La recesión empieza a pegar en el empleo y amenaza con desbaratar el ya maltrecho mercado laboral argentino, caracterizado por la falta de crecimiento del trabajo privado de calidad desde hace al menos una década y por el derrumbe salarial graficado en el “trabajador pobre”.
Este deterioro empieza a observarse en distintos indicadores, uno de ellos es el incremento en los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPCE) asentados en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, un mecanismo previsto por ley que permite a los empleadores aplicar suspensiones, reducciones de jornadas y de salarios, adelantar vacaciones, hacer bancos de horas y lanzar retiros voluntarios como un modo de evitar despidos y mayores conflictos durante una merma importante de la actividad económica.
Según los registros de Trabajo, ya son 43 los PPCE tramitados en la Secretaría desde el 1 de enero al 5 de abril. La mayor parte de ellos (33) corresponden a empresas radicadas en la ciudad de Córdoba y el resto en el interior.
Afectados hay 7.851 trabajadores: todos con suspensiones de jornada de diversa magnitud y reducciones salariales que llegan en muchos casos al 50% del sueldo bruto.
Del total de empleados alcanzados, 7.025 están en la ciudad de Córdoba y el resto en el interior. Los suspendidos equivalen al 43% de la nómina global de las empresas con PPCE, que en conjunto dan trabajo a 18.691 personas.
Se trata de una cantidad importante, aunque no dramática, explican desde Trabajo; donde han llegado a recibir 200 a 300 PPCE en crisis económicas más prolongadas y tuvieron que gestionar un pico de más de cinco mil acuerdos durante el parate de la pandemia.
De todas maneras, advierten que el número es para atender y va en crecimiento; por lo que es seguido como preludio a una crisis más aguda del empleo. “Se infiere una acentuada crisis económica por falta o disminución de trabajo con mayor impacto en la industria”, señala el informe de la Secretaría que enumera los PPCE.
Por otra parte, el hecho de que los PPCE afecten a la cuota del mercado laboral con mayor estabilidad sugiere lo que puede estar pasando aguas abajo, en los dos tercios del mundo privado donde se trabaja en condiciones mucho más inestables (trabajo sin registro y cuentapropismo).
Autopartistas, metalúrgicas y empresas de vigilancia
En algunos casos, la medida afecta al total del personal de la empresa firmante. En la mayoría, a una cuota del mismo. El listado incluye nombres conocidos en Córdoba, pero no se individualizan a pedido de las autoridades.
El universo más numeroso, efectivamente, son industrias, aunque hay algunas empresas comerciales. Hay una cuota fuerte de firmas que integran el ecosistema que rodea a la industria automotriz, también la metalmecánica en general y la producción de maquinaria agrícola.
Otra presencia que destaca es la de las compañías de vigilancia y seguridad. Tienen nutridos planteles de empleados y un porcentaje importante de ellos suspendidos; esto está muy asociado al hecho de que el servicio que prestan suele figurar entre los primeros recortes que aplica una empresa o institución –las universidades públicas, por ejemplo– cuando debe ajustarse fuerte el cinturón.
La nómina de PPCE trasluce que la caída de actividad pega fuerte en la producción de muebles y en compañías que integran la cadena de la construcción; otra actividad casi paralizada.
“La situación es bastante preocupante aquí y a nivel nacional. Evidentemente se están produciendo muchas suspensiones con o sin PPCE; además de despidos encubiertos en retiros voluntarios o incluso directos”, completó Rubén Urbano, secretario de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un sindicato que debió mediar en varios de los procedimientos abiertos.
Y agregó: “Un trabajador suspendido busca hacer una changa, un revoque, lo que sea. Hoy nadie quiere esa mano de obra porque no hay plata. Si ni siquiera los salarios completos alcanzan para todo el mes”.
El empleo formal, la punta del iceberg
Lo que apunta Urbano es clave: por fuera de los PPCE, un mecanismo usado por empresas formales y con cierto tamaño y gimnasia, es de suponer que también crece y en mayor magnitud el número de suspensiones y despidos que se escapan al registro de Trabajo. Acuerdos de parte registrados en escribanías, suspensiones y ceses decididos de forma unilateral por el empleador o eliminación de puestos completamente informales; procesos todos que en muchos casos terminan judicializados.
Tampoco pasan por Trabajo medidas de achique de planteles como la no renovación de contratos y aquellas contempladas en los convenios colectivos, cual sucede en la industria automotriz. Desde el inicio del año y con el desplome del 30% en la venta de cero kilómetro, las terminales comenzaron a tomar estas medidas en cadena.
Por caso, Renault anunció que no renovaría 270 contratos a trabajadores de su planta de Córdoba; donde tiene hace tiempo abiertos retiros voluntarios; mientras que Toyota Argentina avisó al Smata la apertura de un plan de retiros para reducir 400 puestos de trabajo en Zárate, Buenos Aires. Solo por citar dos ejemplos.
¿Vuelve el desempleo de dos dígitos?
Aunque por estos días gana ritmo la discusión de cambios en la legislación laboral con el fin de facilitar la creación de empleo, lo más determinante para conseguir generarlo pasa por la actividad económica: el rimo y magnitud con que avance o aminore la recesión será el principal factor que favorezca o impida volver a tener desocupación de dos dígitos (actualmente está en el 5,5% en Córdoba, aunque en un mercado precarizado).
Mecanismos como los PPCE funcionan como “antesala” al despido con la idea de sostener el plantel de empleados a la espera de mayor actividad. Ahora, ¿cuánto tiempo aguantan el bache las empresas?
En Trabajo, el ámbito donde sucesivas crisis han mostrado su capítulo laboral, estiman: “Las más grandes y con mayor estructura pueden tener entre seis meses y un año de espalda para aguantar; para cuidar a ese personal que será muy valioso apenas la actividad tire de nuevo. En las pymes intermedias puede ser un semestre. Las más chicas son mucho más débiles”, analiza una fuente con larga experiencia de trabajo y estudio en temas de empleo y relaciones laborales.
Si se considera que la mayor cuota del empleo es generado por pymes, el futuro aparece más que inquietante. Según datos del Ministerio de Economía, en Córdoba casi el 70% de los puestos laborales formales en relación de dependencia están en unidades productivas de hasta 199 empleados; y dos tercios de ese universo trabaja en empresas de no más de 49 trabajadores.
El panorama por resolver se completa con la foto actual del mercado laboral, altamente precarizado y dominado por el empleo informal o cuentapropista de baja calidad.
El avance de estas dos modalidades se asocia a la falta de crecimiento del empleo de mayor calidad: los registros de Economía y del Indec muestran una cantidad similar de puestos formales en empresas desde 2014, en torno a los 550 mil.
A la vez, el Gran Córdoba viene exhibiendo altos niveles de subocupación (14,9% en el cuarto trimestre de 2023, último indicador publicado por Indec) y de ocupados que buscan activamente trabajar más; presumiblemente disconformes con su situación de ingresos (28,1%, la tasa más alta del país luego de la jujeña).
Desocupados por la motosierra
Otra variable que alimenta a la suba el desempleo es el promocionado recorte sobre el platel del Estado nacional, graficado por Javier Milei como el paso de la “motosierra”. En ese punto, Córdoba se anticipa como menos expuesta que otra provincias.
Registros de Economía y del Indec ubican a la provincia como el segundo distrito con menor peso del empleo público en todo el país, luego de la ciudad de Buenos Aires. Aquí, esos puestos –sumando todas las jurisdicciones estatales– equivalen al 30,6% del total de trabajadores registrados; muy abajo de la media nacional de 37,5% y menos de la mitad de las provincias con mayor empleo público, La Rioja y Formosa, donde el 67% del trabajo en registro es público.
