Mientras el Gobierno nacional no muestra aún el proyecto de reforma laboral que impulsará con fuerza en los próximos meses, la expectativa sobre el posible cambio en las reglas laborales crece en el país. Se trata de un debate que la mayoría de los sectores considera necesario, pero en el que habrá posiciones en tensión y mucha discusión.
El oficialismo es quien debe mover primero al enviar su proyecto al Congreso. Hasta ahora, se sabe que pule un borrador en el marco del Consejo de Mayo pero con mayor sintonía con el sector empleador, el empresarial. Eso es lo que cuestiona el arco sindical, cuya posición fue endureciéndose y volviéndose más crítica y escéptica en las últimas semanas.
En Córdoba, en especial en el entramado pyme, los empresarios reclaman cambios de manera urgente. ¿Cuáles son las modificaciones que consideran prioritarias las pequeñas y medianas empresas?
Una síntesis de esos “puntos de dolor” es la que receptó la propuesta de reforma laboral “quirúrgica” impulsada desde el Centro de Estudios de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc). El proyecto, que propone cambios concretos en cuatro leyes clave asociadas al trabajo, viene ganando adhesiones y sumando representatividad local. Fue presentado con buena recepción, por ejemplo, en el preforo de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
También ante el Consejo Córdoba Pyme. “Llamamos a los metalúrgicos para que presenten su proyecto, y es muy bueno. Consideramos que puede ser beneficioso para las empresas y para el trabajador. Por eso les pedimos que cada una de las cámaras integrantes del Consejo pueda adherir”, explicó Jorge Chali, presidente de la Cámara del Calzado y del citado consejo. En dos años, ese espacio integrado por 40 cámaras sectoriales se está convirtiendo en un lugar de encuentro y una caja de resonancia para las pequeñas y medianas empresas.
Para Chali, en el universo pyme hay dos puntos centrales por revisar en materia normativa: el sistema de indemnizaciones y la magnitud del costo laboral.
“Como para las pymes muchas veces es demasiado costoso despedir, no lo hacen. Y en muchos casos el trabajador tampoco quiere seguir en la empresa, pero se queda a la espera de un resarcimiento mayor. Esa situación es muy dañina y no le sirve a ninguna de las partes. Ir a un sistema como el de la mochila o el fondo de cese laboral podría ser positivo”, opina Chali en relación con el régimen indemnizatorio. “También hay que achicar la brecha entre lo que el empresario paga como salario total y lo que el trabajador efectivamente recibe. Los costos laborales son demasiado elevados y las prestaciones que financian, como la jubilación, muy malas”, agrega.
Silvia Rosa, titular de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Lácteos (Apymel), coincide con Chali, a quien en breve sucederá como presidenta del consejo. La empresa agrega otras dos demandas compartidas entre las pymes: “Una es la gran indefensión ante juicios laborales que enfrentan. Son procesos largos y muy costosos que hay que tratar de hacer más eficientes y pertinentes. El segundo planteo es por empleados tercerizados que inician juicios laborales aunque no tienen relación de dependencia. Esa problemática podría solucionarse con mayor precisión al regular ese vínculo”. Rosa insiste en que es vital acordar cambios que sinteticen el interés de empresarios y de trabajadores, sobre lo cual agrega: “Hay que buscar un equilibrio donde el capital humano no pierda valoración y a las pymes se les reduzcan costos de manera importante”.
Cambios a cuatro leyes del trabajo
Las pymes son las principales dadoras de empleo y también el territorio donde se registran los mayores problemas laborales. Según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en las firmas de uno a cinco empleados (donde trabaja un tercio de los asalariados privados), la informalidad alcanza el 75%, mientras que en las grandes empresas –de más de 200 empleados– se reduce a alrededor del 11%. Las empresas de seis a 40 trabajadores (agrupan al 37% de los asalariados privados) se sitúan en un punto intermedio, con tasas de informalidad que rondan el 36%.
A la vez, el contexto económico abierto desde noviembre de 2023, caracterizado por una mayor estabilidad pero a la vez por desafíos como la apertura comercial y la fuerte baja del consumo, se revela especialmente duro para las pymes. Según datos de la consultora Vectorial, a partir de estadísticas del sistema de ART a junio último, la caída de empresas durante la gestión de Javier Milei ascendía a 16.322, una baja neta superior a la registrada en pandemia (15.398), pero aún muy inferior a la del gobierno de Mauricio Macri (23.632).
Ese es el contexto en el que se desarrolla el debate por la reforma laboral. Gastón Utrera, director del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, aclaró: “Lo que nosotros hicimos fue partir de las pymes escuchando sus principales puntos de dolor. Y para cada uno de ellos trazamos una propuesta ejecutable. Eso no implica que sea una ‘reformita’ que no cambie nada; todo lo contrario. Encontramos que con algunas modificaciones legales concretas se puede generar mucho impacto positivo en las empresas”, aseguró el economista a La Voz.
Según precisó, la propuesta hasta ahora propone cambios en cuatro leyes centrales: la de Contrato de Trabajo (ley 20.744); la de Riesgos del Trabajo (ley 24.557); la de Promoción del Empleo (ley 20.013), y la de Asociaciones Sindicales (ley 23.551). Las modificaciones se circunscriben a ciertos artículos, que resultan corregidos o derogados. Por ejemplo:
Ley de Contrato de Trabajo. “Tenemos que proteger al trabajador de cambios arbitrarios perjudiciales, pero también hay que establecer qué facultades tiene el empleador para innovar en procesos productivos”, señaló Utrera. Para eso, el proyecto modifica el artículo 66 y clarifica el margen que tiene el empleador de modificar turnos o tecnología, limitando el riesgo de demandas por despido indirecto. También ajusta el régimen de vacaciones interrumpidas por enfermedad, para que la licencia se reprograme después del alta médica. “Esto es necesario para no perturbar la planificación de licencias en empresas con estacionalidad”, explicó.
En materia de indemnizaciones por incapacidad, busca evitar que se inicien demandas de parte de trabajadores próximos a jubilarse o ya jubilados. Para eso, acota la chance de demandar hasta 12 meses antes del cumplimiento de los requisitos jubilatorios.
Procedimientos preventivos de crisis (PPC). “Creemos que es posible derogar artículos que regulan ese procedimiento en la ley 23.013 y lo hacen demasiado burocrático y engorroso. Decimos que la Ley de Contrato de Trabajo ya prevé que, cuando la empresa tiene una caída importante de demanda, puede hacer suspensiones y despidos. Se puede incorporar a eso que el sindicato proponga alternativas en un plazo perentorio”, sintetizó Utrera.
Sindicatos. “La reforma sindical debe quedar para otro momento; ahora es importante avanzar en la laboral. Por eso, sobre la ley 23.551, sólo proponemos reducir el número de delegados gremiales, ya que la proporción vigente viene de una época en la que las comunicaciones debían ser cara a cara. No existían herramientas como WhatsApp”, dice Utrera. “Hoy, para empresas de 10 a 50 trabajadores, se establece un delegado gremial por turno; y de dos a cuatro, para las de 50 a 100 empleados. De allí se adiciona uno cada 100. Lo que proponemos es que se regule sólo uno para empresas de 50 a 100 empleados, independientemente de la cantidad de turnos, y luego uno adicional cada 200 empleados”, agregó, insistiendo en que el objetivo es reducir costos empresariales.
Ley de ART. “Hoy el baremo (tabla sobre la que se fija el porcentaje de discapacidad) suele establecer rangos amplios para una misma lesión. Por ejemplo, entre 5% y 40% de incapacidad. Lo define el Consejo Consultivo Permanente, considerado un cuerpo ‘corporativo’ y no técnico”, puntualizó Utrera. El cambio propuesto es quitarle esa facultad al consejo y transferirla a un comité técnico integrado por médicos y por científicos. Y el reemplazo de los rangos por porcentajes más precisos, que reduzcan el margen de decisión. “Que la ley nacional sea más precisa ayudará a unificar criterios entre provincias”, analizó.
