La búsqueda de reducir el déficit del sector público nacional para frenar la emisión y contener a la inflación no parece afectar al nivel de gasto, sino todo lo contrario.
El Congreso ya empezó a tratar el proyecto de Presupuesto 2024 que contiene un agregado en el que el Poder Ejecutivo sugiere analizar la reducción de exenciones y de dispensas tributarias para aumentar la recaudación y revertir el rojo de las cuentas públicas.
El texto –que estima una inflación de 69,5% y un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2,7% para 2024– detalla que los dos impuestos principales, IVA y Ganancias, aportarán el 30,9% de la recaudación. Mientras que otros tres gravámenes distorsivos, como el Impuesto al Cheque, los derechos de exportación y el Impuesto País aportarían el 10,5%, el 9% y el 6%, respectivamente.
Beneficios tributarios en la mira del Gobierno
En el texto en principal del proyecto, la única modificación impositiva de relevancia tiene que ver con temas que quedaron pendientes del Impuesto a las Ganancias para los autónomos (la nueva tabla de alícuotas que se aplicó a empleados), pero no hay otras referencias.
Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno envió una “separata” para solicitar a los legisladores que analizaran qué “beneficios impositivos, tratamientos diferenciales o subsidios” se pueden eliminar o reducir para que el déficit primario del 0,9%, previsto en el texto original, se transforme en un 1% de superávit.
Es más, “para facilitar el análisis a los legisladores” se precisan algunos gastos tributarios (beneficios a contribuyentes que reducen la recaudación) que representan el 4,7% del PIB.
“Es un pedido de análisis del Ejecutivo al Congreso en el que se detallan todos los beneficios, pero se señalan algunos puntuales y dan una idea de lo que podría venir para 2024″, explica Carlos Martín, tributarista del Estudio Castillo, al analizar uno por uno los distintos ítems.
Los gastos tributarios que se podrían reducir
El texto menciona, en particular, dos exenciones para analizar: la primera es la exención de los inmuebles rurales en Bienes Personales (0,48% del PIB); y la segunda es una dispensa de la aplicación del IVA sobre honorarios de directores de sociedades (0,29% del PIB).
“Cabría someter a evaluación legislativa la razonabilidad de mantener la vigencia de esta exención a la luz de la capacidad contributiva, su rentabilidad y acceso a otros beneficios para la forma de subsidios, promociones, etcétera”, dice el texto en referencia a los inmuebles rurales.
También se apunta a la exención del IVA a la locación de esos inmuebles (rubro que figura “sin datos” en su impacto en la recaudación). “Está claro que se apunta a este sector sin considerar que muchas veces los productores acumulan saldos a favor en IVA ni tienen en cuenta que las exportaciones están a tipo de cambio oficial, sujetas a derechos de exportación, y que los inmuebles están gravados por otros impuestos locales”, opina el tributarista.
Respecto al IVA sobre los honorarios de directores, considera que un cambio no impactaría en la recaudación porque la empresa lo tomaría como un crédito fiscal y lo compensaría. “Aquí sí afectaría a rubros que tengan saldos a favor acumulados”, agrega.
Otro punto que despertó alertas fue la inclusión, dentro de las eventuales modificaciones para evaluar, de la valuación al costo histórico del ganado en el Impuesto a las Ganancias. “Eliminar esta posibilidad sería muy gravoso para la actividad de cría, e incluso podría llevar a la quiebra a productores de sectores alejados y menos rentables”, considera.
Otras exenciones en análisis
Entre los beneficios más relevantes por su impacto presupuestario, la separata también menciona en un lugar relevante el no diferimiento del ajuste por inflación impositivo (que aportaría el 0,39% del PIB).
En este punto, cabe mencionar que la ley plantea la actualización por inflación de los balances cuando los precios suben más de un 100% acumulado en un trienio. En un principio, esas diferencias se computaban en los balances impositivos en tres años y luego se pasó a seis años, pero ahora se computa la totalidad de una sola vez.
Es claro que, con el nivel de inflación de la actualidad, diferir el ajuste para años siguientes desvirtúa esta actualización. Para Martín, este es uno de los ítems que podrían modificarse en 2024.
Otra exención que se resalta es la que tienen los magistrados del Poder Judicial, que ingresaron hasta 2017, en el Impuesto a las Ganancias (0,16% del PIB). Es un tema que se menciona siempre, pero que ya tiene varios fallos en contra.
Y, por último, la exención de Ganancias para asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, que representan el 0,11% del PIB.
Además de estos beneficios que tendrían más probabilidades de analizarse para su reducción, Martin enumeró otros que no se analizarían, pero que están disponibles: reintegro de IVA a exportadores, diferimiento del IVA para las Mipyme, alícuotas reducidas del IVA, contribuciones patronales diferenciadas, promoción a Tierra del Fuego, tasas especiales de renta financiera en Ganancias.
Impuesto mínimo para “grandes” empresas
Al finalizar la separata, “el Gobierno habla de un plan B y da la opción al Congreso de evaluar otras alternativas ajenas al gasto tributario, como es el impuesto mínimo del 15% a las empresas. Este es un proyecto que también fue enviado”, agrega.
La Ocde busca que las grandes compañías que estén en distintos lugares tributen en cada país, al menos el 15% de lo que producen sus filiales. La recomendación se aplica a empresas cuyo ingreso supera los 750 millones de euros al año.
El proyecto del Gobierno argentino pretende ser aplicado a grandes empresas, pero también a medianas tramo 2, con facturación anual hasta un equivalente de 3 millones a 10,7 millones de euros, según el sector.
A su vez, se incluye este impuesto como un pago a cuenta de Ganancias, pero sólo se permite aplicarlo al mismo período de liquidación sin poder ser trasladado a períodos fiscales siguientes ni compensado con otros gravámenes.
