Durante el primer mes del año 2023, los salarios continuaron perdiendo terreno frente a la inflación. En enero, el Índice de Salarios aumentó interanualmente 92,1 puntos, mientras que el índice de precios al consumidor del Indec registró un incremento de 98,8 puntos.
Estos números confirman la creciente sensación de pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, que viene ocurriendo desde hace varios años, pero que se ha intensificado desde mediados del 2022.
Un problema de productividad
Un factor crucial para determinar los salarios reales es la productividad de los trabajadores. Argentina atraviesa un proceso de retroceso salarial desde al menos 10 años, en los que han pasado gobiernos de todos los colores políticos sin poder torcer la evolución del poder adquisitivo.
Un hecho concreto, que tiene lugar desde 2012, es el estancamiento del PIB. La economía en su conjunto no ha logrado producir más que en el pasado. Como resultado, la productividad por trabajador ha disminuido y esto se refleja en la reducción de los salarios.
Crisis tras crisis
Pero a lo anterior se suma una serie de crisis que han tenido una fuerte influencia en el bolsillo de los trabajadores. Desde la crisis cambiaria que culminó con el desembarco del FMI en el país (2018), la devaluación tras las Paso presidenciales (2019), el confinamiento por la pandemia (2020 y 2021), hasta la escalada inflacionaria de 2022. Todos estos eventos han afectado a precios y a salarios.
En los últimos cinco años, los salarios han perdido un 23% de su poder adquisitivo, lo que equivale a casi un cuarto de su valor. Solamente en 2021, los salarios lograron superar a la inflación. Sin embargo, la situación se agrava aún más si se considera que el impacto en el poder adquisitivo ha sido desigual entre los diferentes grupos sociales. Mientras que los trabajadores formales han perdido un 18% de su poder de compra en los últimos cinco años, los trabajadores informales han perdido un 41%.
Estas cifras tienen consecuencias sociales, como se puede apreciar en el último dato de pobreza del segundo semestre de 2022: 39,2%. Este número pasó de ser el techo de la pandemia a convertirse en un nuevo piso, dadas las expectativas de un aumento en el actual semestre.
Las razones para preocuparse son muchas: la última información disponible indica que los salarios informales (ingresos típicos de las personas que viven en situación de pobreza) están aumentando en torno al 70%, y, aunque la inflación se sitúa en el 100%, los precios de las canastas básicas suben alrededor del 110% (sobre todo por su sesgo hacia los alimentos).
¿El Estado es la solución o la causa?
A nadie debe sorprender que, ante un estado de estanflación como el que nos encontramos, los salarios no crezcan. A la hora de encontrar las causas, diversos factores surgen como candidatos. Desde la emisión monetaria descontrolada, la falta de previsibilidad a la hora de invertir y hasta restricciones de precios. Sin embargo, en todos hay un denominador común: la excesiva y mala intervención del Estado.
La economía está empezando a dar señales de agotamiento cada vez más fuertes. La política económica de los últimos meses se resume en posponer reformas y lograr emparchar o esconder todos los problemas hasta llegar a las elecciones. Esto no resulta gratuito y empieza a pasar factura con una economía estancada y con alta inflación. En suma, un escenario poco propicio para que se recupere el empleo, pero especialmente dañino para los salarios.
A la hora de delinear propuestas, es una obviedad decir que cuanto más formados estén los trabajadores, mejor pagos van a estar. O que cuanto mayor sea la inversión privada, vamos a producir mejor. Pero son procesos que, aunque necesarios, demandan años para cosechar sus frutos.
Como primer paso, entonces, se podría empezar por reconocer que parte del instrumental que adopta el Gobierno para hacer frente a la inflación genera resultados muy escasos (o inexistentes) con relación a los altos costos que genera. Medidas como controles de precios, el propio cepo cambiario y la política de salir a retirar pesos con deuda del Banco Central terminan erosionando enormemente la capacidad del país para producir y crecer, a la vez que no resuelven el problema de la inflación.
Es necesario levantar las principales restricciones que obstruyen el crecimiento, para lo cual se necesita un Estado ordenado y políticas públicas racionales. Con una mejor gestión de los ingresos y los gastos del Estado, podría reducirse la inflación y permitir la recuperación sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores.
* Economista de Idesa
