A 10 días de anunciada la “guerra” contra la inflación, el Gobierno nacional mostró que las únicas armas que pretende usar se parecen más a balas de fogueo para, al menos, mostrar que hace algo para que el dinero de los argentinos no se diluya en los bolsillos.
Con un ritmo de precios que no para de acelerarse, el histórico 4,7% de febrero (uno de los más altos indicadores mensuales de los últimos años) ya pone un piso de 55% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2022.
Esto sucede sin haber comenzado aún las negociaciones paritarias del año y con combustibles y tarifas atrasadas, por haber estado pisadas en los dos años de pandemia. Además, en medio de la incertidumbre internacional sobre el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania que tendrá efectos difíciles de prever.
Las medidas anunciadas hasta ahora (y no parece que hubiera mucho más) buscarían reducir el impacto de la escalada de los precios internacionales en los alimentos de consumo interno.
Por un lado, está la suba de retenciones para constituir un fondo que reduzca el precio de la harina; y por otro, una batería de precios máximos, controles y la amenaza de aplicar la Ley de Abastecimiento para los comercios.
Se apeló también a negociar acuerdos con empresarios en una estrategia pública contradictoria, ya que al mismo tiempo que se los convocaba, se los tildaba de especuladores y se les cargaba la culpa de la suba de precios indistintamente a productores, industriales y comerciantes. Las cámaras empresariales no tardaron en reaccionar.
Historia conocida
El Gobierno parece saber, de antemano, que tiene la batalla perdida. La inflación, por definición, es la suba generalizada y continuada de los precios. No se refiere sólo a los alimentos y, mucho menos, a un puñado de ellos.
Apuntar la lucha a un solo rubro, cuando hay variables que ejercen presiones al alza y que no se tienen en cuenta, es garantía de la escasa efectividad que tendrán las medidas. Además, el mero anuncio ya generó el efecto contrario.
“La guerra contra la inflación es una improvisación”, dice Gastón Utrera, titular de Economic Trends. “Primero, si los controles de los supermercados fueran efectivos, dejaría afuera a todos los canales de cercanía. Aún si los incluyera, todo eso junto es una fracción del IPC. 500 o 600 ítems no es nada en términos de lo que ofrece un supermercado, y lo mismo en los almacenes. Obviamente, (Roberto) Feletti (secretario de Comercio Interior) no va a poder frenar la inflación como lo pudo hacer hasta ahora”, opina.
Además, el economista advierte que el anuncio fue contraproducente: “La inflación en febrero y en marzo tiene 3,5 puntos porcentuales, que se explican por la dinámica de precios y el tipo de cambio, y el resto (1,2 en febrero y, seguramente, más en marzo) tiene poco que ver con los precios y sí mucho con el adelanto de aumentos cada vez que se prevén controles de precios. Nunca los controles se anuncian anticipadamente”, advierte.
Parte de esas subas se retrotrajeron días después y fue mostrado como un punto a favor por parte de las autoridades.
Variables atrasadas y presiones múltiples
“La inflación a largo plazo es un fenómeno monocausal (el déficit fiscal y la emisión de dinero), aunque en el corto plazo puede tener una explicación pluricausal, como subas de costos de producción, tipo de cambio, precios internacionales o expectativas inflacionarias”, explica Marcelo Capello, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea.
“En períodos largos, los precios no pueden subir en forma generalizada por mucho tiempo si falta el ‘lubricante’ de la economía (la cantidad de billetes y de monedas). Pero en el corto plazo pueden influir variables externas o la actualización de variables locales que se habían atrasado en el pasado, como el tipo de cambio, tarifas, precios de combustibles”, destaca.
“La inflación viene muy acelerada todo el verano y hay ciertas cosas que todavía no arrancaron, como la suba de tarifas o parte del atraso cambiario de 2021, que tampoco empezó a revertirse”, opina Francisco Gismondi, exdirector del Banco Central y miembro de Empiria Consultores.
Dos temas complican el panorama: el conflicto bélico en Europa y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntan a mejorar la situación a mediano plazo, pero que en lo inmediato generan dificultades.
“El contexto internacional y el acuerdo con el FMI van a impulsar una necesaria adecuación de las tarifas. Sumados a la suba de los combustibles, serán un aumento de costos para las empresas que, necesariamente, lo trasladarán a los precios e impulsarán la inercia inflacionaria”, advierte Mary Acosta, jefa de investigación de la Comisión Asesora de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE).
A esto hay que agregar otras variables que se acumulan para presionar a los precios.
“La inflación es un fenómeno monetario, pero funciona con mecanismos complejos en una economía moderna y, en particular, en una con inflación crónica como Argentina. Por eso, hoy hay que mirar menos a la evolución de la cantidad de dinero que a la evolución de salarios y del tipo de cambio”, sostiene Utrera y le pone números al impacto: “Hace más de 10 años, una regla es aplicar aumentos salariales y del tipo de cambio oficial ponderados por 0,8 y 0,2, respectivamente. Aumentos salariales en torno al 55% anual (3,7 mensual) y dólar oficial al 2,7 mensual implican una inflación del 3,5 mensual, equivalente a 51,4 anual”.
Para Capello, las expectativas inflacionarias generalmente son más altas en países en que la inflación viene siendo alta desde hace mucho tiempo, o bien en los cuales la política económica es muy volátil y poco confiable.
Para agravar el panorama, del lado político se ven no sólo pocas armas, sino poca decisión y ningún plan. Así, la falta de confianza alimenta la inercia y retroalimenta las presiones inflacionarias del resto de las variables.
4,1%
Es la inflación prevista para marzo por los institutos de investigación plasmada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. Para el año, la estimación es de 55%.
7,5%
Fue la suba de los alimentos en febrero 2022, superior al 4,7% del nivel general del IPC. Hubo una gran diferencia entre los precios estacionales, que aumentaron 8,4%, y los regulados, con alza de 3,1%. La inflación núcleo fue alta: 4,5%.
Variables que van más allá del precio de los alimentos
1) Dólar
Suba del tipo de cambio oficial para achicar la brecha
El acuerdo con el FMI prevé una recomposición de reservas y recomponer el atraso cambiario, y esto implica acelerar las minidevaluaciones del valor del dólar oficial.
“El tipo de cambio real está ahora un 13% debajo de 2020 y es un 21% menor que en 2007. Exhibe un leve atraso que, como mínimo, no puede ampliarse”, advierte Marcelo Capello.
Pero “si el Banco Central (BCRA) cumple con lo establecido en el acuerdo con el FMI y acelera el ritmo de suba del dólar oficial, esto acelerará la inflación”, agrega Gastón Utrera, y puntualiza que el tipo de cambio pondera 0,2 puntos en la suba del índice de precios y es el principal impulsor junto con los salarios.
Lo que suceda dependerá del escenario. Para Francisco Gismondi, “uno diría que el dólar de 110 pesos es barato y el de 200 pesos es caro”, siempre que la economía se tranquilice y se genere confianza.
Para Mary Acosta, una recomposición de las reservas puede dar cierta tranquilidad al mercado cambiario en un contexto de devaluación oficial controlada. Pero se requiere estricto seguimiento por el riesgo de que se alimente un circuito inflacionario.
2) Salarios
Los ingresos quieren recuperar cuatro años de caída del poder adquisitivo
Los acuerdos salariales de 2022 recién están comenzando a discutirse, pero es un tema que el Gobierno sigue muy de cerca. Según Gastón Utrera, la ponderación de este ítem en la inflación es de 0,8 puntos, y es la variable más relevante con el tipo de cambio.
La pérdida de poder adquisitivo que se produjo desde la crisis de 2018 se empezó a revertir a mediados de 2021, aunque todavía no se llega recuperar. “El proceso por el cual los salarios suben porque suben los precios, y los precios suben porque suben los salarios, corría al 2% mensual entre 2010 y 2020, ahora corre al 3%. La inflación tiene más inercia”, dice Utrera.
Marcelo Capello también señala que la lenta recuperación del salario real presiona sobre los costos y los precios, aunque cree que “con la mayor inflación mensual que se observa en el primer trimestre de 2022, es probable que los salarios reales vuelvan a caer en febrero, en marzo, y el resto del año les cueste alcanzar a la inflación que se ha acelerado”.
Mary Acosta coincide en que los salarios se acercaron a la inflación sin recuperar lo perdido, pero sólo en el sector privado registrado. “Si bien el nivel de empleo viene subiendo, considero difícil que esto impulse demasiado al alza las remuneraciones para ser un factor de presión significativo sobre los precios en el corto plazo”, opina.
3) Tarifas
El compromiso de reducir subsidios amenaza a los costos
En la necesidad de achicar el déficit fiscal, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario (FMI) a bajar los subsidios económicos, rubro en el que la energía es preponderante y es de esperar una recomposición tarifaria para 2022 que impactará en el índice de precios.
“La necesaria adecuación de las tarifas y la suba de combustibles aumentarán los costos para las empresas, que los trasladarán a los precios, impulsando la inercia inflacionaria”, subraya Mary Acosta.
El efecto final “es menos predecible porque depende de cómo se ejecute, pero también suma a la inflación”, dice Gastón Utrera.
El Gobierno prometió que habrá una tarifa social para sectores vulnerables y un incremento inferior a la inflación para los segmentos medios. Sin embargo, no hay precisiones sobre los aumentos para los residenciales de mayores ingresos ni para el comercio y la industria.
Capello da una idea de lo que se necesita recomponer: “Las tarifas de electricidad cubrían el 15% del costo de generarla en 2015, pasaron a un 65% en 2019, y bajaron a alrededor de 35% en 2022. En los últimos 12 meses, mientras el IPC general subió 52%, el capítulo donde inciden la energía, combustibles y otros servicios de la vivienda lo hizo en 30%”.
4) Combustibles
La guerra presiona los precios internacionales al alza
Durante 2021, por el año electoral, los precios de los combustibles se habían atrasado. “En enero de este año la nafta súper se ubicaba en 0,87 dólares por litro, bastante por debajo de los 1,28 dólares por litro que se pagaba en diciembre de 2017″, cuenta Marcelo Capello.
La necesidad de revertir ese atraso en 2022, sumada a la disparada de los precios internacionales por la guerra entre Rusia y Ucrania, hizo recomponer dos veces los surtidores en los primeros meses de 2022, pero se esperan mayores alzas el resto del año.
¿Cuánto podrían subir? Antes del conflicto, el barril de petróleo Brent rondaba los 90 dólares y un mes después toca los 120 dólares.
A su vez, al país le costará mucho más caro este año importar el gas natural licuado (cubre un 30% de las necesidades de 2022): la estimación oficial preveía un valor de 25 dólares el millón de BTU. Es el triple de 2021, pero podría quedarse corto porque llegó a superar los 50 dólares en estas semanas.
Gastón Utrera calcula que el impacto de los combustibles en la estructura de costos es mucho menor del que siempre se le asigna.
“La nafta impacta en forma directa en un 4,5%, mientras que el gasoil pega en un 2,5. Así, en total, por cada 10 puntos de suba del combustible, el impacto en los precios será de un seis por ciento”, puntualiza.
5) Impuestos
Sin intención de aliviar la presión fiscal récord
El contenido impositivo atraviesa todos los precios de la economía. Si bien no es una herramienta que reduzca la inflación (que por definición es un aumento permanente y generalizado de precios), sí podría morigerar su impacto en el bolsillo durante un período corto de tiempo. Podría pensarse, por ejemplo, para reducir el efecto de la guerra de Ucrania en los precios internos.
Reducciones impositivas en estos momentos pueden pensarse en varios frentes: como la baja del componente tributario en los combustibles o la “reducción del IVA a los alimentos de la canasta básica”, como propone el Centro de Almaceneros de Córdoba.
Según Capello, la presión tributaria de los tres niveles de gobierno es del 31,5% del PIB en 2021, contra 21% en 2000, con una suba de 1,2 puntos entre 2019 y 2021.
Sin embargo, en la necesidad de reducir el déficit fiscal (y sin intención de achicar el gasto público) es difícil pensar en bajar impuestos. Más bien, se busca aumentarlos como sucedió con las retenciones a la exportación de harina y de aceite de soja.
Una tarea también difícil porque, como recuerda Mary Acosta, la presión impositiva es lo suficientemente alta como para que no exista posibilidad de incremento de alícuotas o de nuevos impuestos. Además que “la correlación de fuerzas en la política haría inviable algún cambio”, afirma.
