En el mercado empieza a consolidarse una sospecha. La insistencia oficial en sostener el ancla cambiaria en un ritmo de devaluación mensual de 2% parece que es el imán para alinear, en ese mismo escalón, la suba de precios y la tasa de interés.
Una trigonometría delicada para intentar perforar los niveles de inercia inflacionaria que, se anticipa, serán las capas más duras de limar en el segundo semestre.
En la encuesta que realiza el Banco Central, los 10 mejores pronosticadores ubican la inflación en un promedio mensual de algo más de 5% entre julio y octubre próximos.
En rigor, la mayoría de los economistas cree que ese rango será muy difícil de quebrar. La diferencia es sustancial. Si se quedase en ese nivel, la inflación anualizada sería de 80%; un ritmo de 2% la llevaría a 27% anual.
El mes pasado, la inflación núcleo fue de 6,3% (no computa la evolución de los precios estacionales ni de los regulados), pero este mes podría bajar a la mitad. Es lo que especula el Banco Central, que quiere ir un paso adelante y por eso llevó la tasa de política monetaria a un ritmo mensual de 3,3%.
Ambas variables quedan ahora más cerca del cuestionado crawling peg al que se abrazó el Gobierno desde el salto de 118% del precio del dólar oficial en diciembre pasado.
Más allá de la discusión sobre si hay o no atraso cambiario y de las señales que emite el Gobierno para sostener la apreciación del peso, la incógnita es saber si ese ritmo del 2% mensual se puede sostener sin provocar un estrés en las expectativas.
Claro que todo esto es posible gracias al pausado desarme del cepo, que garantiza un chaleco de fuerza para domar a los espíritus inquietos en los márgenes de la brecha cambiaria. El resto lo hacen el apretón monetario y el ajuste fiscal con una brutal recesión.
De todos modos, este ropaje adherido a los esquemas de anclaje no necesariamente asegura los resultados que se esperan. En todo caso, son más luces para balizar la pista.
La consultora EcoGo, que encabeza Marina Dal Poggetto, proyectó un alza general de precios de 4,6% para mayo, a partir de los relevamientos de las primeras dos semanas de este mes.
Pero a ese guarismo lo ayuda la postergación de la entrada en vigencia de las nuevas escalas tarifarias de energía. En la otra punta, eso implica más gasto en subsidios y anticipa que buena parte del devenir de la inflación de los próximos meses quedará pegado a lo que ocurra en el renglón de los precios regulados.
En lo que va del año, estos últimos crecieron el doble que la inflación núcleo. Y todavía falta para terminar de corregir el desaguisado de precios relativos que dejó la gestión de Alberto Fernández.
¿Fase agotada?
Días atrás, el presidente Javier Milei replicó en redes sociales una encuesta de Aresco (la firma creada por Julio Aurelio, que hoy encabeza su hijo Federico), según la cual el 52% de los consumidores consultados señaló que los precios de los productos básicos que compran se mantuvieron o bajaron en los últimos 15 días.
No mostró Milei la placa sobre las expectativas económicas y de empleo de la misma encuesta: menos de la mitad (47%) considera que la mejora se dará de aquí a fin de año y hay un núcleo de casi 37% que opina que eso no ocurrirá durante la gestión de Milei.
Hay quienes creen ver allí los bordes de una fase agotada entre tanta licuadora y motosierra.
La deuda con las empresas de energía es otra prueba. Los impactos están plasmados en los informes financieros trimestrales que las compañías presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Pampa Energía y Central Puerto, que son las más relevantes en el mercado eléctrico, no terminan de digerir la propuesta del Ministerio de Economía de pagar con un bono que vence en 2038 y cotiza al 50% de su valor nominal.
Esos limitantes han sido más explícitos en abril, que, si bien continuó en la senda del superávit fiscal, quedó todavía más lejos de una fluidez virtuosa.
El economista Gabriel Caamaño Gómez, de la consultora Ledesma, advirtió que la recaudación por el impuesto Pais no sólo explicó todo el resultado primario, sino que lo duplicó. “Sin el incremento de la recaudación de dicho impuesto, hubiéramos tenido un déficit primario superior a los $ 200 mil millones”, dijo.
Por lo pronto, el calor de esos números macro ni siquiera puede dar algo de tibieza a la mayor parte del entramado productivo. Hay pymes genuinamente asustadas por los efectos recesivos y el empleo empieza a crujir por varios costados.
Obligado a suavizar, el Gobierno viene metiendo rebajes que achican los resultados fiscales, mientras espera que el Congreso le facilite las llaves para darle sustentabilidad al equilibrio fiscal, seducir a inversores y empezar a tejer las reformas estructurales para que volver a crecer no sea una quimera.
