Tras llegarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022, muchos analistas locales plantearon que se trataba de un programa ligth, porque no preveía reformas estructurales, además de que el compromiso del Gobierno argentino respecto al déficit primario era reducirlo en forma excesivamente gradualista: 2,5% del PIB en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% en 2024 y equilibro en 2025.
La crítica apuntaba a que si, en 2019, último año de la administración de Mauricio Macri, el déficit primario había sido de 0,4% del PIB, y con la pandemia había subido hasta 6,4%, tras la salida del confinamiento y la normalización de la economía, el acuerdo con el FMI preveía un acercamiento muy lento al equilibrio y permitía que, durante todo el período de la administración de Alberto Fernández, el déficit resultara superior al del último año del gobierno anterior. De hecho, el acuerdo contemplaba una reducción del déficit de sólo 0,6% del PIB en el electoral año 2023 y exigía una disminución equivalente a 0,9% del PIB en el primer año de la próxima administración.
Así las cosas, si en 2023 no hubiera existido el efecto de la sequía y la menor producción agroindustrial, el PIB no hubiera caído y la recaudación hubiese sido “normal” (24,6% del PIB, igual a la del año anterior), entonces el Gobierno nacional podría haber alcanzado el prometido déficit primario de 1,9% del PIB con una reducción del gasto primario de sólo 3%, en valores reales, respecto al año 2022. No muy sacrificado.
Pero en 2023 se sintió el efecto de la sequía. La recaudación apunta a resultar 22,3% del PIB este año, si se extrapola lo ocurrido en el primer semestre a todo el año. Esto es, una reducción de 2,3% del PIB en la recaudación de 2023, con relación a 2022. Frente a esa situación, y para no apartarse demasiado de la meta fiscal, en el primer semestre de 2023 el gasto primario cayó 6% en valores constantes. Los mayores recortes se dieron en el gasto en prestaciones sociales (-8%), jubilaciones (-9%), subsidios económicos (-15%) y transferencias corrientes a provincias (-21%).
Como esa contención del gasto no bastaba para cumplir la meta, con las nuevas medidas anunciadas esta semana se apunta a sumar ingresos nacionales netos por el equivalente a 0,83% del PIB, con lo que lograr un déficit primario de 1,9% del PIB en 2023; esto implicará ahora que en el segundo semestre el gasto baje 19%, en valores reales, respecto a igual período del año anterior (12% respecto al primer semestre del año), en lugar de una reducción del 26% que se hubiera requerido sin esos nuevos ingresos (22% respecto al primer semestre del año).
Dudas sobre el gasto
Los guarismos anteriores exhiben, de todas maneras, la necesidad de una importante contención del gasto en el segundo semestre de 2023, precisamente en meses electorales. Surgen dudas sobre la concreción de ese esfuerzo, no sólo por los incentivos por gastar que genera la proximidad de las elecciones, sino que, además, si los resultados de las Paso no resultan los esperados para el actual oficialismo, y percibe lejana la posibilidad de permanecer en el poder, podría disminuir el compromiso por cumplir con la meta fiscal. En ese escenario, el único incentivo que se tendría para cumplir la meta fiscal, que no sea una repentina responsabilidad de estadistas, sería la probabilidad no menor de que se produzca una gran crisis macro, con fuerte suba del tipo de cambio informal y de la inflación, que aleje del poder al actual oficialismo por varios períodos de gobierno.
Pero si la necesaria contención del gasto en los próximos meses ocurre, y se cumple la meta fiscal de este año, esa situación podría facilitar la posibilidad de que la administración que asuma en diciembre próximo pueda cumplir con mayor facilidad la meta de déficit de 0,9% del PIB fijada para 2024. Esto es así por cuanto, si no se produce una nueva sequía y se normaliza la producción y la recaudación en 2024, los recursos del sector público nacional podrían resultar similares a los del año 2022 (18,4% del PIB), aun desactivando las subas del impuesto país anunciadas esta semana.
En ese escenario, aun con un aumento de 10% en el gasto primario, en valores constantes, podría cumplirse la meta fiscal de 2024 prevista en el acuerdo con el FMI. De otra manera, si en 2024 se vuelven a tener los recursos del 2022 (en % PIB), y si el gasto resultara en 2024 igual al de 2023, en valores constantes se obtendría un superávit primario de 0,5% del PIB, sobre cumpliendo la meta.
Si la actual administración cumple en el segundo semestre la reducción real en el gasto que se necesita para alcanzar la meta de déficit de 1,9% del PIB en 2023, y la próxima administración, en una economía “sin sequía”, apuntase a lograr equilibrio primario en 2024 –para recuperar más rápido la confianza en los mercados–, entonces el año que viene el gasto primario inclusive podría aumentar un 5%. Claro que la economía en 2024 podría normalizarse por el lado del agro, pero podría existir una caída en el consumo privado si se sincera la situación cambiaria.
Obligados a controlar
¿En qué sentido, entonces, los efectos de la sequía podrían permitir “corregir” un error del acuerdo firmado con el FMI en marzo de 2022? En que la caída de ingresos en 2023 ha obligado al Gobierno nacional a ser más cuidadoso con el gasto que lo que hubiera sido si los recursos eran los normales, y esa situación podría permitir, con mayor facilidad, eliminar el déficit primario en 2024, sobre cumpliendo la meta fiscal con el FMI para ese año.
Reducir el déficit primario hasta lograr equilibrio en 2024, y superávit en 2025, no resulta necesario sólo para cumplir con el FMI, sino especialmente para que Argentina cuente con un programa macroeconómico viable, que nos saque de la persistente inflación y el endeudamiento público.
Recordemos que en el año 2005, cuando Argentina “se sacó de encima” el control del FMI sobre su política económica durante la administración Néstor Kirchner (al pagarle toda la deuda en un solo pago de cerca de U$S 10 mil millones), existía un superávit primario de 3,4% del PIB y la inflación era del 12% anual. En 2015, después de una década de política económica “independiente”, sin exigencias del FMI, en el último año de la administración Cristina Fernández pasamos a un déficit primario de 3,8% del PIB y la inflación fue del 27% anual.
Esto es, en los 10 años que van de 2005 a 2015, sin la tutela del FMI, la presión tributaria nacional subió en 5,4 puntos del PIB y el resultado fiscal empeoró en 7,2 puntos del PIB, mientras la inflación aumentó en 15 puntos anuales. Está claro, la sociedad argentina necesita protegerse de la irresponsabilidad de muchos de sus dirigentes políticos, no tanto de los organismos internacionales.
Es más, si Argentina actuara autónomamente con responsabilidad, no necesitaría de la asistencia financiera ni de la tutela sobre su política económica de organismos internacionales ni de gobiernos de países extranjeros. Los países con gobiernos desordenados y presupuestos fuertemente desequilibrados son los que pierden finalmente la autonomía.
(*) Vicepresidente del Ieral y docente de la UNC
