Pasar la escala de mil personas en un equipo de trabajo no es para cualquier empleador. El entramado productivo argentino está dominado por pequeñas y medianas empresas.
Según los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Oede), que depende de la Secretaría de Trabajo nacional, en Córdoba había alrededor de 56.800 unidades económicas en 2022.
Ese relevamiento no toma en cuenta a las organizaciones del sector público, personal en casas particulares, asalariados no registrados ni cuentapropistas o dueños.
Con esa cifra, Córdoba es el tercer distrito nacional en cantidad nominal de empresas, por delante de Santa Fe y después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y de la provincia de Buenos Aires.
El informe es de mediados del año pasado, aunque procesó datos desagregados de hace tres años, por lo que, crisis recesiva mediante, es seguro que ese número es algo menor en la actualidad.
Según el reporte, el 90% son micro y pequeñas empresas. Y las grandes no superan el 5%, aunque en esa categorización, si bien lo que más pesa es la cantidad de empleo, también hay una estratificación por facturación que difiere de acuerdo con cada rubro.
Como sea, lo que sobresale es que las megacompañías son una clara minoría. Una referencia surge de información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Con datos que llegan hasta noviembre de 2024, ese organismo (ex-Afip) consigna que a nivel nacional hay casi 529.900 empresas, de las cuales 275 dan empleo a 1.500 personas o más. Es apenas el 0,05% del total.
Se calcula que ese mismo nivel se da en Córdoba. No hay un número concreto en las estadísticas oficiales, por lo menos las que son de libre acceso de manera digital, pero fuentes ligadas a asociaciones empresariales coinciden que en la provincia habría menos de 30 compañías que pagan más de mil sueldos todos los meses.
Según pudo establecer este medio, en este grupo están las más conocidas, como Arcor y Aceitera General Deheza (AGD), además de terminales automotrices como Renault y Stellantis (Fiat). También empresas de servicios con una fuerte evolución en los últimos años, como Konecta, Evoltis y Mercado Libre.
En el sector salud, el Hospital Privado y el Sanatorio Allende se ubican en este segmento. Y en el ámbito del retail está Grupo Libertad.
Es probable que también haya instituciones educativas de nivel superior y entidades financieras. Y, por cierto, otras que están muy cerca de esa escala, como Naranja X o Grido.
Dimensión
Si uno toma sólo el impacto en empleo, la Legislatura provincial –en 2001 abandonó el sistema bicameral bajo el argumento de una reducción de costos– está en ese selecto universo de grandes empleadores. Al nivel de una megaempresa.
En la respuesta parcial al pedido de acceso a la información pública que solicitó La Voz, se consignó que la Unicameral cuenta con 1.043 personas contratadas y 389 con estatus de planta permanente.
Si bien no es comparable la actividad que desarrolla esa institución con la que desempeñan las firmas del sector privado, no deja de asombrar la dimensión en la cantidad de personal, más allá de la calidad de los servicios que se prestan.
También es curiosa la imposibilidad de conocer la distribución de esos puestos de trabajo bajo contrato, con el argumento de que es una definición de cada legislador. Sólo por promedio simple, cada una de las personas que ocupa una banca tendría 12 personas contratadas, sin contar a los monotributistas (de los que no se tiene dato alguno), si se considera solamente a los asistentes parlamentarios.
Según el Presupuesto 2025, la planilla de planta de personal vinculada con las actividades centrales de la Legislatura consigna 639 cargos, cifra que incluye a los 70 legisladores.
El programa de gasto público para cubrir el costo de esas tareas prevé destinar $ 34.800 millones este año, de los cuales, el 88% es para las partidas de personal permanente ($ 15.400 millones) y no permanente ($ 15.200 millones), que sumadas ascienden a $ 30.600 millones.
Eso se traduce en una erogación salarial bruta que nos cuesta a todos los contribuyentes de casi $ 83,7 millones cada 24 horas. Una razón –entre tantas– más que suficiente para saber cómo y para qué se usan los recursos que se aportan con los impuestos.