Los mayores costos que generó la pandemia, el impacto de la suba del dólar en los recursos humanos y tecnológicos y la reducción en la cantidad de pacientes que visitan los centros médicos, son factores que están reduciendo la sustentabilidad de la salud privada.
Estas fueron algunas de las conclusiones que dejó la reciente conferencia virtual que organizó el Sanatorio del Salvador, en el marco de la celebración de sus 25 años, bajo la consigna “Cómo estamos vivos y operativos”.
La charla estuvo encabezada por su director, Gustavo Vigo, y tuvo la participación del presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina, y del titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra-Cedim), Jorge Cherro.
“El saldo de la pandemia para el sector privado es negativo, a pesar de las medidas de ayuda del Estado nacional y provincial. Si tomamos 12 meses, es como si no hubiésemos trabajado cuatro, mientras que los costos fijos del funcionamiento operativo se incrementaron por las adecuaciones estructurales y de recursos humanos, como aumentar enormemente tanto el uso como el precio de medicamentos y otros insumos como guantes y barbijos que antes no tenían un peso significativo”, aseguró Vigo.
La pandemia profundizó la crisis
La crisis cambiaria que se desató en abril de 2018 se profundizó con la pandemia, afectando al sector de la salud privada, que está basado en dos pilares básicos, el trabajo altamente calificado y la tecnología médica, ambos factores atados al dólar.
Como parámetro, Colina advirtió que en 2012 los trabajadores ganaban en promedio 1.200 dólares; tras la pandemia, el salario real se desplomó a 400 dólares del mercado paralelo.
Eso impacta directamente en los médicos, que ven cada vez más difícil especializarse o empiezan a considerar mejores oportunidades en el exterior.
A esto se suma el aumento del precio de la tecnología y los medicamentos, la licuación de los ingresos para el sector privado y la disminución de los aranceles de los prestadores médicos (en términos de dólares), entre otras variables.
En este contexto, Cherro remarcó como alivios para el sector la reducción de la presión fiscal y la ayuda para el pago de salarios.
Sin embargo, a estas medidas, no logran acceder el 50 por ciento de centros de salud. La consecuencia es que están siendo absorbidos por otras instituciones más grandes, lo que concentra en pocas manos la prestación de medicina de cierta complejidad.
A su vez, recordó con preocupación que la Ley de Emergencia Sanitaria vence el 31 de diciembre de este año y sostuvo que para una agenda de sustentabilidad es indispensable que la actividad privada continúe gozando de subsidios y facilidades.
Finalmente, apuntó a la industria farmacéutica y planteó su responsabilidad social y ética, cuando en plena pandemia hubo “7 u 8 medicamentos indispensables para pacientes internados que aumentaron su costo de una manera que no resiste ningún análisis”.
Especificó dos tipos de fármacos: miorrelajantes y anestésicos, “algunos de los cuales aumentaron más del mil por ciento y a nosotros, los centros privados, con pacientes internados, no nos quedó otra alternativa que pagar los precios que pusieron”.
Agenda para salir de la crisis
En base a esto, Colina propuso una agenda “para salir a flote”, que incluya una restructuración del programa médico obligatorio (PMO), donde se restrinja el consumo abusivo.
También sugirió crear un sistema nacional de discapacidad que financie y gestione los servicios sociales con recursos propios.
En tercer lugar, se refirió a la creación de una agencia de evaluación de tecnologías, proyecto que da vueltas desde 2016 y que considera indispensable para regular la incorporación de tecnología, que cada vez “es más prometedora, pero también más cara”.
Por último, recomendó la creación de un fondo nacional para afrontar “el alto costo complementario”, que cubriría a toda la población en caso, por ejemplo, de medicamentos biológicos.
