Este marzo vence una de las moratorias previsionales establecidas por la Ley 27.705, sancionada en 2023. Desde su implementación, las moratorias permitieron la entrada masiva de jubilados al sistema. En 2024, de los 5,6 millones de jubilaciones existentes en el sistema nacional, 3,8 millones fueron gracias a moratorias, mientras que solo 1,8 millones cumplieron con los requisitos del régimen general. En este contexto, es clave repasar la historia reciente de las moratorias y su impacto.
Moratorias previsionales: la excepción que terminó siendo la regla
Las moratorias surgen como respuesta para solucionar un importante problema de fondo del sistema previsional argentino, que es su rigidez. El sistema exige 30 años de aportes para acceder a la jubilación, lo que significa que, si una persona tiene 29 años y 11 meses de aportes, no puede jubilarse. A esta rigidez se suman los problemas estructurales del mercado laboral, que dificultan que la mayoría de las personas cumplan con este requisito. El 40% de las mujeres en edad activa no participan del mercado de trabajo. Además, poco más de la mitad de los ocupados trabajan en la informalidad sin realizar aportes y, entre los formales, muchos tienen aportes intermitentes.
Ante esta realidad, en 2005 el gobierno decidió mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) hacer resurgir la Ley 24.476, que abría la posibilidad a una moratoria previsional sancionada en 1995. A través de este mecanismo, se permitió el ingreso masivo e indiscriminado de personas al sistema ‘simulando’ haber trabajado en la formalidad como autónomos. Es decir, se le dio la posibilidad de acceder a prestaciones contributivas ‘comprando’ aportes que luego se pagarían con un descuento sobre la jubilación percibida. Esta Ley aún está vigente, pero solo permite regularizar aportes hasta 1993, por lo que cada año que pasa permite ‘comprar’ menos aportes.
En 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó una segunda moratoria mediante la Ley 26.970, que permitió a autónomos y a monotributistas regularizar aportes hasta 2003. Esta Ley inicialmente duraría dos años.
Luego, en 2016, el gobierno de Mauricio Macri presentó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) como una alternativa a las moratorias. Se trata de un beneficio no contributivo que presenta ventajas en términos de sostenibilidad del sistema. Sin embargo, el mismo gobierno terminó prorrogando la vigencia de la Ley 26.970 de moratorias hasta diciembre de 2022.
Finalmente, en marzo de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, se implementó la Ley 27.705, que estableció dos planes de pago. El primero, aún vigente, es la unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores en actividad, dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años, y hombres de entre 55 y 64 años. El segundo, la unidad de pago de deuda previsional para quienes ya habían alcanzado la edad jubilatoria tenía un plazo de dos años y vence el 23 de marzo de 2025. Todo indica que el Gobierno no lo renovará.
¿Qué consecuencias trajeron las moratorias?
Las moratorias han debilitado la sostenibilidad del sistema previsional. Una de las principales distorsiones es que generan doble cobertura: al ser jubilaciones contributivas, cuando el titular fallece, su beneficio se convierte en una pensión por sobrevivencia. En 2024, el 20% de los jubilados recibían una jubilación y una pensión, y en el 80% de esos casos al menos uno de los haberes se había obtenido mediante moratoria.
Este esquema tiene un impacto directo en las finanzas públicas, ya que el gasto previsional se convirtió en uno de los principales desequilibrantes. Para contenerlo, se fueron aplicando estrategias espurias, como cambios en la movilidad que fueron reduciendo el valor real de las prestaciones. Como resultado, aunque la cobertura es alta, los haberes son bajos.
Por otra parte, las moratorias constituyen un factor de inequidad, al otorgar un beneficio contributivo en las mismas condiciones que quienes cumplieron con los requisitos fijados por la normativa.
Las moratorias han sido una respuesta incorrecta a un problema real: la necesidad de garantizar un ingreso a quienes llegan a la vejez en situación de vulnerabilidad y sin cumplir con los requisitos jubilatorios del sistema.
Hay que mejorar la Puam y flexibilizar el sistema
Lo ideal sería que, al llegar a la edad de jubilación, cada persona accediera a un haber calculado en función de sus aportes, sin un requisito mínimo de 30 años. Si el haber resultante es muy bajo, se podría otorgar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam). Pero siempre reconocer que el esfuerzo de aportar tiene un reconocimiento con un mayor haber.
Además, es fundamental eliminar la prohibición de trabajar para quienes reciben la Puam. Esta restricción resulta incoherente, ya que los jubilados del régimen general pueden seguir trabajando sin perder su haber. Permitirles trabajar les daría más autonomía y estabilidad económica.
Esta propuesta es más equitativa y sostenible que las moratorias. Sin embargo, no se puede ignorar que el deterioro económico de las últimas décadas generó una degradación social que agravó el problema. La alta informalidad ha llevado a que muchas personas llegaran a la vejez en situación de vulnerabilidad. El foco no solo tiene que estar en el sistema previsional, sino también en reconstruir un mercado laboral con empleo formal y de calidad.
