El Indec informó que la inflación de diciembre fue de 2,8% y que 2025 cerró con un aumento de precios de 31,5%. Más allá del promedio, diciembre deja una pista sobre la “sensación térmica”. Los servicios subieron más que los bienes (3,4% contra 2,6%) y los precios regulados quedaron por encima del nivel general. Cuando empujan esos rubros –por su inercia o por ajustes rezagados–, la inflación puede ser baja en el promedio y, aun así, seguir siendo incómoda en los gastos que más pesan. En diciembre, por ejemplo, transporte (4%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) estuvieron entre las mayores subas.
Ese contraste ayuda a entender por qué, aun con inflación más baja que en los últimos años, el alivio no se siente de inmediato. Y también por qué reaparece la pregunta que domina el debate público: ¿el índice de precios al consumidor (IPC) está “mal medido” o lo que quedó vieja es la canasta con la que se lo calcula?
¿Está mal medido el IPC?
Decir que el IPC está “mal medido” es exagerado. El Indec releva precios de forma sistemática y aplica una metodología consistente en el tiempo. Lo que se discute es otra cosa: si la canasta con la que se calcula el promedio quedó vieja. Actualizarla podría mover el resultado, sobre todo porque hoy los servicios pasaron a pesar más en el gasto de los hogares.
De hecho, el propio Indec informó que empezará a difundir el IPC teniendo en cuenta los patrones de consumo de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/18 a partir de enero de 2026 (que se publicará en febrero). Aunque esa foto de consumo también tiene algunos años, es bastante más reciente que la canasta vigente (2004/05).
Esto no es un problema “argentino”: en todos los países los índices se actualizan cada cierto tiempo para no medir el presente con hábitos de consumo del pasado. Por eso, la actualización de la canasta no es “cambiar las reglas”, sino mejorar la representatividad del termómetro. Para evitar saltos que vuelvan incomparables los datos, el organismo anticipó que las comparaciones interanuales estarán empalmadas con el IPC actual, de modo de mantener continuidad para leer la evolución de precios.
En esa línea, estimaciones privadas sugieren que, con una canasta más actualizada, la inflación acumulada durante el gobierno de Milei podría haber sido del orden de 11 puntos porcentuales mayor. Es un debate atendible como discusión metodológica, pero no cambia el foco: el problema principal es que la mejora de la inflación no se traduce automáticamente en alivio si los ingresos no se recuperan.
Además, hay un dato que alimenta la idea de un “piso” que no se puede perforar. En mayo, el IPC marcó 1,5%, pero desde entonces subió mes a mes hasta 2,8% en diciembre. No implica volver a niveles extremos, pero sí, una señal de que perforar el 2% mensual cuesta y de que, para seguir bajando, hace falta que la economía gane productividad y que los salarios reales empiecen a recuperar terreno.
El verdadero desafío: que la desinflación llegue al bolsillo
Si la discusión se queda sólo en qué IPC usar, se corre el riesgo de perder el foco: lo que define la sensación social no es únicamente el índice, sino los ingresos reales. Una inflación más baja es condición necesaria para mejorar salarios, pero no suficiente.
La clave para que la desinflación se sienta en el bolsillo es que el salario real se recupere de manera sostenible. La primera etapa del programa económico permitió un ajuste rápido del gasto y cortar con el financiamiento monetario del déficit, condición necesaria para frenar la inflación. Pero si el objetivo es perforar el piso mensual y consolidar el alivio, la etapa siguiente exige herramientas más sofisticadas: reformas que eleven la productividad y propicien la inversión y el empleo formal, para que los ingresos les ganen a los precios sin reactivar presiones.
Para sostener el equilibrio fiscal y ganar competitividad, hacen falta reformas estructurales: ordenar el sistema previsional para moderar el crecimiento del gasto, y un acuerdo de coordinación fiscal Nación–provincias que clarifique responsabilidades y evite superposiciones. En paralelo, una reforma tributaria que reemplace impuestos distorsivos por otros más eficientes –por ejemplo, un esquema como el “súper-IVA”, que desplace cargas en cascada sobre las ventas– ayudaría a formalizar, a bajar costos internos y a consolidar el proceso desinflacionario. Todo esto requiere acuerdos políticos amplios, también con gobernadores, para avanzar en las reformas comprometidas en el Acta de Mayo.
*Economista de Idesa
