Cuando se presentan proyectos para incrementar la carga impositiva, sus defensores siempre hacen hincapié en quienes serán los afectados. Y siempre buscan un segmento que no resulte antipático: los "ricos", quienes obtienen rentas financieras, las empresas o los productores que "ganan dinero".
Los impulsores de estas políticas nunca ponen sobre la mesa que, la mayoría de las veces, quien figura como titular responsable de un impuesto no es quien, finalmente, lo termina pagando.
Es difícil medir de antemano ese impacto indirecto, pero termina recargando los valores (precios de bienes, servicios, salarios) o reduciendo las cantidades (menos producción, menos unidades vendidas, menos empleo, menos ahorro o inversión).
Un buen ejemplo es la actual discusión legislativa del llamado "impuesto a la riqueza", que, según la iniciativa, pagarán sólo las "grandes fortunas".
Para la Afip, alcanzaría a 9.298 personas y recaudaría 308 mil millones de pesos, según la "foto" al cierre de 2019. Un cálculo que, salvo una fuerte pérdida de capital, se quedará corto porque el patrimonio siguió aumentando con la inflación y la devaluación, pero el mínimo de 200 millones y la escala de alícuotas son los mismos.
Paga la producción
La reacción de los productores rurales que tuvo en la mira a Carlos Heller, presidente del banco Credicoop y autor del tributo, es sólo la punta del iceberg del impacto que el impuesto a la riqueza tendrá sobre la capacidad productiva del sector privado.
El tributo tiene numerosas distorsiones y puntos controvertidos. Algunos de ellos (pero no todos) son los que siguen.
En primer lugar, este aporte "solidario y extraordinario" toma como base el patrimonio declarado en el Impuesto sobre los Bienes Personales, pero sin considerar ninguna de las exenciones que este prevé. Así, no sólo van a tributar los inmuebles rurales, sino también las tenencias de títulos públicos (dinero que los particulares prestan al propio Estado, que ahora les quiere cobrar) y de depósitos bancarios.
Además, no hace ninguna distinción para el capital empresarial, que se grava con la alícuota general (entre dos y 3,5 por ciento) y es varias veces superior al 0,5 por ciento del impuesto patrimonial. Es decir, en forma indirecta (para accionistas del país) o directa (socios del exterior), serán las compañías las que asumirán el impuesto.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro lo dejó claro al advertir que se gravan "tractores y fierros", bienes productivos que el empresario usa para producir y dar empleo. Heller lo admitió al señalar que excluir las participaciones societarias dejaría sólo un gravamen "sobre las casas en los countries y de fines de semana".
Otro punto, que seguramente generará judicialización, es la confiscatoriedad. Hay una doble o triple imposición sobre los mismos bienes (provincias y municipios también gravan los inmuebles). La tasa efectiva sobre el patrimonio, al sumar Bienes Personales, parte del 3,1 por ciento y llega hasta el siete u ocho por ciento, según el Iaraf.
Si bien podría considerarse que los "ricos" se harán cargo del pago de un impuesto, no hay que confundir flujo con stock. Si el rendimiento del patrimonio es inferior a la alícuota, el impuesto "come" parte del capital.
Además, muchos de esos bienes son ilíquidos. Con un monto por pagar que parte en cuatro millones de pesos y promedia los 33 millones (según los números de Afip), los individuos deberán vender inversiones financieras y productivas, o deshacerse de ellas para ingresar el impuesto al fisco.
El efecto, otra vez, termina afectando la capacidad de recuperación de la economía en general, algo que, en estos momentos, el país no puede darse el lujo de permitir.
