A medida que pasan los días, varias cosas quedan cada vez más claras en torno de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Lo inesperado no era tal. Dentro del Gobierno no desconocían la fragilidad en la que estaban, ante el dilema de avanzar con la hoja de ruta que había trazado el organismo con mucha antelación o de bloquear el arranque formal de la nueva metodología para medir la inflación, mucho más sensible a las subas en las tarifas de los servicios públicos.
Se especuló hasta último momento y, ya en la cornisa cronológica, con un compromiso público de fecha y a una semana de la difusión oficial de los datos del primer mes de 2026, se eligió lo segundo. No hubo forma de contener a Lavagna, a quien antes ya le habían cambiado el calendario reformista.
El economista Joaquín Cottani, quien duró seis meses como secretario de Política Económica, aseguró que el nuevo índice estaba preparado hace dos años y que, en su momento, se analizó empezar a aplicarlo durante 2024.
El esfuerzo comunicacional del ministro de Economía, Luis Caputo, para suturar la herida autoinfligida sólo arroja saldos vidriosos, por el simple hecho de haber puesto los dedos en un enchufe sensible: el que conecta con la energía que aporta la confianza en los datos estadísticos.
Torpeza, desprolijidad deliberada, sospechas de violación del secreto estadístico y daños a la calidad institucional. Todo eso pasó. ¿Se manipularon las cifras de inflación? No.
Lo ocurrido no se compara con la impúdica intervención que practicó el kirchnerismo durante los años de Ana María Edwin al frente del Indec, bajo la sombría orientación del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Un paréntesis: quizá pocos lo recuerden, pero cuando Edwin falleció en 2019, Moreno hizo circular entre sus contactos de WhatsApp una despedida, en la que calificó a Edwin como “fiel custodia de las estadísticas públicas”.
El problema latente es que el daño reputacional no tiene vuelta atrás. Con viento a favor, es una curva de retorno larga y tediosa, como la que tuvieron que sostener Jorge Todesca y el propio Lavagna.
Economía real
No hace falta ser un especialista en estadística para concluir que las cifras que arroja el índice de precios al consumidor (IPC) no reflejan lo que realmente ocurre en el interior de cada familia.
Eso viene pasando desde hace, por lo menos, una década. Y era lo que se buscaba subsanar al actualizar el marco de referencia de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, junto con una nueva ponderación en la incidencia de los distintos segmentos de bienes y de servicios.
¿Empezaremos a ver, todos los meses, un índice paralelo que refleje una especie de “inflación blue” como resultado de aplicar la metodología abortada? Es probable.
¿Usará el Gobierno la flamante cuenta en X bautizada como Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina para repeler la difusión de esos datos? Es también probable.
El sociólogo brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien fue dos veces presidente de su país y a quien le tocó ensamblar la piedra basal del plan Real –a través del cual se suturó un traumático proceso de hiperinflación–, aseguraba que “gobernar es explicar, explicar y explicar”.
En un país que vivió un apagón estadístico durante ocho años, las explicaciones que la administración de Javier Milei ha vertido en los últimos días sobre lo ocurrido en el Indec, incluso cuando haya tecnicismos de por medio, no terminan de ser suficientes.
En agosto de 2019, invitado para un evento por los 30 años de la Fundación Poder Ciudadano, Cardoso contó que el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton solía hacer un par de preguntas para entender la dinámica de los países que visitaba.
Esos interrogantes de cabecera eran, en efecto, dos: cuál era la mayor ambición y a qué le temían. Fue entonces cuando el periodista Carlos Pagni le preguntó a Cardoso a qué debíamos temer en la Argentina. “A ustedes mismos”, contestó.
