Santa Fe, La Pampa, Río Negro, la ciudad (Caba) y la provincia de Buenos Aires son los distritos donde hasta ahora distintos partidos de la oposición presentaron siete proyectos para que los gobiernos adhieran al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, ese que obliga a discriminar en tickets y facturas la incidencia de los impuestos. La novedad es que Córdoba acaba de sumarse a esa lista.
El régimen (aprobado en 2024 en la Ley 27.743) fue reglamentado y comenzó a ser implementado por la Nación al inicio de este año. Desde entonces, grandes empresas (cadenas de supermercados, por ejemplo) están obligadas en todo el país a emitir tickets de compra en los que se vea con claridad cuál es el componente de IVA e impuestos internos nacionales. A partir del 1° de abril, el requisito se extenderá a todos los comercios.
La norma nacional insta a provincias y A municipios a adherir; pero hasta ahora ningún Ejecutivo dio pasos concretos en ese sentido. Las fuerzas opositoras, en cambio, sí vienen impulsando distintos proyectos de adhesión en las legislaturas de esas cinco provincias.
En Córdoba, el legislador Gregorio Hernández Maqueda (monobloque Mejor Futuro) acaba de hacer lo propio: esta semana presentó el proyecto de adhesión al Régimen en la Unicameral y espera que tome estado parlamentario y sea girado a comisión en la sesión de este miércoles. Lo mismo hizo el presidente del bloque de la UCR, Matías Pablo Gvozdenovich, con el apoyo de toda esa bancada.
“No tengo dudas de que en este tema voy a tener el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio y también de legisladores como Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba e integrantes del PRO. No hemos hablado aún de la iniciativa porque recién ingresa, pero esta misma semana voy a plantearlo”, dijo confiado el exreferente de la Coalición Cívica que hoy manifiesta total sintonía con la administración de Javier Milei.
Desde el bloque radical, destacaron la coincidencia y anticiparon que lo más probable es que su iniciativa y la de Hernández Maqueda se compatibilicen en un proyecto conjunto.
De todas maneras, tal como está planteado el equilibrio de fuerzas en el cuerpo luego del último cambio de reglamento interno, sin el apoyo del oficialismo el proyecto no tiene chances de convertirse en ley. En ese punto, Hernández Maqueda anticipó: “Voy a plantearlo de inmediato a colegas del oficialismo y tengo fe en que podrán apoyar el tema. Quizá la Gobernación envíe su propia iniciativa y la podamos consensuar. Ya que no se cede a la baja de impuestos, bien puede tomar esto, que simplemente es darles mayor transparencia. De todas maneras, al Ejecutivo le quedará la herramienta de la reglamentación”.
Tal como suelen ser las adhesiones, el proyecto de Hernández Maqueda es breve (cuatro artículos, uno de forma) y en esencia plantea que la administración provincial se acopla de manera explícita al Régimen previsto en la ley 27.743.
En su segundo artículo, menciona el tipo de tributos que deben transparentarse tal como sucede ya con los nacionales: “El impuesto a los Ingresos Brutos (IB), los demás impuestos provinciales indirectos y las tasas municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de las ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios deberán encontrarse discriminados en los comprobantes fiscales emitidos a tal efecto”, reza.
Un tercer artículo señala: “La Dirección General de Rentas deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para que dichas obligaciones se efectivicen, en consideración de la Resolución General N° 5614/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”.
Hernández Maqueda precisó que si la adhesión se efectivizara, el requisito de transparentar tributos aplicaría fundamentalmente a IB, sellos (que ya se discrimina en contratos de alquiler y resúmenes de tarjetas de crédito, por ejemplo) y tasas municipales para, en principio, aquellos municipios que no cuentan con Carta Orgánica, ya que estos deben darse su propia adhesión.
Por su parte, el de la UCR contiene un artículo que establece: “Adhiérase la Provincia de Córdoba al Título VII de la Ley 27743 Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, Reglamentada por la Resolución 5614/2024-AFIP-ARCA, a los efectos de que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios y dar efectivo cumplimiento al compromiso público asumido por el ex Gobernador Juan Schiaretti”.
Esto último alude a que el exgobernador fue el primer candidato presidencial que en la campaña de 2023 se comprometió, ante la ONG Lógica, a convertir en ley el que por entonces era un proyecto de régimen de transparencia fiscal.
Para la ONG Lógica, no es “opcional”
El proyecto de Hernández Maqueda llega en medio de la campaña a nivel nacional que realiza Lógica, autora del proyecto que terminó alumbrando el Régimen de Transparencia.
La entidad percibe en las administraciones en los 24 distritos del país poca voluntad para acoplarse a esta nueva normativa, y por eso envió cartas a los 23 gobernadores (incluido Martín Llaryora) y al jefe de Gobierno porteño para presionarlos a que se sumaran al régimen, al que considera clave para lograr transparencia fiscal y empoderar al consumidor.
Por otra parte, la interpretación de Lógica es que adherir no es algo optativo. “La propia Constitución, que está por encima de la ley, lo señala. En su artículo 42, dispone que los consumidores tienen derecho ‘a una información adecuada y veraz’, y allí mismo establece que las autoridades deben proveer de ‘la educación para el consumo’”, apuntan desde la ONG.
Hasta ahora, son cinco los Ejecutivos provinciales que por escrito dieron a Lógica el compromiso de adherir al régimen, aunque aún no lo efectivizaron. Se trata de Caba, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones.
“Córdoba está analizando adherir. No es un tema lineal. Queremos ver si esta adhesión o compromiso que realicen otras provincias no requiere de parte de los comercios una inversión y cambio tecnológico para amoldarse a esta iniciativa”, explicaron días atrás a La Voz desde el Centro Cívico.
A la vez, y ante una pregunta incluida en la misiva de Lógica, aclararon que la Provincia no prevé aplicar ninguna sanción a comercios que quieran avanzar con esta idea por iniciativa propia.
