El índice de salarios de enero de 2024, publicado por Indec, muestra un incremento mensual del 16,4%, mientras que la inflación fue del 20,6%, lo que resulta en una pérdida real respecto a diciembre de 3,5%. Asimismo, en los últimos 12 meses los salarios acumularon una caída de 20,7% de su poder adquisitivo.
El sector más perjudicado fue el de los trabajadores no registrados: en enero de 2024 perdieron el 8% en términos reales de su salario respecto a diciembre de 2023 y 36,7% respecto a enero de 2023. Los asalariados registrados también vieron reducido su poder de compra, pero en menor medida, 3% respecto a diciembre y 17,7% en la comparación interanual.
La pérdida del poder adquisitivo presiona a los trabajadores hacia la pobreza
La caída en los ingresos reales genera que cada vez más personas se encuentren por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, aumentando los niveles de degradación social.
Como muestra de ello, al analizar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), se nota que se aproxima peligrosamente al costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina el umbral de pobreza. Por ejemplo, en enero de 2024 (última fecha para la cual se disponen datos), el Ripte alcanzó los $ 555.269, mientras que la CBT para una familia tipo de cuatro integrantes ascendió a $ 596.823. Esto implica que si sólo uno de los miembros de la familia estuviese empleado, dicha familia se encontraría bajo el umbral de pobreza.
En este contexto, incluso trabajadores que tradicionalmente se consideraban de clase media y que cuentan con empleo formal no logran satisfacer las necesidades básicas de un hogar tipo con su único ingreso.
Principales causas de la degradación de los salarios
Un factor clave en el estancamiento salarial es el contexto de alta inflación junto con las malas y viejas regulaciones laborales. Un punto central en este sentido son las negociaciones colectivas, que establecen incrementos salariales basándose en la inflación de meses previos y de manera escalonada, en lugar de realizar ajustes mensuales.
Por ende, incluso los trabajadores formales experimentan una erosión en su capacidad de compra, aunque en menor grado en comparación con los trabajadores informales, quienes carecen de acuerdos colectivos que los protejan contra los efectos de la inflación.
A esta dinámica se suma un entorno macroeconómico frágil y lleno de incertidumbre, junto con un desorden institucional que inhibe la inversión y la creación de empleo de calidad generando una caída en la productividad y los ingresos de los trabajadores.
El análisis de la estructura del mercado laboral refleja claramente la endeble situación del país en términos de generación de empleo de calidad. En el tercer trimestre de 2023, un 32% de la población en edad de trabajar se encuentra desempleada o inactiva, un 22% goza de empleo formal en el sector privado, un 12% trabaja en el sector público y el 34% restante se desempeña en la informalidad.
¿Qué medidas debe tomar el Estado para la recuperación del empleo y de los salarios?
Para recomponer el salario y generar empleo de calidad, creemos desde Idesa que es necesario llevar adelante una reforma integral del mercado laboral.
Entre las principales limitaciones que son necesarias reformular, se encuentran los altos costos laborales no salariales (cargas sociales), las escalas salariales y otras condiciones laborales impuestas por los convenios colectivos sectoriales, la incertidumbre que genera la indemnización por despido que se ve aumentada por una serie de multas que, en lugar de ir al Estado, se destinan al trabajador y a los honorarios de abogados.
Esto genera incertidumbre y un costo desproporcionado –al finalizar una relación laboral– que atenta contra la contratación formal de trabajadores y contra la proliferación de puestos laborales de calidad.
En este contexto, el denominado “pacto de mayo” propuesto por el gobierno de Javier Milei emerge como una oportunidad para tratar una reforma laboral moderna, que promueva el trabajo formal y se adapte a las nuevas formas que ha ido tomando el empleo.
Sin embargo, y para que lo anterior tenga impacto, también es esencial un ordenamiento integral del sector público. Abordar, con sostenibilidad a lo largo del tiempo, el desorden fiscal para mejorar el entorno de inversión, reducir la inflación y fortalecer el poder adquisitivo de los salarios.
Si mejora la gestión estatal, no sólo en términos de ingresos y de gastos, sino también de calidad de los servicios proporcionados, se abren oportunidades significativas para comenzar un camino hacia un crecimiento sostenido.
