La estrategia del Gobierno nacional para reducir impuestos se ha basado en un enfoque gradualista, en contraste con lo sucedido con el gasto público, que ha sido el principal eje del ajuste para lograr el superávit financiero. Aunque el diagnóstico que hace el Gobierno reconoce la necesidad de una rebaja impositiva, el camino elegido es ir paso a paso, y siempre y cuando la reducción del gasto lo permita, para no comprometer el resultado fiscal.
Sin embargo, los avances han sido limitados. Primero, con el vencimiento del impuesto Pais; y recientemente, con la reducción parcial y transitoria de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y economías regionales (derechos de exportación). Esta decisión respecto al agro representa un gran esfuerzo fiscal, pero también deja en evidencia las dificultades del gradualismo para abordar el problema de fondo.
La magnitud de los impuestos distorsivos
Para comprender la dimensión del desafío, es necesario analizar el peso de los impuestos distorsivos en la estructura tributaria. Según datos del Ministerio de Economía para 2024, de 27,6 puntos del PIB de presión impositiva, 12,8 puntos corresponden a impuestos distorsivos, es decir que son prioridad para reducirse.
Entre ellos, los derechos de exportación representaron apenas el 1% del PIB, mientras que el Impuesto al Cheque alcanzó el 1,6%. A nivel provincial, Ingresos Brutos y Sellos, los más importantes, generaron un 4,4% del PIB.
Esto demuestra que el impacto de la reciente reducción de retenciones es limitado frente al objetivo de eliminar todos los impuestos distorsivos. Si una baja parcial y transitoria requirió un esfuerzo significativo por parte del Gobierno nacional, avanzar hacia su eliminación total –y también del Impuesto al Cheque– será un desafío aún mayor. Además, persuadir a las provincias para que reduzcan Ingresos Brutos y Sellos bajo un esquema gradualista parece poco viable sin una estrategia más integral.
Las contradicciones del gradualismo
El gradualismo plantea serias contradicciones. En primer lugar, vincular la baja de impuestos a la reducción del gasto y al crecimiento económico genera un dilema circular: para crecer, se necesitan impuestos más eficientes, pero su eliminación depende del crecimiento.
En segundo lugar, la falta de coordinación entre los niveles de gobierno genera inequidades en la distribución del costo fiscal. La reducción de retenciones, por ejemplo, implica que el 100% de la pérdida recaudatoria sea asumida por la Nación, mientras que los beneficios fiscales para los productores van a terminar aumentando la recaudación de Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y Sellos. Esto favorece a las provincias, ya que estos últimos impuestos son coparticipables o de su propia jurisdicción. Como resultado, si el esfuerzo para reducir impuestos distorsivos nacionales no se ve acompañado por una acción similar a nivel provincial, se enlentece el proceso.
Hacia una reforma integral
Frente a estas limitaciones, es necesario avanzar hacia una estrategia de reforma integral que permita coordinar acciones entre la Nación y las provincias. En el caso de las retenciones, se podría acordar que los incrementos de recaudación generados por el sector agropecuario se destinen a financiar la baja de otros impuestos nacionales. A su vez, los gobiernos provinciales podrían comprometerse a utilizar esos recursos adicionales para reducir sus propios impuestos distorsivos.
Un acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las provincias podría ser el marco ideal para ordenar tanto las funciones como los tributos de cada nivel de gobierno. Este acuerdo debería eliminar los solapamientos tributarios y garantizar la sustentabilidad fiscal, estableciendo qué impuestos financian a cada jurisdicción. De esta forma, se podría reemplazar la coparticipación por un sistema de correspondencia fiscal, donde cada nivel de gobierno financie sus funciones con los recursos que genera.
* Economista de Idesa
