- Los costos impositivos siempre los paga el consumidor. Y cuando sube el precio
- la demanda baja.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para establecer una alícuota del 10,5 por ciento en el IVA a distintos tipos de leche. Y la polémica quedó servida sobre si implica un mayor o menor gravamen.
La iniciativa va en el sentido correcto. Hoy sólo tiene alícuota cero una variedad del producto (leche pasteurizada) que no se vende desde hace años en Argentina (la que más se consume tiene el 21 por ciento). Es decir, en la práctica la leche quedó fuera de la canasta básica que está gravada al 10,5 por ciento, y esta ley corregiría esa situación.
Lo que llama la atención es que en los argumentos del proyecto se criticara la eliminación del IVA a 14 productos, una decisión que había tomado el Gobierno anterior a mediados de agosto de 2019 y que no fue renovada en enero de este año.
Lo que se señaló para justificarlo es que la exención no redujo los precios. Por el contrario, sí se mantuvo la política de precios máximos que, con distintos nombres, se implementa desde hace años.
Vale la pena detenerse sobre esta consideración contraria a toda lógica (a menor impuesto, menor precio final). En momentos en que la inflación es galopante (fue de 53,8 por ciento en 2019), el impacto de cualquier reducción de costos (como una baja impositiva) no necesariamente se verá en una disminución de los valores nominales de los productos. Lo más probable es que el efecto sea que estos precios no suban como lo hubieran hecho si no se hubiera tomado esa decisión.
También podría haber una recuperación del margen del comerciante, aunque esto estará limitado por el ímpetu de la demanda (restringida en recesión).
El costo lo paga el consumidor
Lo que sí es seguro es que un aumento de la carga impositiva a cualquier eslabón de la cadena de producción, de distribución o de comercialización terminará impactando en el bolsillo de los usuarios y de los consumidores. Esto se aplica a cualquier bien o servicio: desde la leche hasta la energía eléctrica; desde el combustible hasta la mano de obra.
Y cuando el precio sube, la demanda de ese producto o servicio baja. Dependiendo de lo esencial que sea ese consumo, si la demanda baja lo suficiente, en lugar de recaudar más, los mayores tributos reducen los ingresos del Estado. Una paradoja, si se quiere, que señaló en la década de 1970 el economista Arthur Laffer con su famosa curva, en la que comparaba la recaudación con la alícuota de un impuesto.
La inflación y su impacto en las necesidades básicas de la población son, sin duda, un tema que el Estado debe atender. Pero la intervención estatal puede tener varias formas: unas generan las condiciones para un nuevo equilibrio de mercado al precio y el volumen deseados; las otras imponen distorsiones y provocan desequilibrios imposibles de sostener en el tiempo.
Más allá de esta época de cuarentena (que es excepcional y que puede distorsionar el análisis), la reducción o la exención impositiva a los productos de la canasta básica son medidas que tienen un efecto en el precio menos distorsivo que los valores máximos.
No hay que olvidar que el impacto es acotado y no será más que un corto paliativo si no se atacan los problemas macroeconómicos que están en el fondo de la inflación, que llevará años corregir y que habría que encarar de una vez por todas.
