La “ley ómnibus” presentada al Congreso de la Nación aborda una agenda muy ambiciosa de transformaciones. Muchos de los planteos generaron un amplio debate público. Sin embargo, uno de los temas más importantes del proyecto de ley pasó casi inadvertido. En parte, por ser un tema complejo; en parte, por no estar correctamente planteado.
Se trata del artículo que pone límites a los regímenes por los cuales los contribuyentes adelantan impuestos cada vez que hacen pagos usando dinero digital. Esto es, transferencias desde cuentas bancarias o billeteras virtuales o con tarjetas de crédito y débito. Se trata de un tema que merece más atención porque constituye un punto imprescindible para lograr el desarrollo argentino.
El proyecto va en la dirección correcta, pero se queda a mitad de camino. Con una redacción poco clara, se propone eximir de retenciones solamente a los contribuyentes más pequeños. Es decir, la exclusión de los regímenes de retenciones bancarias es aplicable a un universo reducido de contribuyentes, quedando activa gran parte de la perversa maraña de retenciones.
El problema de las retenciones bancarias
Una de las principales distorsiones del sistema tributario argentino y, en particular, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es que se apoya fuertemente en regímenes de pago anticipado, que actúan a través de retenciones sobre pagos hechos con dinero digital. Esto genera una enorme carga burocrática, además de un daño financiero sobre las empresas.
El problema se agrava porque la mayoría de las provincias usan de manera abusiva los pagos anticipados. Esto lleva a acumular por este concepto montos equivalentes a varios meses de recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos. Este tipo de prácticas, aunque “facilitan” la recaudación, también aumentan considerablemente los costos de uso del dinero digital y colocan en posición ventajosa a los pagos en efectivo, ya que generan la posibilidad de evadir esas retenciones.
El resultado es un sistema de pagos muy ineficiente y con sesgos a favor de la evasión. Las consecuencias que se derivan sobre el funcionamiento del sistema tributario no son menores: llevan a que sea regresivo, distorsivo y a que se terminen pagando alícuotas altas a fin de recaudar lo necesario para cubrir los gastos del Estado. En última instancia, esto se traduce en menor producción y menor equidad, afectando enormemente el desarrollo económico y social del país.
Hacia un sistema de pagos moderno
El surgimiento de nuevas tecnologías, acompañado de cambios normativos, han generado una revolución en los medios de pago. Actualmente, casi el 100% de la población estaría en condiciones de realizar pagos digitales y, análogamente, la totalidad de las empresas estaría en condiciones de recibirlos. Esta nueva realidad es una oportunidad para reducir la evasión tributaria.
A diferencia de lo que sucede con los pagos en efectivo, la principal ventaja de los pagos digitales es que la operación se formaliza automáticamente. Y el Estado pasa a contar con información sobre la operación, el vendedor, el comprador y el medio de pago utilizado, entre otros datos, abriendo posibilidades para la aplicación de inteligencia en la recaudación.
La buena noticia es que Argentina tiene una enorme potencialidad en la ampliación del uso de dinero digital. De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en 2021 se hicieron, en promedio, 138 transacciones por persona. Cuando, por ejemplo, en Brasil se hicieron más del doble (282), y en los países desarrollados se llegó a casi 600.
Los beneficios de extender la digitalización de los pagos digitales no son menores. Un estudio del Centro de Asuntos Fiscales presenta un ejercicio de simulación que evalúa cuánto aumentaría la recaudación en Argentina en caso de sostener la digitalización de los pagos en los próximos cinco años. Con supuestos conservadores, concluye que la recaudación de los principales impuestos nacionales, junto con el principal impuesto provincial (Ingresos Brutos), podría verse incrementada en 2,3% del PIB.
Pero los beneficios no se agotan en cuestiones fiscales. Como colateral, la información que genera la digitalización se podría utilizar para facilitar la vida al ciudadano. En lugar de que el Estado le retenga dinero al contribuyente en cada transacción, podría facturarle a fin de mes lo correspondiente a las ventas del mes anterior, ahorrándole las presentaciones de declaraciones juradas de, por ejemplo, IVA, Ingresos Brutos o tasas municipales.
Ahora bien, en contra de este objetivo, en Argentina aún existen prácticas y regulaciones que desincentivan el uso de dinero digital y favorecen el uso de efectivo. No solo las retenciones, sino también las altas comisiones bancarias o el impuesto al cheque. La propuesta del artículo 213 de la “ley ómnibus” debería ser más ambiciosa y prohibir por completo los regímenes de retención (no solo eximir a los pequeños contribuyentes). El dinero digital no debería estar gravado por ningún impuesto. Lo que se debería gravar es la extracción de dinero en efectivo.
Todos ganan, ¿y las provincias?
Un punto que puede comprometer la viabilidad política de esta propuesta de liberar al dinero digital de toda carga es la excesiva importancia de las retenciones en los presupuestos provinciales. Aproximadamente uno de cada tres pesos de Ingresos Brutos se recauda a través de retenciones a movimientos bancarios, tarjetas y billeteras virtuales. Con lo cual, incluso una modificación parcial como la que propone la “ley ómnibus” podría derivar en un fuerte rechazo por parte de las provincias y caer en planteos judiciales.
Para que la propuesta sea también atractiva para las provincias, es necesario que, junto con la prohibición de las retenciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) celebre convenios de colaboración con las provincias para integrar la recaudación de IVA con el Impuesto a los Ingresos Brutos. Cobrar de manera conjunta ambos impuestos tiene grandes ventajas, ya que simplifica y permite una mayor eficiencia en la recaudación. Además, hay que tener en cuenta que si el uso del dinero digital se universaliza, la Afip contará con valiosa información sobre las transacciones, lo que permitirá aumentar la base imponible.
Este es el camino para reducir la presión tributaria. En lugar de que pocos contribuyentes paguen mucho, habría muchas personas pagando menos en un sistema más amigable. El resultado final redundaría no solo en favor del equilibrio fiscal, sino también en más empatía con el ciudadano y mayores posibilidades de desarrollo.
El Congreso tiene la oportunidad de hacer un gran aporte al desarrollo del país eliminando las retenciones bancarias. Para ello, tiene que aportar mejoras sobre el articulado del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo.
(*) Economista de Idesa.
