Luego de conocerse los datos de inflación de abril, que marcaron un récord de 8,4% de inflación mensual y 108,8% interanual, Sergio Massa convocó a funcionarios y a colaboradores durante el fin de semana para trabajar en una batería de medidas que fueron anunciadas el pasado lunes. Además, no se descartan nuevos anuncios en los próximos días.
Para no perder la perspectiva, pensemos que desde fines de 2022 la inflación viene aumentando todos los meses, desde 4,9% mensual en noviembre hasta 8,4% en abril. Como se puede ver en la figura, lo preocupante de los datos difundidos por el INDEC no es sólo la magnitud de los aumentos de precios, sino también la escalera ascendente en la que ha entrado la dinámica de la economía durante los últimos meses.
¿En qué consisten las medidas?
La batería de medidas anunciadas busca incidir en el plano monetario, cambiario, el nivel de actividad y la formación de precios.
En lo monetario, el Banco Central subió la tasa de política monetaria, es decir, la que paga por las Leliq y la tasa de plazo fijo, al 97% de tasa nominal anual (TNA). Al ser posible reinvertir los intereses mensuales generados, la tasa efectiva anual (TEA) es del 154%. Si anualizamos la inflación del último trimestre, obtenemos que los precios están aumentando a un ritmo del 140% anual, por lo tanto, la medida cumple el objetivo de que, al menos por ahora, la tasa de interés real sea positiva.
Respecto al manejo del mercado de divisas, se afirma que el Banco Central va a aumentar la intervención en el mercado de cambios a la vez que se agilizará el sistema Sira (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para acelerar importaciones de bienes de capital. Se busca cerrar posibles acuerdos adicionales con el FMI y China, que refuercen las reservas del Banco Central y posibiliten lo anterior.
Por otro lado, en búsqueda de sostener el nivel de actividad, el Banco Central dispuso bajar la tasa de interés a la que se financian las personas ante deudas con la tarjeta de crédito del 88% al 86% (TNA) y se mantienen las líneas de crédito subsidiadas para las MiPyMEs.
El Ministerio de Economía se suma en la baja de la tasa de interés por los créditos Ahora 12, que pasa del 85% de la tasa de plazo fijo al 75%, se lanza un reintegro por consumos con tarjeta de débito a sectores vulnerables y hay un alivio para moratorias fiscales.
Respecto a los precios, el Ministerio de Economía declaró a los formadores de precios como responsables de la inflación, por lo que crea la Unidad de Análisis de las Operaciones de Comercio, ordena a la Afip a realizar controles de precios y de la situación fiscal de negocios en el Mercado Central, y elimina aranceles de algunos insumos que no han sido especificados.
Contradicciones e insistencia
Más allá de las muestras gestuales de preocupación y trabajo del fin de semana, el plan de Massa no se constituye como un ataque directo a la inflación. Por el contrario, suma incertidumbre al implementar medidas contradictorias entre sí y continúa insistiendo en los mismos mecanismos utilizados hasta ahora y que no han podido controlar la inflación.
El plan es contradictorio porque mientras que el Banco Central sube la tasa de interés para frenar el consumo y desinflar los precios, el Ministerio de Economía ordena una baja de tasas en el programa Ahora 12 y en líneas de crédito productivas, fomentando el consumo. Y mientras se afirma que el Banco Central será más restrictivo en otorgar acceso a los importadores para conseguir dólares, menciona que acelerará las importaciones de bienes de capital y rebajará aranceles a la importación de algunos bienes que aún no se han especificado.
Lo más grave es que los anuncios muestran, además, la insistencia del gabinete en combatir la inflación con las mismas herramientas que no dieron resultados. La idea de implementar controles de precios no es nueva ni en esta administración ni en la historia argentina. Los controles de precios, implementados aisladamente, nunca han tenido éxito para contenerlos, y sólo han culminado con un desfase de los precios controlados respecto a los libres y racionamiento de los productos bajo control.
La salida es ordenando el Estado
Los bancos centrales del mundo han tenido una ardua tarea durante este tiempo en frenar la inflación y comenzar a llevar sus economías rumbo a las tradicionales tasas anuales de inflación de un dígito. Países sin historia inflacionaria reciente y con bancos centrales independientes han comenzado a cumplir eficazmente esta tarea.
Aun así, les ha resultado un gran desafío, que ha sido posible por la determinación de los banqueros centrales en seguir su mandato de política monetaria y no ser cooptados por la política fiscal.
En Argentina, con una inflación mensual cercana a los dos dígitos, comienza a importar cada vez más la rapidez con la que se convalidan los aumentos de precios, por lo que es trascendental dar señales claras para encaminar las expectativas de precios a la baja y dejar de alimentar a la inercia. Con anuncios incongruentes y con las mismas medidas que llevaron a este punto, la economía difícilmente vuelva a niveles de inflación más bajos.
La propuesta de dolarización, a pesar de haber ganado un lugar en la discusión pública, no se constituye como una solución perdurable. Más allá de la factibilidad de dolarizar y a qué tipo de cambio hacerlo, tarde o temprano será una reforma reversible si no se resuelve la pata fiscal. Más aún, no hay plan monetario –sea de tasa de interés, de control de la cantidad de dinero o de dolarización– que funcione si no se encara un profundo proceso de modernización del Estado. Una salida monetaria, por más sofisticada que sea, nunca podrá resolver la raíz de un problema instalado y agravado por el desmanejo fiscal.
Aunque políticamente incorrecta, la salida es ordenando integralmente el Estado. Este ordenamiento no implica el tan temido ajuste fiscal, sino una verdadera reforma global: ordenamiento tributario (unificación de impuestos, distribución de potestades tributarias entre la nación y las provincias, y eliminación del régimen de coparticipación), ordenamiento previsional (eliminación de regímenes especiales, flexibilización de requisitos para jubilarse y cierre de moratorias) y ordenamiento funcional (eliminación de solapamientos entre niveles del Estado y profesionalización del gerenciamiento público).
* Economista de Idesa
