Mientras individuos y empresas tratan de ver cómo siguen acomodando sus cuentas durante el aislamiento o distanciamiento social obligatorio, el Congreso nacional acaba de aprobar la extensión de la moratoria establecida por la Ley de Solidaridad de diciembre pasado.
El momento parece inoportuno, porque nadie sabe cuánto durará la restricción de la actividad y cómo quedarán sus números al final para ingresar en estos planes.
Pero como la ley ya está (y el Ejecutivo no puede extender los plazos), es tiempo de ponerse a analizar, con los datos que hay, cómo aprovechar algunos de los múltiples beneficios que se ofrecen. Todavía hay margen, ya que el plazo de adhesión concluirá el 31 de octubre (la primera cuota vence el 16 de noviembre).
Algunas posibilidades
Lo central del plan es la opción de cancelar deudas vencidas al 31 de julio de 2020 compensando saldos a favor o cancelando con descuento de 15% por pago de contado o hasta en 120 cuotas (según el caso), con condonación de multas y sanciones y un tope del 75 por ciento a los intereses totales.
Sin embargo, este régimen tiene posibilidades más amplias. También permite, por ejemplo, realizar rectificaciones hacia atrás por un impuesto que se presentó mal, ajustar el stock de bienes de cambio, corregir deducciones en Ganancias, presentar ventas no declaradas o incluir bienes al patrimonio.
Todas las presentaciones formales omitidas hasta julio que se regularicen ante de finalizar el plazo de adhesión tendrán condonadas las multas y sanciones.
Este beneficio (en sanciones no firmes) también aplicará a quienes se pongan al día con los pagos, pero antes de la entrada en vigencia de la ley (fecha de publicación). Además, el capital adeudado cancelado antes de este plazo no abonará intereses y se liberará de las acciones penales.
Para quienes están en proceso de quiebra, la nueva redacción permite concluirlo mediante la adhesión a este régimen, algo que dio origen al rechazo de opositores, por considerar que beneficia al empresario Cristóbal López.
Por último, a instancias de la oposición, se incluyeron premios a los contribuyentes. Son bastante acotados: dejar de pagar hasta seis meses el componente impositivo del Monotributo, una mayor deducción de Ganancias para autónomos o la posibilidad de amortización acelerada de inversiones para mipymes. Como contrapartida, deben haber cumplido todas las obligaciones desde 2017 hasta hoy.
Diferentes contribuyentes
El gran cambio de la ley, además de ampliar los plazos, es la generalización de los contribuyentes. En la primera versión, estaba reservado a las mipymes y ahora se incluye a todas las empresas e individuos.
Para los no mipymes, los beneficios se reducen: en lugar de 60 y 120 cuotas para cancelar obligaciones de seguridad social o tributarias, respectivamente, tienen 48 y 96 meses.
Además, los requisitos son muy diferentes y es poco probable que las grandes compañías ingresen en estas condiciones. Las que no son mipymes, entidades sin fines de lucro o personas humanas pequeños contribuyentes, no pueden tener activos financieros en el exterior o deben repatriar 30 por ciento (difícil de cumplir cuando la repatriación del cinco por ciento para evitar la alícuota agravada de Bienes Personales fue mínima).
Tampoco pueden repartir dividendos, pagar servicios o créditos de sujetos relacionados del exterior, ni operar en dólar MEP o contado con liquidación por 24 meses. Esto no sólo se limita a las empresas, sino también a sus accionistas.
Como sea, no deja de ser una oportunidad que todos los contribuyentes deberían estar analizando, para ver si esta moratoria puede mejorar en algo su relación con el fisco.
