Combatir la economía "en negro" debería ser, sin dudas, uno de los objetivos de cualquier gobierno, por los problemas y distorsiones que este sector marginal genera. Es una meta que en Argentina cuesta cada vez más lograr, sobre todo porque hay políticas públicas que llevan a los actores económicos a ir por ese camino no formal.
Los números de informalidad en el país son elevados. Si bien hay estimaciones recientes sobre cuál es la tasa de marginalidad (las últimas señalaban una evasión del 40 por ciento en el IVA), hay que buscar variables aproximadas, como el empleo (muy relacionado con la facturación).
En el país, el porcentaje de trabajadores que se desempeña en el mercado registrado es bajísimo. Antes de la pandemia, los asalariados con aportes jubilatorios sólo eran un 20 por ciento de la población total, y tenían la misma magnitud que la suma de cuentapropistas y de empleados "en negro". La precariedad de estos dos últimos grupos se vio en el impacto del Covid-19: los datos del segundo trimestre de 2020 muestran que los asalariados formales se mantuvieron, mientras que un alto porcentaje de informales e independientes pasaron a engrosar las filas de inactivos y desocupados.
Otra variable que da una idea de la economía marginal es la elevada tasa de utilización del efectivo. Un dato del Banco Central lo evidencia: 70 por ciento de las personas que tienen una cuenta bancaria retiran todo el dinero del banco y no usan medios digitales para sus pagos.
Una mochila muy pesada
Una de las principales razones para esta situación es la enorme y creciente presión fiscal, además de las cargas administrativas improductivas.
Según el Banco Mundial, Argentina lidera el ranking de la región en cuanto a la mayor presión fiscal sobre sus empresas: 106 por ciento de las ganancias, contando impuestos y contribuciones, contra un promedio mundial del 50 por ciento.
Y este año la carga tributaria se acentuó, por acción o por omisión. Además de la avanzada para crear nuevos tributos (el aumento de la alícuota de Bienes Personales o el "impuesto a la riqueza", por ejemplo), hay otras variables, como la inflación o el tipo de cambio, que agudizan el problema.
Por un lado, la suba de precios genera un aumento de la presión fiscal "de facto", ya que los parámetros de los impuestos no se actualizan en la misma medida. Ejemplos: el deficiente ajuste por inflación de las sociedades o el atraso de las deducciones personales para los individuos en el Impuesto a las Ganancias; o las escalas desactualizadas en el Monotributo, que generan un salto enorme al pasar al régimen general. Si se suma un año en el cual la actividad se desplomó y se pretende seguir cobrando impuestos, no es extraño que la informalidad se haya extendido.
A todo esto, se agregan los vaivenes del mercado cambiario: las restricciones a la compra de dólares, en una sociedad que los demanda cada vez más, derivan en operaciones en el mercado paralelo; la brecha cambiaria acentúa el retiro de dinero de los bancos (en pesos o en dólares) para usarlo en efectivo, y establecer otro cargo sólo genera más ruido.
Empresas e individuos pasan cada vez más tiempo pensando cómo sortear los numerosos cargos y regulaciones para seguir trabajando. Las distorsiones y la incertidumbre no ayudan para nada a reducir la informalidad ni a salir del pozo en el cual estamos cayendo.
