Mientras el debate por el inminente proyecto de “reforma laboral” que impulsará en el Congreso la gestión de Javier Milei se acelera, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc) apuesta a ser parte activa en esa discusión.
Mientras se aguarda conocer la versión final del marco legal que proponga la gestión libertaria, distintos sectores plantean sus expectativas y necesidades respecto de los cambios legales de encuadre para el empleo. Allí se anotan los metalúrgicos; que desde su Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica pulen versiones propias de las reformas laboral y tributaria.
Así lo precisó el economista Gastón Utrera –presidente del Centro– en diálogo con La Voz en Vivo. El especialista, que trabaja de lleno en los proyectos, aclaró que lo novedoso de esta iniciativa es su enfoque: propone modificaciones puntuales de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y de la de asociaciones gremiales (23.351) que pueden tener la aceptación de patronal y sindicatos y, a la vez, inducir importantes saltos de productividad.
El foco de cualquier cambio, según Utrera, debe ser la reducción de costos de procesos productivos sin que esto afecte los derechos de los trabajadores ni provea a los sindicatos de argumentos sólidos (respaldados, por ejemplo, en recomendaciones de la Organización Internacional del Comercio) para bloquear las modificaciones urgentes.
El economista insistió en que esa síntesis es posible, y brindó en detalle ejemplos concretos: “El sector metalúrgico identificó problemas específicos que requieren soluciones puntuales o de ‘peine fino’. Uno de los frentes de batalla es la litigiosidad generada por el artículo 212 de la LCT, en el que trabajadores próximos a jubilarse inician demandas alegando incapacidad para cobrar grandes indemnizaciones. Para solucionar esto, la propuesta es añadir un párrafo adicional al artículo 212 que corrija esa ventana legal.
Relacionado con la litigiosidad por accidentes, la Cimcc apunta a la ley 24.557, proponiendo que la determinación de incapacidades se defina con precisión. El plan es que un comité técnico científico reemplace al actual consejo consultivo (que se considera corporativo) para definir con exactitud el porcentaje de incapacidad, eliminando los rangos que actualmente fomentan los juicios para buscar el porcentaje máximo en tribunales”.
Otra reforma esencial para la Cimcc es la referida a la estructura de costos empresariales, especialmente en las microempresas, donde el exceso de delegados gremiales impacta significativamente en los gastos y, apunta Utrera, corresponde no a las necesidades actuales sino de varias décadas atrás.
El planteo busca modificar el artículo 45 de la ley 23.551 para reducir drásticamente esa cantidad de delegados, incluso proponiendo que el número sea un máximo, y no un mínimo, para forzar a los convenios colectivos a ajustarse.
En cuanto a los incentivos salariales, el sector busca modificar el artículo 103 de la LCT. El objetivo es evitar que los esquemas de premios por productividad pierdan su carácter de incentivo y se encarezcan al volverse remunerativos si la jurisprudencia los considera habituales tras el segundo año, permitiendo así que las empresas sigan bajando costos y mejorando la productividad.
Finalmente, en temas de flexibilidad, si bien evitan tocar la jornada laboral, sí proponen resolver un problema de superposición de licencias: si un trabajador se enferma durante sus vacaciones, la licencia por enfermedad suspende la vacación, la cual puede ser reasignada en otro momento para proteger los derechos del empleado sin afectar el ciclo productivo de la empresa.
Utrera aseguró que en paralelo al desarrollo del proyecto se trabaja en exponerlo –con expectativas de lograr consesos– ante otras entidades empresariales de Córdoba; y también hacerlo llegar a funcionarios de la gestión de Javier Milei.
El proyecto de la libertaria Romina Diez
Otra iniciativa que captó atención mediática esta semana es el proyecto de reforma laboral que presentó en 2024 la diputada libertaria Romina Diez, presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe.
Aunque la legisladora aclaró que su propuesta es un aporte y no constituye el proyecto que el Ejecutivo nacional enviará a Diputados, sí admitió que los lineamientos que incluye pueden sintonizar con lo que se propone el Gobierno.
La propuesta de Diez introduce cambios significativos a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en varios frentes, desde la organización del trabajo hasta la gestión de los litigios.
En términos de flexibilidad, modifica el régimen de vacaciones, permitiendo que el empleador las conceda en cualquier momento del año (y no sólo entre octubre y abril) y que puedan ser otorgadas de forma fragmentada en períodos no inferiores a una semana. Además, se reduce el plazo de comunicación previa al trabajador de 45 a 21 días. Otro punto de reforma profundo es el ejercicio del ius variandi (facultad de modificar las condiciones de trabajo) por parte del empleador. La nueva redacción del artículo 66 LCT elimina la opción legal del trabajador de solicitar el restablecimiento judicial de las condiciones alteradas, quedando la única alternativa de considerarse despedido sin causa.
Respecto a la composición salarial, la iniciativa legislativa amplía los conceptos no remunerativos, incluyéndolos como beneficios sociales o prestaciones complementarias. Entre las nuevas excepciones se encuentran la provisión de bonos o voucher (vales) para almuerzos o cenas, y el pago o reintegro de cuotas sociales de clubes, gimnasios o entidades recreativas para el trabajador y su grupo familiar. También se suman los viáticos por kilómetros recorridos y el reintegro de gastos de transporte sin comprobantes.
Como incentivo a la contratación, el proyecto establece un Bono de Crédito Fiscal sobre contribuciones patronales para nuevas contrataciones, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa. Además, se impulsa el empalme de planes sociales, suspendiendo la asistencia social a aquellos beneficiarios que inicien una nueva relación laboral por hasta 13 meses.
El proyecto también incorpora herramientas de control de ausentismo, creando un Registro de Médicos bajo la Secretaría de Trabajo, facultado para verificar la veracidad de los certificados médicos presentados por los trabajadores.
En el ámbito judicial y económico, el proyecto establece límites a la actualización de créditos laborales, que no podrán exceder el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Asimismo, la responsabilidad por el pago de las costas procesales y honorarios profesionales en juicios laborales se restringe al 25% del monto de la sentencia.
