Se veía venir. A mediados de noviembre del año pasado, cuando la Provincia llevó a la Legislatura la pauta presupuestaria para 2025, la recaudación proyectada del Impuesto Inmobiliario (tanto Urbano como Rural) traía bajo el brazo un aumento real –descontada la inflación– de 80% interanual.
Ya en ese dato estaba la pista de lo que hoy está en ebullición. Como es antipático hablar de subas impositivas, en ese momento no hubo demasiadas precisiones públicas sobre cómo se pensaba arribar a ese parámetro.
Incluso, técnicos que han pasado por la Dirección de Rentas advierten que esa suba en la recaudación podría ser mayor, por el contraste con la dinámica del proceso de desinflación.
Ahora estalla el malestar a medida que los contribuyentes reciben los cedulones o ingresan a la plataforma digital de Rentas.
Lo más ruidoso abarca casi 19.800 cuentas –alrededor del uno por ciento del padrón total, según Rentas– que quedaron fuera del tope que se fija con la referencia de la evolución del Ripte; es decir, el salario promedio de las personas con un empleo registrado que aportan al sistema previsional nacional. Ese indicador trepó 172,5% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2023, que fue el período elegido para el corte.
Las propiedades que quedaron fuera de ese techo han experimentado incrementos exorbitantes. A los casos de cocheras, hoteles y comercios se suman, por ejemplo, viviendas en barrios como Nueva Córdoba. Hay inmuebles bajo el esquema de débito mensual automático que, para el caso de la cuota de enero, tienen un alza interanual neta (contra el mismo mes de 2024) que está por encima de 2.000%. Sus dueños no entienden cómo se llegó a ese cálculo.
Rentas relativiza el impacto bajo el argumento de que es una porción minoritaria de contribuyentes y que esos inmuebles tienen ciertas características (son nueve categorías relacionadas con ubicación, superficie o tipo de uso) que las deja fuera del último dique de contención, ya que el beneficio habría sido mayor de lo que estaban pagando.
En el organismo aseguran que, luego de un trabajo junto con Catastro, esos propietarios fueron previamente notificados de que iban a quedar sin tope. Lo que nunca supieron era lo que eso iba a implicar, hasta que se encontraron con el cedulón.
En la semana, hubo reuniones con cámaras y asociaciones sectoriales para atender reclamos. Está tomada la decisión de prorrogar la primera fecha de vencimiento y, para comercios e industrias que puedan probar una situación de crisis, se diferirá el pago hasta el 31 de agosto. Una medida similar a la que se tomó con el agro.
Distorsiones
Como telón de fondo, hay una característica en el gravamen: arrastra un rezago entre un año y otro. Eso cobra relevancia en una economía inflacionaria, tanto si los precios escalan como si desaceleran.
Ahora, en plena fase de desinflación, crece de manera significativa la incidencia del impuesto en las finanzas de los hogares, cuyos ingresos acumulan una pérdida real considerable desde 2018, más allá de lo que arrojan los indicadores salariales del último año.
Además, los incentivos que pone Rentas se capturan en su magnitud con el pago anual. Se calcula que 60% de los contribuyentes opta por esa modalidad y que este año podrían ser más. En el universo restante quedan, por caso, personas que abonan por débito automático y que en 2024 tuvieron, casi todos los meses, ajustes de cuotas por encima de la inflación y del Ripte.
Toda esta discusión es hija de la decisión de actualizar el impuesto sólo con el termómetro de la inflación, cuando el parámetro técnico ideal es el valor de la tierra y de lo edificado. Pero nadie se anima a un revalúo. Hubo una actualización años atrás, limitada, por lo que las propiedades siguen con valores fiscales bajos. Mientras más pasa el tiempo, hay menos incentivos para encarar una corrección integral, y el gravamen queda envuelto en una maraña de cálculos.
Entonces, así como la inflación alta ayuda al trabajo sucio de la nominalidad, en el mundo de los tributos ese rol lo cumplen los malos impuestos, como Ingresos Brutos (II.BB.), que suple la baja participación relativa que tiene el Inmobiliario y el Automotor. Además, por II.BB. no llega ningún cedulón, lo que explica que represente el 80% de la recaudación propia de la Provincia.
Seamos honestos: más allá de lo discursivo, el espíritu genuino de reforma sigue en la pieza del fondo. En Rentas aseguran que hay un equipo que está trabajando para reorientar ese impuesto, pero no está claro qué alumbrará.
Un estudio de los economistas Marcelo Capello, Nicolás Cámpoli y Juan Manuel López, del Ieral de Fundación Mediterránea, advierte que en 2024 la presión tributaria en el conjunto de provincias quedó 48% por encima del nivel que tenía en 2000, un movimiento pegado a la expansión del gasto.
También está el solapamiento con otras jurisdicciones. Salvo los exceptuados por situación de vulnerabilidad o alguna otra condición (este año son 250 mil cuentas en el Inmobiliario Urbano), el resto paga dos tributos por el mismo bien: el provincial y el municipal. Y están quienes abonan hasta tres veces, si son alcanzados por Bienes Personales.
Todo esto no es nuevo, pero choca ahora con un reclamo más intenso de un ajuste en el gasto público estatal, que cruje frente a la lógica demanda de una mejor prestación de los servicios.
Por ejemplo, la mayoría pierde de vista que junto con el Inmobiliario Urbano se pagan también dos fondos que rigen hasta 2027: uno es para la inclusión social de personas con discapacidad; el otro, para seguridad ciudadana y mejoramiento de los servicios públicos y sociales. Este último es el que cobra mayor dimensión frente al flagelo de la inseguridad.
Por último, un detalle no menor: el cedulón digital que Rentas emite carece de detalles y no hay discriminación sobre la composición del impuesto. Un flaco favor a la transparencia y a la cultura tributaria.
