El objetivo de la mayoría de los cambios impositivos –muy pomposamente se suelen llamar "reformas"– en Argentina casi siempre fue recaudar más.
Bajo los lineamientos del marketing político, sus impulsores los justifican con motivos de necesidad o de destinos tan importantes como combatir el fuego, aumentar a los jubilados, realizar determinada obra o ayudar a los más necesitados.
Los nombres que se le buscan están en la misma línea, como el reciente Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Pais). ¿Quién podría oponerse a fines tan loables?
Pero, como enseñan en cualquier facultad de Economía, el dinero es fungible. No importa cuántos fondos específicos se creen, es la misma caja la que recauda para aumentar a los jubilados o para pagar sueldos de ñoquis o gastos innecesarios e improductivos.
Esta realidad viene bien tenerla presente ahora, cuando el Gobierno volvió a poner sobre la mesa una enésima reforma impositiva. "Buscamos darle más progresividad, ampliar la base de imposición y no reducir tributos", dijo, palabras más o menos, Mercedes Marcó del Pont, titular de la Afip. El objetivo se lee entrelíneas: recaudar más.
Lineamientos
¿Cuál debería ser el objetivo de un esquema tributario? ¿Distribuir ingresos (que no se tienen), incentivar generar valor agregado, promover las exportaciones?
Marcó del Pont dijo que se piensa en un sistema tributario que "privilegie la producción, la equidad y la igualdad". Enunciados muy interesantes, pero que chocan con lo que se dejó trascender (rumores parecidos a "globos de ensayo", como la suba de la alícuota de Ganancias al 41 por ciento para individuos o la vuelta atrás al incentivo a la reinversión de las sociedades).
En cualquier economía, la política fiscal de impuestos y subsidios es un gran instrumento para el desarrollo y la mejora de la sociedad, aunque también puede ser una traba, como sucede en la Argentina.
En el país, hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo:
Promover las inversiones privadas, con incentivos a la reinversión de utilidades.
Ayudar a vender al exterior, evitando que se exporten impuestos y retenciones.
Implementar una transición entre el Monotributo y el régimen general, para no castigar a las pequeños contribuyentes que quieren crecer.
Quitar las múltiples cargas impositivas y trabas legales sobre el empleo.
Continuar con la reducción de Ingresos Brutos en los eslabones intermedios de la producción.
Hacer que Ganancias a las personas humanas sea realmente progresivo y sin castigar a la clase media, esa a la que se mira siempre para mover la rueda del consumo, pero es la que más sufre cuando la inflación se "come" las deducciones.
Volver a incentivar la economía formal con premios a los pagos electrónicos (como la devolución de IVA a las compras con débito).
Simplificar el sistema tributario y armonizar entre jurisdicciones para hacerle la vida más fácil a los contribuyentes y no agregar costos administrativos improductivos.
Pero, por sobre todas las cosas, lo que necesita la producción para invertir, generar empleo y desarrollo que mejore la calidad de vida de todos es estabilidad.
La última reforma con algunos objetivos como los mencionados fue la de 2017, que tuvo la virtud de consensuar con los gobernadores para reducir la carga tributaria en todos los niveles. Pero no duró ni siquiera dos años: el mismo Gobierno que la impulsó la frenó por la crisis, y el cambio de gestión la terminó de sepultar.
El crecimiento sostenido necesita inversiones que puedan planearse a largo plazo, con reglas de juego que no cambien, por lo menos en 10 años. ¿Será mucho pedir?
