El desempleo en el segundo trimestre de 2024 fue de 7,6%, lo que representa un aumento respecto a igual período del año pasado, cuando alcanzó al 6,2% de la población económicamente activa.
Pero evaluando en una perspectiva histórica, no se trata de un desempleo elevado: la tasa de desocupación promedio de los últimos 20 años fue de 8,5%, incluyendo los picos en los períodos 2004–2006 y 2019–2020, cuando llegó a los dos dígitos.
Entonces un desempleo del orden del 7% u 8% está dentro de parámetros que pueden considerarse habituales. Esto no significa que no existan severos problemas laborales, sino que, en mercados laborales con alta informalidad como el argentino, se manifiestan por otras vías.
¿Por qué el desempleo no es el problema?
Según el Indec, en la última década (2014–2024) la fuerza laboral en Argentina creció en 3,2 millones de personas, de las cuales el 92% consiguió empleo y el 8% se mantuvo desempleado.
De las personas que consiguieron empleo, apenas el 5% se insertó en relación de dependencia registrado en una empresa privada, mientras que el 20% consiguió empleo en el sector público y el 75% restante se insertó como empleado “en negro” o cuentapropista.
Esto explica por qué los asalariados formales privados se han mantenido en el orden de los seis millones de trabajadores por más de una década. La enorme mayoría de las personas que se incorporan a la fuerza laboral lo hacen en la informalidad, ya sea como asalariado no registrado o como autoempleado, sobre todo como monotributistas.
Esto demuestra que el verdadero problema del mercado laboral no es el desempleo, sino el deterioro de la calidad de los nuevos empleos y de los ya existentes.
Dos factores clave: la legislación laboral y el crecimiento económico
En la falta de dinamismo del mercado de trabajo hay dos factores que juegan un rol fundamental. Por un lado, la legislación laboral actual que, entre otras cosas, mantiene vigentes convenios colectivos centralizados que imponen las mismas escalas salariales a situaciones productivas muy heterogéneas. Bajo este modelo de negociación, las pymes no pueden enfrentar los costos salariales que se negocian y terminan contratando “en negro”.
El otro factor es el estancamiento económico. El producto bruto interno creció durante el período 2004–2013, pero a partir de ahí se estancó. Como está estancado, también está frenada la creación de empleo registrado.
Entonces ambos factores se retroalimentan y profundizan la fragmentación del mercado laboral en tres partes: los trabajadores formales, que representan apenas un tercio del total; los informales, compuestos por cuentapropistas y asalariados no registrados, que constituyen cerca de la mitad de los ocupados; y aquellos sin ocupación, que pueden estar buscando empleo o no.
¿Por dónde empezar?
Primero, es necesario cambiar el foco desde el desempleo hacia políticas que impacten en la inactividad y la informalidad laboral. Un primer paso en este sentido sería permitir que las pymes se “desenganchen” de los convenios colectivos sectoriales y puedan negociar sus propias condiciones laborales con sus trabajadores. De esta forma, podrían afrontar costos más acordes con su productividad, fomentando la contratación formal.
En segundo lugar, es imprescindible crear un ambiente propicio para la inversión y los aumentos de productividad. Hasta ahora, la inflación ayudó a evitar la destrucción de empleos porque el ajuste se dio sobre todo por una licuación de salarios. Pero en un posible escenario de estabilidad de precios, la modernización de las instituciones laborales debe ir acompañada de un escenario de reactivación económica que incentive nuevas contrataciones.
