lado, las moratorias permitieron que hoy en día la mayoría de los adultos mayores cuenten con algún tipo de cobertura en la vejez, pero fue a costa de la sostenibilidad del sistema y la inequidad hacia quienes realizaron sus aportes.
Las alternativas a las moratorias
El Gobierno ya decidió no renovar las moratorias, por lo que quienes no cumplan con los aportes requeridos pasarán a jubilarse a través de la actual Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam). Este beneficio, de carácter no contributivo, está disponible a los 65 años tanto para hombres como para mujeres, equivale al 80% de una jubilación mínima y no genera derecho a pensión.
La otra alternativa, propuesta recientemente por el extitular de Anses, Mariano de los Heros, y contemplada inicialmente en el proyecto de la Ley Bases (que no superó el filtro del Senado), planteaba la creación de un nuevo “régimen de jubilación proporcional”, un esquema de carácter contributivo destinado a quienes no contaran con los 30 años de aportes requeridos.
Este esquema aseguraba un haber mínimo igual a la Puam, y a partir de allí el monto aumentaría según los años de aportes, sean uno, cinco, 10 o 29. De esta forma, tendría las mismas características que la primera alternativa, con la adición del componente contributivo, al considerar los años de servicio, lo que fortalecería los incentivos a aportar.
Sin embargo, esta opción fue finalmente desechada por el Presidente, quien consideró que “la reforma jubilatoria no es para este momento” y, por lo tanto, no se avanzará con su implementación. De este modo, con el fin de las moratorias, la única alternativa vigente para quienes no cumplan con los aportes requeridos será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).
