Que el consumidor vea con claridad qué incidencia tienen los impuestos en el precio de los productos que compra. Ese es el objetivo central del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor aprobado en el Congreso en 2024, una iniciativa impulsada por la ONG Lógica y tomada por la gestión de Javier Milei.
La norma terminó de ser reglamentada a fin de año y desde enero comenzó a aplicarse en grandes empresas (cadenas de supermercados, por ejemplo): desde entonces, están obligadas en todo el país a emitir tickets de compra en los que se vea con claridad cuál es el componente de IVA e impuestos internos nacionales.
A partir del 1° de abril, el requisito se extenderá a todos los comercios.
¿Qué pasa con tributos provinciales como Ingresos Brutos (IIBB) y con los municipales? La norma nacional “invita” al resto de las jurisdicciones a adherir al régimen, un paso que motu proprio las provincias aún no emitieron señal de dar.
Por eso, Lógica, la organización que comenzó a empujar este cambio legal –similar al que rige en países como Brasil y otros– desde 2023, inició una campaña para presionar a estas administraciones a que se suman al régimen, considerado clave para lograr transparencia fiscal y empoderar al consumidor.
En ese marco, el 16 de enero envió cartas a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño para solicitarles definirse sobre si adherirán o no a la norma nacional. Cinco mandatarios confirmaron que lo harán, pero el gobernador cordobés, Martín Llaryora, no está aún entre ellos.
“En Córdoba no nos dijeron aún ni que sí, ni que no adherirán. Venimos siguiendo de cerca el tema, entendemos que las máximas autoridades del área económica provincial están al tanto de nuestro pedido y esperamos que la Provincia, al tener un funcionamiento institucional serio, confirme su adhesión en breve”, instó Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.
De manera extraoficial, trascendió que integrantes locales de la entidad acercaron la misiva al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.
“Cordoba está analizando adherir. No es un tema lineal. Queremos ver si esta adhesión o compromiso que realicen otras provincias no requiere de parte de los comercios una inversión y cambio tecnológico para amoldarse a esta iniciativa”, explicaron desde el Centro Cívico.
Pero aclararon: “Lo segundo, respecto a alguna sanción de parte de la Provincia a comercios que quieran avanzar con esta idea, no está previsto ningún tipo de sanción”.
Desde el gobierno provincial trascendió que la adhesión de Córdoba está en análisis. La mirada de El Panal está puesta en lo que hacen otras provincias, sobre todo para determinar si este compromiso requiere o no, de parte de los comercios, alguna inversión y cambio tecnológico para amoldarse a la iniciativa. Lo que, por ahora, dejan en claro es no habrá ningún tipo de sanción para los comercios que decidan discriminar impuestos.
Administraciones que sí
Las cinco administraciones que ya dieron respuesta afirmativa al pedido de la ONG de adhesión al régimen son Misiones, Entre Ríos, Chubut y Mendoza, además de la ciudad de Buenos Aires (Caba).
Vale aclarar que en ninguna de ellas rige aún el requisito de discriminar tributos provinciales en tickets. Pero lo que sí hicieron las gobernaciones fue confirmar por nota a Lógica que impulsarán los cambios normativos necesarios para aplicar el sistema (proyectos de ley).
Caba, por ejemplo, aclaró en la respuesta que resulta complejo determinar el impacto específico de IIBB en cada precio por tratarse de un tributo que se aplica en cascada, pero igualmente dejó sentado su compromiso de adherir al régimen.
Las cinco administraciones también confirmaron, ante la consulta de Lógica, que no sancionarán a comercios que por propia iniciativa empiecen a discriminar en sus comprobantes la incidencia de impuestos provinciales hasta tanto esté vigente el nuevo régimen.
“Esperamos con especial interés la respuesta de las gobernaciones de Córdoba, de Buenos Aires y de Santa Fe, por tratarse de las provincias más trascendentes en escala económica”, subrayó Olivero Vila.
La percepción que existe en la ONG es que las provincias vienen demorando pronunciarse sobre el régimen de transparencia. “En la campaña electoral, invitamos a los candidatos a firmar el compromiso de convertir el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor en ley. El primero que lo suscribió fue Juan Schiaretti; luego Javier Milei y Patricia Bullrich lo siguieron. El actual presidente cumplió el compromiso y hoy es una realidad. Imagino que las administraciones provinciales no están en contra de reconocer este derecho al consumidor, pero la rapidez con que los candidatos respondieron contrasta con la lentitud de los gobernadores para sumarse ahora”, razonó el presidente de Lógica.
A diferencia del Rigi, “deben” adherir
La organización insiste en que, a diferencia de lo que pasa con regímenes nacionales como el Rigi, en el que la adhesión es plenamente voluntaria, en este caso las provincias “están obligadas” a sumarse.
“Es porque la propia Constitución, que está por encima de la ley, lo señala. En su artículo 42, dispone que los consumidores tienen derecho ‘a una información adecuada y veraz’ y allí mismo establece que las autoridades deben proveer de ‘la educación para el consumo’”, apuntan desde la ONG.
Si bien no hay plazo para las adhesiones provinciales, para Lógica deberían tener lugar muy pronto, para que la información fluya uniformemente en todo el país. A la fecha se han presentado proyectos de ley de adhesión al régimen en cinco provincias (Caba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Río Negro), pero ninguna de ellas es del oficialismo provincial. “De allí la importancia de estas respuestas que esperamos”, apuntan.
Este reclamo, como así también la mayor transparencia que introduce el nuevo régimen nacional, se dan en un contexto en el que el debate en torno a los impuestos y a su peso en Argentina tiene fuerte centralidad. Amaga con enfrentar al Gobierno nacional y las provincias, y también a las organizaciones que representan al empresariado con las gestiones estatales.
En un capítulo distinto de este tema espinoso, vale destacar la potencia que ganó la discusión sobre el llamado “impuestazo” Inmobiliario provincial aquí en la provincia. En el arranque del año, se convirtió en motivo de fuerte discusión del oficialismo y de la oposición.
