Esta semana, los jubilados fueron un tema central de la agenda informativa y en la del Gobierno nacional. Enhorabuena; hay mucho para decir sobre ellos y su realidad.
Por ejemplo, que la enorme mayoría de los jubilados nacionales, el grupo de pasivos más numeroso, cobra haberes paupérrimos. En marzo, la jubilación mínima –percibida por la mitad de los pasivos– más el bono totalizan $ 349.121,71.
En Córdoba, a diciembre de 2024, el haber medio entre las 333.027 jubiladas nacionales estaba unos pesos encima de los $ 350 mil; y entre los varones (183 mil pasivos) en $ 485 mil, según cálculos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Las cifras podrían causar risa si no se tratara del sustento de mujeres y hombres mayores de 60 y 65 años. No hace falta, pero pongámoslas en relación con lo que deberían cubrir. Por ejemplo, la canasta mínima de jubilados calculada por la Defensoría del Pueblo porteña: más de $ 1,2 millones. No llegan al tercio.
Sigamos, sólo para cruzar el tema con otro de la agenda semanal: la Legislatura cordobesa, envuelta en una polémica por la reticencia a brindar a La Voz información sobre su personal. Allí, el básico entre quienes se desempeñan como “asistentes funcionales” (tareas administrativas) arranca en $ 540 mil, pero rápido escala hasta pasar los $ 2 millones mensuales.
Los pasivos nacionales llegaron al actual subsuelo tras perder de manera casi sistemática contra la inflación en los últimos años. Sólo para mencionar un descenso reciente, respecto del último trimestre de 2023 la mínima está 13,3% por debajo, según calculó el Centro de Economía Política Argentina (Cepa).
Otro motivo importante por el que es muy bueno que ellos estén en agenda por estos días es la caducidad, el 23 de marzo, de una de las moratorias establecidas por la ley 27.705. Esta permite a quienes llegan a la edad jubilatoria sin 30 años de aportes realizados al sistema previsional completar con importantes facilidades ese requisito y acceder a una jubilación. Lo hace, eso sí, a costa de agudizar el desequilibrio económico del sistema.
Para llegar a esos 30 años de aportes, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) calcula que una persona debe estar en promedio el 67% de su vida laboral formalizada, algo que, dada la precariedad que reina en el mercado laboral, suena a ficción para una enorme cuota de argentinos.
Conclusión: desde el 24 de marzo, jubilarse dejará de ser una posibilidad para muchos argentinos. Deberían, sí, poder acceder al cobro de una prestación universal para el adulto mayor (Puam), equivalente al 80% de una jubilación mínima. En marzo, con bono, está en $ 293.297,36.
Gases, en lugar de reformas
Agreguemos –por si hiciera falta– un motivo más para que los jubilados sean tema excluyente: en esta gestión nacional, tal como pasó en anteriores, vienen siendo el pato de la boda. La “motosierra” cortó su rebanada más gruesa sobre el gasto previsional, que equivale a un 10% del producto interno bruto, aproximadamente.
Aquí Javier Milei replicó una práctica de sus últimos antecesores: todos prefirieron licuar haberes con mayor o menor sutileza –incluso merced a repartir jubilaciones sin pensar en su financiamiento– antes de encarar el problema de fondo, es decir, una reforma estructural del sistema previsional que le restituya sustentabilidad y equidad. Y encontrar el modo de acompañar en la vejez a los castigados por la informalidad o la precariedad laboral.
Esto último, claro, requiere intenso trabajo técnico y mucha, pero mucha, destreza política para construir viabilidad legal a los cambios. Exactamente lo contrario a ganar enemigos gratis con base en insultos o desangrarse en internas que terminan a trompadas y “vasazos” de agua en el Congreso.
Hay que discutir aristas complejas y tomar las decisiones incómodas, que hasta ahora eludieron muchos presidentes y aun más gobernadores. Por ejemplo, definir la pertinencia o no de los 177 regímenes de excepción vigentes, de los cuales 175 son deficitarios, según contabilizó Cippec. Se trata de un variopinto colectivo que incluye desde atendibles requisitos más flexibles de acceso a la jubilación para quienes desempeñan tareas riesgosas o insalubres, hasta bolsones de privilegio difíciles de justificar.
Un cálculo de 2023 de Cippec precisó que en todo ese universo, el haber promedio estaba 85% por arriba que la media del resto de los jubilados.
Como se ve, la “agenda jubilados” incluye muchos aspectos urgentes y desafiantes por trabajar. Sin embargo, nada de esto fue puesto sobre la mesa por el Gobierno en la semana que cierra.
Al contrario, el esfuerzo oficial apareció focalizado en diseñar un cuantioso operativo policial que, más que evitar, terminó escalando la violencia de un grupo menor de inadaptados que participaron de la marcha –nada multitudinaria– del miércoles pasado.
Al subsumir bajo provocaciones de “barrabravas a sueldo” el reclamo que los jubilados tienen todo el derecho (y obvios motivos) para realizar, el Ejecutivo eligió confundir, victimizarse, azuzar broncas y eludir así la agenda pendiente con los pasivos. “¿De qué se quejan?”, le faltó decir.
Riesgoso mecanismo en una época de problemas cada vez más acuciantes.
