El Gobierno nacional decidió avanzar con uno de los puntos centrales del Acta de Mayo: la reforma tributaria. Uno de sus principales objetivos es eliminar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, que afectan la competitividad y suman complejidad administrativa a las empresas.
Pero eliminar Ingresos Brutos no es simple. Primero, porque la Nación no tiene potestad para obligar a las provincias a reducirlo, ni tampoco a tocar otros tributos que dependen de los fiscos provinciales. En segundo lugar, porque hay resistencia por parte de los gobernadores que dependen fuertemente de lo que recaudan por Ingresos Brutos. En ese esquema, han encontrado una fuente de financiamiento estable y difícil de reemplazar. Por eso, pese a su efecto negativo sobre la actividad económica, el impuesto se consolidó como un pilar de la recaudación subnacional.
¿Cómo planea el Gobierno resolver este dilema? Creando el “super-IVA”.
El sueño de los empresarios: decirle adiós a Ingresos Brutos
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo provincial que, en general, se calcula como un porcentaje mensual sobre las ventas. Cada provincia define sus propias reglas: alícuotas, exenciones, mínimos y regímenes de pago anticipado. Durante el mes, los contribuyentes sufren retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias que se deducen una vez que se determina el impuesto. El régimen de pago anticipado más famoso y odiado –pero no el único– es el Sircreb, es decir que, cada vez que se mueve la cuenta bancaria, el banco está obligado a retener un porcentaje que es considerado pago a cuenta de Ingresos Brutos.
El resultado es un laberinto normativo. De hecho, 24 jurisdicciones con cientos de alícuotas diferentes y 75 regímenes de pago anticipado generan una burocracia asfixiante. La carga administrativa es extravagante. Muchas veces las empresas invierten más recursos en lidiar con los impuestos que en sus tareas sustantivas. Ejemplo, un emprendedor que quiere lanzar una tienda online termina invirtiendo más en sistemas para gestionar Ingresos Brutos que en vender.
Además, muchas provincias abusan de los anticipos. Las empresas terminan pagando por adelantado más de lo que realmente deben, acumulando saldos a favor que rara vez pueden recuperar.
Desde hace mucho tiempo, el sueño de cualquier empresario es liberarse de este impuesto muy irritante, por lo arbitrario y distorsivo. Pero en épocas de tipo de cambio real relativamente bajo, abordar este tema es imprescindible. Es muy difícil exportar cuando en el costo hay que incorporar Ingresos Brutos en las diferentes etapas del proceso de producción y comercialización y a ello sumarle sellos, tasas municipales e impuestos al cheque. En el mismo sentido, competir con productos importados –que no pagan nada de esto en su país de origen– es una pelea desigual.
Para ganar competitividad, hay que cambiar muchas cosas. Pero probablemente la primera sea eliminar Ingresos Brutos y las tasas municipales. No alcanza con reducir alícuotas, como recientemente promociona Chaco o como intentaron otras provincias tras el Consenso Fiscal. Son impuestos que no tienen arreglo, por lo tanto la única alternativa es eliminarlos. No es casual que casi ningún país los utilice.
La solución: el “super-IVA”
Cobrar múltiples impuestos sobre el mismo hecho imponible va en contra del sentido común. Pero esto es lo que ocurre cuando al IVA se le suman Ingresos Brutos y tasas municipales. Estas últimas funcionan como otro impuesto sobre los ingresos brutos solapado, violentando la Constitución Nacional.
Hay que asumir que el Impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales son tan rudimentarios que tratar de moderar sus impactos distorsivos es una estrategia inconducente. Por ejemplo, haciendo un gran esfuerzo fiscal, se podría pedirles a las provincias que redujeran sus alícuotas. Pero esto sería un paliativo menor. Los contribuyentes necesitan que se elimine la parafernalia de regímenes de pago a cuenta y lo engorroso de lidiar con una enorme cantidad de normas tributarias. Para eso, la única solución es eliminarlos por completo y que las provincias asuman el compromiso de que la eliminación sea irreversible.
Para avanzar en este sentido, una estrategia es fortalecer el IVA. Con el “super-IVA” absorbiendo Ingresos Brutos y tasas municipales, los avances simplificadores son enormes. Tanto para el contribuyente como para el Estado, es mucho más fácil lidiar con un solo impuestos que con tres. Esto es una gran oportunidad para reducir la evasión. Que más contribuyentes cumplan es un eslabón clave para reducir la carga financiera que soportan los que vienen cumpliendo.
Pero, además, el “super-IVA” es la mejor respuesta al acuciante problema de competitividad que sufre la mayor parte de las empresas argentinas. Es correcto el planteo del Gobierno de descartar la devaluación como estrategia para aliviar a los exportadores y a quienes compiten con importaciones. Pero también es cierto que con estos impuestos la producción nacional es discriminada. Para “nivelar la cancha”, un paso decisivo e imprescindible es que Ingresos Brutos y tasas municipales sean absorbidos por el IVA.
¿Cuán complicada es la implementación?
La implementación no es fácil, pero tampoco imposible. Hay que asumir que el punto de partida es una situación muy compleja y que dar alivios a la competitividad de la producción nacional es urgente. Estos antecedentes sugieren agudizar el sentido práctico al diagramar las alternativas de implementación. Por ejemplo, desde el punto de vista de la administración tributaria, es recomendable que la responsabilidad del IVA siga en manos de Arca y que se establezcan canales de colaboración con las administraciones tributarias provinciales. Esta es la mejor manera de aprovechar los recursos disponibles y de no entrar en procesos que lleven a dilatar la implementación.
El otro gran escollo es de naturaleza política. La implementación requiere el acuerdo con las provincias. En este sentido, es necesario idear un esquema de distribución de los recursos que le resulte atractivo a la mayoría de las provincias. Los mecanismos de distribución de la recaudación del “super-IVA” tienen que ser consistentes, equitativos y confiables. En este sentido, es recomendable que la creación del “super-IVA” sea en el marco de un acuerdo más amplio de coordinación fiscal que incluya no sólo cuestiones tributarias, sino también el ordenamiento en la distribución de funciones entre jurisdicciones.
(*) Economista, coordinadora de Idesa
