Cuando en 2017 la Nación acordó con los gobernadores la firma del Consenso Fiscal, la intención era trazar un sendero gradual de modificación de la estructura de recaudación provincial para hacerla menos distorsiva para la producción y más equitativa para los contribuyentes.
En resumen, lo que se buscaba era reducir el peso de los distorsivos impuestos de Sellos e Ingresos Brutos (IIBB) y aumentar aquellos que gravan la propiedad (sobre todo el Inmobiliario), dentro de los recursos propios de cada jurisdicción.
A esto se llegó porque en los años anteriores, ante la impopularidad de aumentar el Inmobiliario a sus ciudadanos (votantes), los gobernadores optaron por atrasar las bases imponibles de las propiedades. Este tributo, que tenía un peso que rondaba el 20 al 25 por ciento en 2001, ahora aporta menos del 10 por ciento (en Córdoba, es el nueve por ciento).
Por el contrario, como Ingresos Brutos es un gravamen que está “disfrazado” en los costos de las empresas y en los precios que pagan los consumidores, su importancia en la recaudación fue aumentando y pasó de un 50 por ciento al salir de la convertibilidad hasta superar el 70 por ciento en la actualidad (varía según la jurisdicción).
Todas las jurisdicciones (incluida Córdoba) prefirieron subir alícuotas a la producción en lugar de actualizar la valuación inmobiliaria.
Cambio de rumbo
Con este escenario, lo que se acordó en 2017 fue una reducción gradual de las alícuotas máximas de Ingresos Brutos para mantener el tributo sólo en las últimas etapas de la cadena de producción/comercialización y eliminar Sellos a múltiples trámites y actividades. Además, se preveía (sin plazos) que habría un revalúo integral de los inmuebles de todo el país con parámetros estandarizados para evitar las enormes distorsiones que existen entre jurisdicciones.
En estos años, lo único que se cumplió fue el tramo inicial de la baja de tasas de IIBB, pero la crisis de 2018 frenó este sendero. Como es sabido, hace unos meses se firmó la suspensión del Consenso en lo referente a Ingresos Brutos y a Sellos y ahora surge la novedad de que el demorado revalúo inmobiliario está incluido entre los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Promover una armonización en la valuación de todo el país es una tarea compleja (los criterios y su evolución son dispares en cada lugar), pero vale la pena el esfuerzo. Todas las recomendaciones internacionales hablan de la necesidad de que los impuestos patrimoniales queden en manos de las provincias y que estos sean la base de su recaudación (en lugar de los tributos a la actividad económica).
Sin embargo, en Argentina un revalúo semejante para subir el valor fiscal de más de 500 mil inmuebles (según estimaciones preliminares) implica agregar una piedra más en la pesada mochila de impuestos que pagan individuos y empresas.
Y no sólo impactará en los tributos inmobiliarios provinciales (incluso, cada gobernador puede decidir morigerar este efecto reduciendo alícuotas) sino, de modo muy especial, en el Impuesto sobre Bienes Personales que recauda la Nación.
En 2017, cuando se firmó el Consenso Fiscal, además de tener el compromiso de rebalancear la estructura de recaudación de las provincias, la alícuota general de Bienes Personales era del 0,5 por ciento y se preveía una reducción al 0,25 al año siguiente.
Ahora, en 2022, la baja de Ingresos Brutos y de Sellos se suspendió y se quiere incrementar la valuación fiscal de los inmuebles cuando la alícuota de los bienes situados en el país del impuesto patrimonial de Afip subió a un rango de entre el 0,5 y el 1,75 por ciento.
Se trata, en definitiva, de otro aumento de impuestos en un país que ya tiene una de las presiones impositivas más altas del mundo y que grava el patrimonio en los tres niveles de gobierno.
