El caso de Brasil está fresco y es una referencia obligada para la dirigencia política argentina. Entre 2015 y 2016, el vecino país sufrió una fuerte recesión, acumuló una caída del producto interno bruto (PIB) del orden de siete por ciento y el rebote posterior, entre 2017 y 2019, fue con un mediocre uno por ciento anual.
A este ritmo, el PIB de Brasil lograría recuperar el nivel previo a la crisis recién en 2024, y eso que su riesgo país es ¡una octava parte del de la Argentina!
Aquí, la caída acumulada del PIB entre 2018 y 2019 superará el cuatro por ciento, con una recesión que está adquiriendo la forma de una W, tras la última devaluación y su impacto en la inflación, sumado al deterioro del precio de los activos financieros. Y nadie puede confiar en que, a partir de 2020, habrá un rebote “natural” del nivel de actividad.
Tras las Paso
Una de las contingencias que ha tomado relieve tras el resultado de las Paso ha sido la de un eventual incumplimiento futuro de los compromisos del Tesoro, aunque hay que tener en cuenta que los bonos de deuda argentina bajo la jurisdicción Nueva York están emitidos con cláusulas que permitirían que aproximadamente 25% de los tenedores de determinadas series puedan bloquear cualquier intento de reestructuración si las condiciones no los satisfacen.
Mientras más caiga el precio de esos títulos, mayor será la tentación de los denominados “fondos buitre” para hacerse de una posición dominante en términos legales, haciendo que cualquier tipo de renegociación de la deuda quede muy lejos de ser un mero trámite.
Si, por estos motivos, la calificación crediticia de la Argentina entrara en un “limbo”, el gobierno que asuma el 10 de diciembre carecerá de los instrumentos apropiados para comenzar a salir de la crisis.
Es cierto que en 2020 el grueso de los vencimientos, casi en una relación de 10 a uno, es de títulos emitidos bajo jurisdicción local, con reglas menos restrictivas para un eventual canje.
Pero existen múltiples vasos comunicantes entre los mercados, tanto por arbitrajes como por la conformación de expectativas, como para que pueda pensarse en opciones diferenciadas, según jurisdicción local o extranjera.
Con estas referencias, la dirigencia política argentina no debería permanecer indiferente (o, peor aún, especular) frente a un riesgo país que trepó por encima de los 1.800 puntos; ni pensar que boicotear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda servir para dejar más dólares el año que viene.
Sintonía fina
Del lado del Gobierno, la “sintonía fina” que se necesita para que ninguna variable escape de control obliga a una gestión que salga del “modo electoral”.
Para los vencimientos de deuda de cortísimo plazo, de aquí a fin de año, el Tesoro necesita contar entre sus activos el desembolso de 5,4 mil millones de dólares del FMI previsto para mediados de septiembre, sujeto al cumplimiento de metas fiscales del segundo trimestre y al manejo cambiario y monetario hasta el presente.
Pese a medidas que implicaron resignar recaudación, como las modificaciones en Ganancias y en el IVA de los alimentos, los guarismos en danza no significarán desvíos significativos en las metas fiscales del segundo semestre, por lo que el FMI no debería encontrar razones de peso para demorar la transferencia.
Sin embargo, la resistencia de los gobiernos provinciales a compartir los costos fiscales de las medidas que la administración nacional adoptó por decreto, sin previa consulta, ha abierto interrogantes en el plano institucional.
De cara a 2020, los fondos por obtener en el mercado nacional e internacional suman unos 20 mil millones de dólares, pero esto no computa una eventual ampliación del crédito del FMI.
Con una tasa de los bonos estadounidenses por debajo de dos por ciento anual, la Argentina podría volver a ser atractiva, si fuera capaz de diseñar un sólido programa fiscal y financiero. Y un gobierno que pretenda arrancar con el pie derecho el 10 de diciembre no debería ignorarlo.
Sin embargo, la tarjeta de presentación de la Argentina dista de ser intachable. Los antecedentes de la formación política que triunfó en las Paso incluyen la intervención al Indec, el "cepo" y un conflicto irresuelto con una fracción de acreedores (holdouts) que recién se cerró en 2016.
No estamos exentos de ciclos de “profecía autocumplida”, en los que, si los acreedores suponen que el país habrá de incumplir, el financiamiento no aparece.
La caída acumulada del PIB, que superará el cuatro por ciento desde 2017, es la contracara de un ajuste que recuperó el equilibrio de las cuentas externas.
El tipo de cambio actual se ubica, en términos reales, 25% por encima del vigente en dos momentos clave de la historia reciente: junio del año pasado, cuando la actual gestión debió recurrir al auxilio del FMI, y fin de 2011, cuando el anterior gobierno introdujo el cepo cambiario. ¡No se necesita más devaluación!
El “dólar recontraalto” es un disuasivo para que los pesos se vuelquen al mercado cambiario. Pero más importante es que esos pesos encuentren opciones atractivas.
Hay bonos emitidos por el Gobierno que se ajustan por inflación y que ofrecen altísimos rendimientos. Para que haya demanda, hacen falta más garantías vinculadas con el Indec del futuro. Además, hay títulos en dólares con precios tan bajos como los de un país en guerra, pero sólo una fracción es explicada por los fundamentos de la economía; un plus que es pura responsabilidad de la política.
Las señales más recientes parecen reconocer este hecho y es clave que esta tendencia se consolide. Más que discursos moderados, se necesitan compromisos firmes.
* Vicepresidente del Ieral de la Fundación Mediterránea
