- A contramano del resto del mundo
- donde se lo incentiva
- en Argentina se agregan cada vez más costos impositivos al sector.
Nadie duda de que las actividades ligadas al conocimiento son unas de las ganadoras de la virtualidad y tienen un gran potencial en la nueva normalidad.
Es un sector con gran demanda, por la necesidad de transformación digital de todas las industrias; que puede adaptarse rápido porque requiere poca inversión fija, y que tiene posibilidades de generar empleo de calidad y divisas netas en menor tiempo que otros rubros.
En todo el mundo esto fue entendido y los países vienen implementando diversos incentivos para atraer a empresas y profesionales de un sector que tiene, como característica, la globalidad, ya que permite trabajar desde cualquier lugar a sólo un clic de distancia.
Por el contrario, en Argentina, en línea con las crecientes necesidades fiscales y la mirada cortoplacista e inmediata de la recaudación, en los últimos dos años se fueron creando cada vez más imposiciones.
Una lista que se agranda
Luego de un par de años de buscar incentivar a la economía del conocimiento, los apremios fiscales hicieron que se diera marcha atrás a fines de 2018.
Con impacto desde 2019, se incluyó a los servicios en el pago de los derechos de exportación que, por encima de un mínimo, están gravados con el cinco por ciento.
"Es el único lugar del mundo donde se grava a las exportaciones, en lugar de incentivarlas", advertía la semana pasada Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, al presentar datos que mostraron nueve trimestres consecutivos de caída en las ventas externas del sector.
La Ley de Economía del Conocimiento, que finalmente se votó, no mejora esto sino que perjudica a quienes más exportan, al diluir todos los incentivos que tenía la norma original.
En diciembre de 2019, la nueva gestión de Gobierno estrenó una ley de "emergencia y solidaridad", en la que se incluyó un tributo a las operaciones que impliquen el cambio de pesos a dólares, conocido como "impuesto Pais". En este caso, el objetivo no fueron las necesidades fiscales, sino las de controlar el mercado cambiario (mención aparte merece señalar la incongruencia de aplicar un gravamen con este fin).
Desde entonces, se aplica ese tributo, con una carga de ocho por ciento para el pago de servicios del exterior, que se sumó al 21 por ciento de IVA que ya abonaban estas importaciones desde 2018.
Si bien es conocido por el público por afectar a Netflix, Amazon y a otros proveedores de entretenimiento, este tributo también impacta en herramientas de trabajo de muchos profesionales independientes: almacenamiento en la "nube", hosting de páginas web, aplicaciones de reuniones y streaming, y licencias de software de todo tipo, necesarias para trabajar y que no se proveen en el mercado local.
Pero la carga tributaria no quedó ahí. En septiembre de 2020, otra vez con la finalidad de controlar el tipo de cambio, se implementó una percepción del 35 por ciento sobre estos mismos gastos. Si bien este porcentaje es a cuenta de impuestos, en el mejor de los casos la devolución será al año siguiente, con un poder de compra devaluado.
Es otro recargo para pagar en dólares al exterior, mientras que las exportaciones de servicios se cobran al dólar oficial, cercano a 80 pesos.
Para terminar (al menos por ahora), el Presupuesto 2021 incrementa los impuestos internos a productos tecnológicos como teléfonos celulares, pantallas, televisores, equipos de audio y otros que son utilizados en las industrias del conocimiento. La alícuota pasa del 10,5 al 17 por ciento, en general, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego, aumentan de cero a 6,5 por ciento.
En el futuro, la lista puede seguir de la mano de la inagotable imaginación para crear nuevos impuestos. Es un escollo más en el camino de un sector que podría ser pujante por los recursos humanos que hay en Argentina, pero que pierde competitividad cada vez más rápido mientras el mundo va en sentido contrario.
