EL 1° de abril pasado, comenzó a regir en Argentina la ley 27.555, que impone las condiciones bajo las cuales deben regirse las tareas laborales que se desarrollen mediante teletrabajo.
Sin embargo, su aplicación por ahora está evolucionando a cuentagotas: las restricciones que son cada vez más fuertes por la segunda ola de Covid-19 y algunos puntos de la reglamentación que se deben debatir a través de los convenios colectivos de trabajo imponen que la velocidad de conexión a la ley sea lenta.
Según Sebastián Albrisi, presidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto y director del grupo Telemercado, el primer factor que frenó la plena vigencia de esta normativa fue una resolución emitida el 18 de marzo por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En ella se estableció que, “mientras se mantengan las restricciones y/o recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades nacionales, provinciales o locales, la circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión de voluntad de las partes”.
En la práctica, significa que quienes ya venían operando a distancia no están obligados a pasar a revistar dentro de las condiciones que establece la Ley de Teletrabajo, al menos hasta que se levanten o se flexibilicen las restricciones impuestas por la pandemia.
“En nuestro sector, más del 80 por ciento de los empleados están trabajando en forma remota. Se suponía que el 1° de abril entraba en vigencia la ley y eso obligaba a las empresas a tomar la decisión de retomar la actividad presencial y a ver quiénes continuaban a distancia. Pero, con esta resolución, ahora estamos en la misma situación que antes”, resumió Albrisi.
En lo que respecta a nuevos empleados, la mayoría de las firmas optan por tomarlos como presenciales y, si las circunstancias lo obligan, pasan a la modalidad remota, sin quedar regidos bajo la nueva ley.
En “stand by”
Por otro lado, Albrisi señaló que un aspecto clave es que la reglamentación de la ley dejó varios artículos en los que las condiciones laborales deben establecerse a través de un acuerdo en el marco de la negociación de los convenios colectivos de trabajo.
Por ejemplo, cómo se implementa la desconexión, las pautas por considerar cuando un trabajador tiene personas a cargo o la forma en que se calculan y se rinden los gastos.
“Son varios puntos que ya se están negociando ante el Ministerio de Trabajo, pero las paritarias recién comienzan. Hoy por hoy, la ley sola como está hecha no se puede implementar, se necesitan sí o sí estos acuerdos”, remarcó el titular de la entidad que agrupa a los contact centers.
Y aclaró: “Si alguien necesitara contratar a distancia, en teoría ya lo puede hacer, pero es difícil al no estar todavía las pautas acordadas con el gremio”.
Quienes sí ya están tomando colaboradores bajo la nueva normativa son las empresas proveedoras de software y soluciones tecnológicas.
“A partir de la entrada en vigencia de la ley, lo que están haciendo las empresas es acomodar su situación con respecto a lo que establece la ley, pero en la práctica para nuestro sector no es que las condiciones de trabajo cambien demasiado”, admitió Pablo Gigy, presidente del Cluster Córdoba Technology.
Un aspecto clave que distingue a este rubro es que la gran mayoría de los profesionales no está agremiado; por lo tanto, no se necesita de una negociación colectiva para poder avanzar con acuerdos que establezcan, por ejemplo, cómo se pagan los gastos o la provisión de los equipos para poder trabajar.
“El sector tecnológico hace años que viene creciendo con el teletrabajo y esto sólo potencia la tendencia. Además, como es un rubro en el que hay más demanda de empleados que oferta, siempre los aspirantes al puesto negocian a gusto y tienen más margen para imponer sus condiciones”, completó Gigy.
