La reciente aprobación en la Cámara de Senadores de la nueva ley de movilidad jubilatoria desató una fuerte controversia en el sector productivo argentino, particularmente por la forma en que se propone financiar el aumento de los haberes.
El punto de fricción central es la eliminación de las exenciones del Impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), una medida que, según múltiples actores, pone en riesgo inminente la canalización de créditos esenciales para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes).
El paquete jubilatorio y su financiamiento
Este jueves, la Cámara Alta dio luz verde a una nueva ley de movilidad jubilatoria que establece un aumento de la jubilación mínima a $ 331.000 y eleva el bono previsional mensual a $ 110.000.
Para cubrir el impacto presupuestario de esta medida, la normativa contempla diversas fuentes de ingresos. Entre ellas, se destaca la derogación del Sistema de SGR bajo el argumento de su “presunto costo fiscal”.
“Ese costo fiscal es absolutamente superavitario, las SGR no tenemos costo fiscal para el Estado”, dijo a La Voz En Vivo, Rafael Galante, integrante de la comisión directiva de las SGR.
“Para mejorar las jubilaciones es atraer inversiones y que esas inversiones generen empleo”, agregó el directivo.
Cuál es la función de las SGR
Las Sociedades de Garantía Recíproca son instrumentos clave para el acceso al financiamiento formal de las PyMEs, tanto bancario como bursátil.
Operan bajo un esquema de articulación público-privada, combinando aportes de capital de riesgo del sector privado con incentivos y supervisión estatal, lo que les permite alinear objetivos de rentabilidad con un impacto social y desarrollo económico federal.
Según un comunicado de las propias SGR, el Estado gestiona el crédito PyME de forma “eficiente”, logrando que “con el 35% que ‘aporta’ el Estado al sistema, se genera crédito PyME por un 403%”. Las SGRs enfáticamente sostienen que “potencian el financiamiento productivo, no son un gasto”.
Las cifras del impacto
El sector de las SGR ha presentado una serie de datos contundentes para demostrar el rendimiento “netamente superavitario” del sistema y su “alto impacto en términos de acceso al crédito, inclusión financiera y dinamización del tejido productivo nacional”. Entre los beneficios que genera este sistema, se destacan:
- Respaldo financiero a más de 1.000 PyMEs directamente. Otros datos elevan esta cifra a más de 100.000 MiPyMEs asistidas en todas las provincias del país.
- Sostenimiento de más de 510.000 empleos que generan las empresas beneficiarias. Las Bolsas de Comercio reportan más de 500.000 empleos formales.
- Generación de u$s1.500 millones en exportaciones anuales por parte de estas firmas.
- Movilización de más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo.
En cuanto al costo fiscal, las SGR señalan que la desgravación impositiva que reciben representa “tan solo el 0,004% del PBI”, una cifra que otras entidades, como la Bolsa de Comercio de Rosario, sitúan en “apenas el 0,02% del PB”.
Ambas cifras buscan subrayar la insignificancia de este costo en comparación con los beneficios generados. Para contextualizar, el crédito productivo total en Argentina representa apenas el 11% del PBI.
