El último informe del Indec confirma lo que el mercado venía pronosticando. La inflación en abril de 2024 fue de un dígito, con un incremento mensual de los precios de 8,8%. La mediana de las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA había sido de 9%.
Por otra parte, a partir del pico de 25,5% de inflación en diciembre de 2023, durante todos los meses subsiguientes se observa un sendero decreciente.
La variación en los precios en lo que va de 2024 acumula un 65% y durante el último año la inflación totalizó 289%
¿Por qué se desacelera la inflación?
El Gobierno actual asumió con una situación de alta inflación junto con una maraña de regulaciones y precios atrasados. A lo cual respondió con una corrección de shock, buscando reacomodar rápidamente la mayoría de los precios relativos, como condición previa a la implementación de un plan de estabilización. De aquí se explica el aumento inicial en la inflación.
Posteriormente, la estrategia en los hechos empezó a recaer sobre dos anclas. Una cambiaria, como lo constituyen el cepo y una pauta de devaluación de 2% mensual sobre el dólar oficial, que pusieron cierto límite a la inflación. Y un ancla fiscal, es decir, el superávit en las cuentas públicas. Este segundo factor limita las necesidades de emisión del gobierno y, por lo tanto, su futuro impacto inflacionario.
Sin embargo, cabe preguntarse sobre la sostenibilidad de este sendero. En primer lugar, la estrategia del Gobierno llevó a una caída sostenida en la actividad económica en los primeros meses del año. Y en ese sentido, el cepo cambiario poco hace para ayudar a la recuperación, ya que limita severamente a un motor de crecimiento como lo es la inversión. Esto hace que el Gobierno se encuentre en el dilema entre sostener el cepo a costa de la actividad o salir del cepo con un posible impacto sobre la inflación.
Por otra parte, la estrategia utilizada para lograr el superávit fiscal también da indicios de ser insostenible. Del lado de los ingresos, en el primer trimestre de 2024 se observó un incremento interanual de impuestos altamente distorsivos, como el impuesto Pais y derechos a las exportaciones. Peor aún es que estos aumentos tampoco lograron revertir la tendencia decreciente de la recaudación (cayó un 11% en el último año), sobre todo por el impacto de la recesión en muchos tributos ligados a la actividad.
En relación con los gastos, se tiene un cocktail de licuación, recorte y postergación de pagos que hace que los números cierren. El primer punto se observa principalmente en las jubilaciones, las cuales representan en torno al 34% del gasto público primario y explican la mayor parte del “ahorro” fiscal. En lo referido a recortes, se destaca la caída en las transferencias a las provincias, la inversión en obra pública y el cierre de ministerios y otras estructuras burocráticas del Estado. Y, por último, casos como el conflicto con Cammesa, en el que los pagos directamente se han postergado.
Se necesitan reformas estructurales
La estrategia del Gobierno para controlar la inflación se hace insostenible porque no puede apelarse indefinidamente al cepo cambiario ni a conseguir superávit pisando jubilaciones o deteniendo la obra pública. Para bajar la inflación y salir del atraso, es necesario revertir décadas de malas políticas. Por eso, aquí toma relevancia la capacidad del Gobierno para llevar adelante transformaciones estructurales.
Por el lado del gasto, por ejemplo, no es lo mismo la suspensión de la obra pública que llevar a cabo medidas para aumentar la competencia y la transparencia en las licitaciones o mejorar la planificación. El primer enfoque lleva al deterioro de la infraestructura y limita el crecimiento.
Lo mismo sucede con otras áreas. La licuación de las jubilaciones solo reduce transitoriamente el gasto, dado que eventualmente genera juicios que revierten la situación fiscal. Lo óptimo sería modificar las reglas previsionales siguiendo un enfoque de equidad y sostenibilidad.
Por otra parte, reformas como la modernización de las instituciones laborales, el sistema de coparticipación o la racionalización del sistema tributario permitirían generar la competitividad que el país necesita para salir de la encrucijada que plantea el cepo cambiario entre mayor inflación o menor actividad.
