Los dólares ingresan a un país principalmente a través de exportaciones, inversiones extranjeras, turismo receptivo y préstamos internacionales. En el caso de Argentina, una de las principales fuentes es el campo, que genera divisas al vender sus productos en el exterior.
Sin embargo, esos dólares no siempre se quedan en la economía formal. Parte se utiliza para importar bienes, pagar deuda o financiar gastos. Pero una porción significativa se escapa del circuito productivo y financiero: se va al exterior o se guarda fuera del sistema. Este fenómeno es conocido como “fuga de capitales”.
Los dólares en Argentina, en números
Entre 2003 y 2024, las exportaciones del sector agropecuario generaron un total de U$S 1,3 billones, ajustados por inflación en Estados Unidos, según datos del Ministerio de Economía y del Banco Central.
En ese mismo período, los argentinos acumularon formalmente unos U$S 330 mil millones en el exterior o fuera del sistema financiero local. Esto significa que aproximadamente uno de cada cuatro dólares que produjo el campo no se reinvirtió en la economía, sino que terminó fuera del circuito productivo, ya sea en cuentas externas o guardado en efectivo.
Corresponde aclarar que dicha cifra no refleja la totalidad del ahorro “fugado”. Distintas estimaciones privadas elevan esa cifra a más de 400 mil millones, al incluir activos no declarados, por ejemplo, cuentas offshore no informadas, propiedades a nombre de sociedades en paraísos fiscales y dólares en efectivo fuera del radar fiscal.
Puesto en perspectiva, el producto interno bruto (PIB) del país se estima en torno a los U$S 633 mil millones. Es decir que el volumen de ahorros fuera del sistema equivale, como mínimo, a la mitad de toda la riqueza que Argentina produce en un año. Incluso supera el monto total de deuda externa, que ronda los U$S 275 mil millones. Esto sugiere que el problema no es la escasez de dólares, sino la falta de confianza para ponerlos en el sistema.
Las principales causas de la “fuga” de dólares
La fuga de ahorros no responde a una cuestión ideológica ni de falta de compromiso con el país. Al contrario, es una conducta racional frente a un contexto históricamente inestable. Argentina arrastra décadas de políticas erráticas, confiscaciones, restricciones al acceso a divisas y una elevada presión fiscal. En ese entorno, muchos ciudadanos consideran más seguro proteger su patrimonio lejos del alcance del Estado.
A esto se suma un sistema que, en lugar de distinguir entre evasores y ahorristas legítimos, aplica controles indiscriminados que desalientan incluso a quienes quieren actuar dentro de la ley.
El resultado es que los argentinos, aun cuando cuentan con suficientes recursos para ahorrar, prefieren guardarlos o enviarlos afuera antes que arriesgarlos en un país impredecible.
Construir confianza y un Estado empático
La fuga de capitales es, en el fondo, un reflejo del temor a que el Estado repita errores del pasado. Por ende, la solución no está en medidas excepcionales como blanqueos, sino, por el contrario, en dar previsibilidad a largo plazo. La estrategia debe centrarse en reconstruir la confianza de los argentinos en sus propias instituciones.
Esto requiere una transformación del aparato estatal: organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) deben dejar de operar bajo la lógica de la sospecha generalizada y pasar a modelos de control más inteligentes, focalizados y con respaldo tecnológico.
El exceso de regulaciones y de regímenes de información, lejos de reducir la evasión, desalientan la inversión y empujan los ahorros fuera del sistema. Simplificar y profesionalizar la gestión pública no es un lujo: es una condición básica para que el dinero vuelva a circular en la economía formal.
Además, es clave reformular los sistemas tributario y financiero para que dejen de castigar el ahorro y la producción. Un Estado más austero, eficiente y previsible crearía un entorno en el que los propios argentinos se animen a repatriar sus fondos.
El ahorro privado existe, pero sólo va a volver si hay garantías de estabilidad, transparencia y respeto por la propiedad. La política debe asumir que el problema no es sólo económico, sino profundamente institucional. Y eso no se soluciona con medidas de corto plazo, sino con reformas de fondo.
*Economista de Idesa
