Recientemente tuve la oportunidad de brindar una conferencia para el staff del Sanatorio del Salvador, de Córdoba, en el marco de la inauguración de sus nuevas instalaciones. Allí conversamos sobre el estado de la salud privada en Argentina y la película que estamos viendo.
Lo que está sucediendo es que la gente tiene cada vez más dificultades para ver a un médico en su consultorio privado. Los pacientes enfrentan esperas prolongadas para turnos médicos, hasta de 30 días, lo que obliga a muchos a acudir a los servicios de guardia. Pero allí se encuentran con salas abarrotadas y largas esperas de hasta dos horas y media o más. Este colapso no solo afecta a los pacientes, sino también a los profesionales, quienes deben enfrentarse a jornadas agotadoras en centros de salud saturados desde el inicio de cada jornada.
El copago o pago particular ha emergido como una solución parcial, acelerando el acceso a la atención médica. Sin embargo, esto genera una insatisfacción generalizada, ya que los argentinos recibieron la promesa de obtener la atención sin costo adicional, amparados en el Programa Médico Obligatorio (PMO). La realidad es otra: las guardias están colapsadas y los turnos se retrasan, lo que lleva a muchos a terminar pagando de bolsillo lo que el PMO promete que es gratuito.
¿Quién es el malo de la película?
Todos y ninguno o, en todo caso, es mejor repasar la película entera para que cada lector saque sus propias conclusiones.
Al comienzo de este siglo 21, en la Argentina no había inflación. Pero a partir de 2002 –como consecuencia del dispendio del Estado– volvió la inflación. A partir de 2004, la tasa de inflación pasó a ser creciente y a comienzos del 2007 el gobierno de turno comenzó a controlar de manera informal los aumentos de la medicina prepaga. En 2011 se dictó el actual marco normativo de la medicina prepaga, el cual estipula que el Estado controla los precios de la medicina prepaga.
Esta parte de la película es a la que mucha gente y muchos profesionales no le prestan atención, pero es muy importante para entenderla. Hay gente que tiene obra social y médicos que trabajan para una obra social, por lo que se preguntan qué tienen que ver los controles de precios de las prepagas con ellos.
Los aumentos de precios de las prepagas son los únicos que son explícitos en el sistema privado de salud. Entonces, las prepagas trasladan a los honorarios y a los precios de los centros privados de salud un porcentaje similar o inferior al que a ellas les autorizan. Luego, las obras sociales toman estos ajustes de honorarios y precios de prestaciones como referencia para sus médicos y sus centros de salud. Entonces el devenir de los ajustes de precios de prepagas termina condicionando –de una u otra forma– el devenir de los honorarios médicos de toda la medicina privada.
Una práctica repetida del Estado respecto de los ajustes de precios de las prepagas (que es análogo a decir de toda la medicina privada) ha sido el retraso respecto a la inflación. El paroxismo de esto fue la pandemia. Cuando comenzó el confinamiento, en marzo del 2020, se congelaron los precios de las prepagas, por lo tanto, se congelaron los honorarios de todos los médicos y los centros privados de salud. Al comienzo, se lo vio justificado por tamaña emergencia, pero a finales del 2022, cuando ya se estaba saliendo de la pandemia, todos los precios de la medicina privada eran un 20% inferior en términos reales respecto de marzo del 2020.
Téngase en cuenta que habían pasado dos años nefastos (2020 y 2021) en los que el sistema privado de salud fue puesto bajo máxima tensión con la masividad de enfermos por Covid y se salía a un 2022 con una masividad de gente con enfermedades desatendidas debido al Covid. Luego del vendaval, el 2022 terminó pareciendo un año tranquilo, aun con precios atrasados, al lado del 2020 y el 2021.
El 2023 fue aciago para la medicina privada. Porque al hecho de que venía con precios atrasados en un 20%, con gente desatendida que requería la atención no obtenida en la pandemia, se sumó la aceleración de la inflación y un nuevo congelamiento –por motivos electorales– del precio de las prepagas (o sea, de los honorarios médicos privados). En diciembre del 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, los precios de la medicina privada eran un 40% inferiores en términos reales a marzo del 2020, antes de la pandemia.
Fue en la segunda mitad de este aciago 2023 que se volvió regla la demora en los turnos, las guardias colapsadas y los pagos jugosos de bolsillo para poder acceder a un médico y a centros de salud privados.
Milei, apenas asumido, tomó la determinación de liberar los precios de las prepagas. Tan decidida fue su medida que modificó el marco regulatorio de las prepagas para eliminar el artículo del control de precios por parte del Estado. Liberar precios con un atraso 40% respecto a la inflación en los últimos cuatro años, naturalmente, llevó a que los precios de las prepagas explotaran, que es lo que pasó entre enero y marzo del 2024. En abril, el Gobierno se arrepintió y mandó que volviesen atrás los aumentos, aunque los habilitó para adelante, en la medida en que sean razonables.
¿Qué es razonable?
En un escenario en el que la gente está golpeada por la inflación, destratada en el sistema de salud privado, con pagos de bolsillo crecientes, que le suban el precio de la prepaga no la conforma bajo ninguna hipótesis. Médicos y directivos de centros de salud privados que vienen con una historia de 20 años de honorarios y aranceles médicos que, consistentemente, corren por detrás de la inflación, muy golpeados (como la gente) por la inflación actual y arrastrando el agotamiento de una inédita exigencia por la pandemia, cualquier aumento de sus precios les parece insuficiente. Hasta a las empresas de medicina prepaga, con toda su clientela disconforme y su red de prestadores médicos también disconformes, cualquier aumento en el precio del plan de salud les parece insuficiente.
El punto es que este desfinanciamiento que vive el sistema de salud privado es producto no de un hecho puntual o un accidente, sino de una historia larga de alta inflación, demagogia en los controles de precios que ofrecían a la gente medicina privada barata y demagogia sanitaria, prometiendo gratuidad en las prestaciones y la cobertura total del PMO.
El problema de la medicina privada no es ajeno a la problemática general del país. En términos del presidente Milei, a la medicina privada le llegó la hora del “No hay plata”.
¿Cómo sigue la película?
Si Argentina destierra la inflación, hay grandes chances de que la gente recupere capacidad adquisitiva, lo que dará lugar a que los honorarios médicos también se recuperen y los centros de salud puedan sacar la mente de lo financiero para abocarse de lleno a la gestión de la atención médica, recuperando la fluidez del acceso ágil a la medicina privada. Este sería el final feliz.
Si en Argentina sigue la inflación, en la medicina privada sigue la misma película que acabamos de mirar.
(*) Economista y presidente de Idesa
